Por: Redacción / Sinembargo -
El fedatario en cuestión, según el contrato de apertura del préstamo, es Guillermo Oliver Bucio, notario público número 46 del Distrito Federal, ante quien se celebró dicho contrato, el 30 de septiembre de 2011, indica el diario coahuilense.
El diario señala que también solamente por ese contrato, el Estado desembolsó casi 22 millones de pesos más por gastos como asesorías legales, financieras y honorarios diversos, para dar un total de más de 870 millones de pesos por estos conceptos, dice Vanguardia.
Dicho acto legal es uno de varios que el Gobierno del Estado sostuvo con Interacciones, uno de los 10 bancos que prestaron a Coahuila 33 mil 867 millones de pesos para refinanciar pasivos.
Asegura Vanguardia, que Interacciones fue la institución que más prestó a la entidad, en dos montos: en deuda a corto plazo por 8 mil 525 millones de pesos, y en deuda pagadera a largo plazo por 8 mil 706 millones de pesos; es decir, prestó más de 17 mil millones de pesos.
Los otros bancos acreedores fueron Banorte, Bancomer, Mifiel, Banco del Bajío, Banamex, Santander, Banobras, Bansi y Multiva.
Además de los pagos al citado fedatario, el Gobierno de Coahuila pagó por las referidas asesorías legales y financieras a los despachos Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Asociados; Gaxiola, Calvo, Sobrino y Asociados, S.C y a Financiera Cuasar.
Los honorarios fueron por el contrato de apertura de crédito entre el Estado e Interacciones, por 931 millones 717 mil 495 pesos con 35 centavos.
Según el contrato, por la institución acreditante intervinieron José González Huerta y Roberto Fernández Valderrama, mientras que por el Estado fueron Jesús Ochoa Galindo e Ismael Ramos Flores, en ese momento Tesorero General y Secretario Ejecutivo del SATEC, respectivamente.
“El Estado deberá pagar al acreditante cualesquier gastos, honorarios, impuestos, que en su caso cause el Estado, aranceles, y cualesquiera otras cantidades derivadas de o en relación con la celebración, registro, cobro, ejecución, y, en su caso, cancelación del crédito”, señala el punto 6.5 de la cláusula 6 del referido contrato.
El contrato de crédito deja al descubierto también un pasivo de 667 millones de pesos del Gobierno estatal con el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio de Estado.
El documento obliga a liquidar dicho adeudo con el instituto en 72 pagos iguales a partir de enero de 2012 y reportar el monto del pasivo dentro del concepto de “Deuda Total” del Informe Financiero Bimestral.
Otra parte, se obliga al Estado a que el 30 por ciento de eventuales ingresos adicionales y/o el 30 por ciento de los recursos obtenidos por el Estado de operaciones de venta y/o bursatilización de activos, deberán ser aplicados a prepagar el saldo insoluto del crédito.
APARECE MÁS DEUDA, AHORA POR 2 MIL MILLONES DE PESOS
Aunado a los más de 34 mil millones de pesos de deuda bancaria en Coahuila, el Estado tiene un pasivo de más de 2 mil millones de pesos a proveedores, principalmente constructoras, reconoció el tesorero Jesús Ochoa Galindo.
El funcionario aseguró que los 2 mil millones de pesos están distribuidos en los diferentes municipios de la entidad y detalló que es proporcional a cada región.
Afirmó que la mayoría de los adeudos a constructoras son por obras que no han concluido.
Sin embargo, Ernesto Llamas Sotomayor, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, aseguró que, al menos en La Laguna, muchas constructoras “no están muy bien por este adeudo”.
Dijo que, en la Comarca, se deben más de 110 millones de pesos a constructores por obras del ISN.
“Es un adeudo que hemos avanzado, debíamos 180 millones y ya bajamos a 110”, comentó Ochoa Galindo, “la idea es presentar los adeudos reales para que no se revolviera ese recurso con los de este 2012”.
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