· Miente Felipe Calderón en materia de empleo; oculta que las condiciones de precariedad de los nuevos empleos
· Los derechos de millones de trabajadoras y trabajadores, lo último que le importa al PRI y al PAN
· Indispensable que el movimiento sindical independiente refrende su rechazo a la reforma regresiva que quieren imponernos
México, D.F., 15 de marzo de 2012
En un juego de propaganda y chantaje Felipe Calderón urgió ayer a los diputados federales a aprobar la reforma laboral, y hoy los legisladores priistas le respondieron que si destraba la Ley de Seguridad Nacional “al día siguiente nosotros aprobamos la ley laboral”. Esto no es otra cosa que una vergonzosa demostración de que a la clase política mexicana lo único que le importa son sus intereses —destacadamente ahora los electorales—, y no los derechos de millones que se verían arrastrados a una mayor miseria con esa reforma laboral.
En su intento por favorecer electoralmente al Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón infla las cifras de empleo en México y, envalentonado, exige la aprobación de la reforma laboral. Afirma que en su administración se han creado un millón 800 mil plazas, cifra muy por debajo del millón 200 mil que se necesitan generar cada año, esto sin sumar el rezago acumulado en esta materia. Lo que no dice Calderón es que la mayoría de los empleos que se han generado son trabajos precarios: con salarios bajísimos, sin seguridad social ni prestaciones y en total indefensión ante la voluntad de los patrones.
La respuesta del vicecoordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Ramón Martell, responde como si la actividad legislativa fuera un juego de chantajes en el que los derechos humanos laborales de las y los trabajadores mexicanos son utilizados como moneda de cambio.
En este contexto es importante destacar por qué es necesario refrendar el rechazo absoluto a la reforma laboral presentada por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y que, por su condición proempresarial, es avalada por el PAN y el gobierno federal. Con esta reformase pretende echar abajo —de un plumazo, y en aras de una productividad que sólo beneficia a la patronal—, el último resquicio de defensa legal de las y los trabajadores. Es aberrante que esta iniciativa cuente con la anuencia y la traición de mafias como las dirigencias de la Central de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quienes, supuestamente, deberían defender a las y los trabajadores.
De la iniciativa priista destacan enmiendas a la Ley Federal del Trabajo que dan manga ancha a la flexibilización y precarización total de la mano de obra: contratación por capacitación y a prueba, lo que facilita a los patrones la contratación y el cese de personal a su arbitrio, evitándoles el pago de las indemnizaciones mínimas que marca la ley.
De este modo se promueve la inestabilidad en el empleo y se niega el derecho a la seguridad y prestaciones sociales; también se propicia la impunidad en casos de despido injustificado al limitar el pago de salario caídos a un año, cuando sabemos que esos juicios, aun cuando sean ganados por la o el trabajador, pueden prolongarse más allá de cinco años.
Con el pretexto de definir y normar el outsourcing, lo que en realidad hace la propuesta priista es explicitar en la ley —legalizar—, la tolerancia a esta práctica perversa de la subcontratación que, de facto, arrebata a las y los empleados sus prerrogativas a un salario justo, beneficios sociales y al derecho de organización.
En realidad, en este apartado, el documento no es más que una simulación que diluye las responsabilidades de la empresa beneficiara de la subcontratación, lo que significa la burla de los derechos de las y los trabajadores, puesto que no se establecen de manera clara y concreta las garantías básicas para evitar el abuso y la indefensión contra éstos.
En su conjunto, la iniciativa presentada por el priismo es atentatoria contra el sindicalismo y la contratación colectiva auténticas al dar pie a la negociación de condiciones de trabajo de manera individual.
Al hacer caso omiso a la democratización, transparencia y rendición de cuentas en el ámbito gremial y al no plantear la eliminación de la toma de nota garantiza para el PRI y el gobierno el control corporativo de los sindicatos.
De aprobarse esta iniciativa de reforma laboral la sociedad mexicana en su conjunto, quienes viven de su trabajo asalariado, tendría que enfrentar un escenario peor al que de por sí han tenido que soportar en décadas, con mayor precarización y sin perspectiva de un trabajo digno.
Es necesario dejar muy en claro que la iniciativa presentada por los priistas el pasado 10 de marzo es una reforma que bajo la mentira de promover el empleo lo que hace, en realidad, es repartir el poco empleo que hay entre trabajadores que estarán todavía más precarizados.
Es cierto que desde hace mucho tiempo se ha precarizado el empleo y se han avasallado los derechos laborales con la complicidad de patrones y autoridades laborales, pero de aprobarse esta norma la violación del concepto de trabajo decente sería ya avalada jurídicamente, en contraposición de lo que la reforma quiere hacernos creer en su exposición de motivos.
De consumarse esta reforma se estaría asestando el golpe más demoledor contra el futuro de millones de jóvenes mexicanos. Si en los hechos las y los jóvenes son ya las principales víctimas de abusos salariales y laborales de todo tipo, con la aprobación de esta iniciativa se anularía para ellos cualquier perspectiva de encontrar un trabajo digno.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario