Alberto Aziz Nassif
En México abundan los casos en donde los procedimientos judiciales y el debido proceso han estado ausentes. En el viejo régimen priísta, que sigue vivo y amenaza con regresar de tiempo completo, se acostumbraba construir expedientes para encarcelar a adversarios. Un caso emblemático de este ajuste de cuentas con careta judicial fue el del líder sindical Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”. Hace unos meses vimos en el documental “Presunto culpable” las fallas de un sistema penal que culpabiliza inocentes.
Después de la alternancia del año 2000 se empezó a formar una nueva versión: la mediocracia judicial, donde lo importante es la producción de los sucesos, no la realidad misma. La mecánica es que los medios juzgan, condenan y después lo que hagan los tribunales es secundario o queda supeditado a las pantallas. Eso es lo que pasó con el caso de Florence Cassez.
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, Amparo Directo en Revisión (517/2011) del caso Cassez, ha generado gran revuelo porque pone en cuestión muchas trampas que circulan de forma legítima en el Poder Judicial. La diferencia con otros casos —donde el debido proceso ha estado ausente— es que ahora la Suprema Corte ha develado la construcción mediática del caso y ha puesto en evidencia las violaciones de procedimiento que afectaron los derechos de la acusada e impidieron impartir justicia.
En diciembre de 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que era dirigida por Genaro García Luna, hizo un montaje televisivo para tener reflectores y reconocimiento. El proyecto del ministro Zaldívar, que inicia su argumento con la transcripción que hicieron los noticieros, dice: “Esta Primera Sala no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo” (p. 133). Eso se llama mediocracia.
Con el montaje empiezan las complicaciones: la violación de derechos, como la falta de asistencia consular para extranjeros, deja a las personas en la indefensión. A ello se suma que la acusada fuera “expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la AFI, con el objeto de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”. Con la mediatización se violaron los derechos de presunción de inocencia y de una defensa legal. Además, se vició la evidencia y se tuvo un “efecto corruptor” en todo el proceso penal. El resultado fue un caso alterado donde no es posible saber si la persona es culpable o inocente.
El expediente Cassez se ha vuelto emblemático porque cuestiona muchos de los usos y abusos del poder y de los errores del gobierno en el combate al crimen organizado. Pone en duda el desempeño de autoridades como el mismo García Luna, un funcionario protegido por su jefe, como quizá ningún otro en el gabinete.
También se cuestiona el desempeño de las diversas instancias del Poder Judicial que juzgaron el caso y no valoraron las violaciones al proceso, desde el juez quinto de Distrito en Procesos Penales, pasando por el Primer Tribunal Unitario, hasta el Tribunal Colegiado.
Después de que la Corte ha dado a conocer el proyecto del ministro Zaldívar se empezó a generar un debate que divide a la opinión pública y que pone en cuestión desde la transparencia hasta las mismas conclusiones del proyecto. La PGR hizo una crítica porque según esa institución la Corte no debería haber dado a conocer el proyecto, con lo cual el gobierno federal cuestiona la política de transparencia que ejemplarmente ha puesto en práctica la Corte. Por otro lado, se ha producido una opinión contra el proyecto porque supuestamente no toma en cuenta a las “víctimas”. Bajo este supuesto falso han tratado de hacer alianza la actual candidata panista al DF, Isabel Miranda, con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
Este caso que se inicia a fines del 2005 llega a la Corte en marzo del 2011 y la próxima semana será discutido. El 21 de marzo el proyecto de Zaldívar será tratado en la Primera Sala de la Corte y se necesitan al menos de tres votos de los cinco posibles para que sea aprobado. El proyecto Zaldívar deja una fuerte llamada de atención al sistema judicial y un alto a la mediatización de la justicia. Veremos…
Después de la alternancia del año 2000 se empezó a formar una nueva versión: la mediocracia judicial, donde lo importante es la producción de los sucesos, no la realidad misma. La mecánica es que los medios juzgan, condenan y después lo que hagan los tribunales es secundario o queda supeditado a las pantallas. Eso es lo que pasó con el caso de Florence Cassez.
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, Amparo Directo en Revisión (517/2011) del caso Cassez, ha generado gran revuelo porque pone en cuestión muchas trampas que circulan de forma legítima en el Poder Judicial. La diferencia con otros casos —donde el debido proceso ha estado ausente— es que ahora la Suprema Corte ha develado la construcción mediática del caso y ha puesto en evidencia las violaciones de procedimiento que afectaron los derechos de la acusada e impidieron impartir justicia.
En diciembre de 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que era dirigida por Genaro García Luna, hizo un montaje televisivo para tener reflectores y reconocimiento. El proyecto del ministro Zaldívar, que inicia su argumento con la transcripción que hicieron los noticieros, dice: “Esta Primera Sala no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo” (p. 133). Eso se llama mediocracia.
Con el montaje empiezan las complicaciones: la violación de derechos, como la falta de asistencia consular para extranjeros, deja a las personas en la indefensión. A ello se suma que la acusada fuera “expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la AFI, con el objeto de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”. Con la mediatización se violaron los derechos de presunción de inocencia y de una defensa legal. Además, se vició la evidencia y se tuvo un “efecto corruptor” en todo el proceso penal. El resultado fue un caso alterado donde no es posible saber si la persona es culpable o inocente.
El expediente Cassez se ha vuelto emblemático porque cuestiona muchos de los usos y abusos del poder y de los errores del gobierno en el combate al crimen organizado. Pone en duda el desempeño de autoridades como el mismo García Luna, un funcionario protegido por su jefe, como quizá ningún otro en el gabinete.
También se cuestiona el desempeño de las diversas instancias del Poder Judicial que juzgaron el caso y no valoraron las violaciones al proceso, desde el juez quinto de Distrito en Procesos Penales, pasando por el Primer Tribunal Unitario, hasta el Tribunal Colegiado.
Después de que la Corte ha dado a conocer el proyecto del ministro Zaldívar se empezó a generar un debate que divide a la opinión pública y que pone en cuestión desde la transparencia hasta las mismas conclusiones del proyecto. La PGR hizo una crítica porque según esa institución la Corte no debería haber dado a conocer el proyecto, con lo cual el gobierno federal cuestiona la política de transparencia que ejemplarmente ha puesto en práctica la Corte. Por otro lado, se ha producido una opinión contra el proyecto porque supuestamente no toma en cuenta a las “víctimas”. Bajo este supuesto falso han tratado de hacer alianza la actual candidata panista al DF, Isabel Miranda, con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
Este caso que se inicia a fines del 2005 llega a la Corte en marzo del 2011 y la próxima semana será discutido. El 21 de marzo el proyecto de Zaldívar será tratado en la Primera Sala de la Corte y se necesitan al menos de tres votos de los cinco posibles para que sea aprobado. El proyecto Zaldívar deja una fuerte llamada de atención al sistema judicial y un alto a la mediatización de la justicia. Veremos…
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