Con miras a la superación de las desapariciones forzadas enfrentadas por México, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas publicó esta semana un informe con recomendaciones que el Estado debe cumplir. La intención es que se garantice la reparación y el derecho a la verdad, se reconozca la dimensión del problema y se creen medidas preventivas y de seguridad.
El informe analiza el estado de la desaparición forzada, el marco legal e institucional y la situación de derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Además, examina la realidad de grupos especialmente vulnerables como migrantes, mujeres, defensores y defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
Los especialistas independientes, responsables de la elaboración del informe, alertan que las desapariciones forzadas o involuntarias no son un problema que quedó en el pasado. Reconocen los esfuerzos del Gobierno en materia de Derechos Humanos, pero señalan que en México "la impunidad es un patrón crónico demostrado por la ausencia de investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.
En virtud de ello, revelan la falta de confianza de las víctimas en el sistema de justicia, en los Ministerios Públicos, en la policía y fuerzas armadas. Además de estar conscientes de la impunidad que reina en varios casos, la falta de confianza de la población mexicana también deviene de la falta de esfuerzos para determinar el paradero de las víctimas, castigar a los responsables y garantizar la reparación adecuada.
Para hacer frente al problema, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias formuló 33 recomendaciones apuntando a la prevención, investigación, castigo, reparación a las víctimas y protección a grupos más vulnerables. La primera recomendación es reconocer la dimensión del problema en el país y a partir de allí comenzar a diseñar medidas integrales y efectivas para su erradicación.
En relación con el marco legislativo, una recomendación es que el Estado realice las adecuaciones legislativas a nivel federal y local para garantizar la implementación efectiva del nuevo marco constitucional sobre derechos humanos, amparo y sistema penal. Indican también que se debe garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que, en breve, se apruebe una ley general sobre desapariciones forzadas o involuntarias.
Dando atención a la necesidad de que se implementen medidas preventivas y de seguridad, el Grupo de Trabajo recomienda, a corto plazo, el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y que se adopten normas y protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y corporaciones policías.
En lo relacionado con el derecho a la justicia y a la protección judicial, sugieren la capacitación del personal judicial y de los encargados de hacer cumplir la ley, la adopción de protocolos de investigación y la protección de testigos y familiares.
Otra medida sería garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los casos de desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, incluso cuando sean realizadas por militares.
Para garantizar el derecho a la verdad, una recomendación es establecer un programa nacional de búsqueda de personas, además de crearse y mantener actualizada una base de datos con información personal disponible sobre víctimas de desapariciones forzadas a nivel nacional, incluyendo informaciones como DNA y muestra de tejidos.
El derecho a la reparación puede concretarse con reparaciones proporcionales a la gravedad de la violación y el sufrimiento de la víctima y su familia. Además de la restitución, la idea es ofrecer asistencia médica y psicosocial y garantías de no repetición.
Para dar atención a grupos en situaciones más vulnerables, una de las sugerencias es implantar con urgencia todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para combatir el secuestro de migrantes. Además, se recomienda incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y políticas de combate de la violencia. También se sugiere la creación de un mecanismo especial para proteger a periodistas y garantías de condiciones de seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas realizó el informe basado en conversaciones, reuniones y recolección de datos realizados entre el 18 y el 31 de marzo de 2011, cuando visitaron varias ciudades del país y conversaron con autoridades, organismos públicos de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, familiares de desaparecidos, víctimas y demás actores sociales de México.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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