Lydia Cacho
Imagínese quitarles privilegios a las y los diputados y senadores, darles más responsabilidades directas con transparencia y consecuencias en caso de que no las cumplan. Circula por el país una petición muy concreta para cambiar las reglas del juego político. Las postulaciones parecen simples y no hay sino preguntarnos si tanta gente está de acuerdo con ellas, ¿será posible que se logren? Usted dirá. Van las propuestas originales y mis acotaciones entre paréntesis.
1. Las y los diputados y senadores serán asalariados solamente durante su mandato, y no tendrá jubilación. (Eso significa que por trabajar seis años en el Congreso no ameritan recibir una jubilación como la que se les otorga. Resulta ser un privilegio injustificado e inequitativo con el resto de la sociedad).
2. La y el diputado contribuirá a la Seguridad Social, como todo el mundo. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. Participarán de los beneficios dentro del régimen de la Seguridad Social exactamente como las y los demás trabajadores. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. (No necesita más explicación).
3. Las y los legisladores deben pagar su plan y cuotas de jubilación, como el resto de la población.
4. La o el diputado no podrá votar su propio aumento de salario. (Por absurdo que parezca, son ellas y ellos quienes se autorregulan y autorregalan los recursos que entregamos por la vía de impuestos).
5. Se les retirará su actual seguro médico privado y participará del mismo sistema de salud que las y los demás ciudadanos mexicanos. (Es sólo lógico; cualquier persona trabajadora debe asumir sus gastos médicos si no quiere someterse a los tratos de las clínicas públicas del Estado. El salario que reciben claramente les permite pagarse un seguro privado).
6. Ellas y ellos deben igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de la sociedad mexicana, por lo que cesará su fuero tal como existe. Podrán mantener la inviolabilidad pero no la inmunidad. (El Art. 61 dice que solamente el Congreso de la Unión podrá pedir juicio político y retirar la inmunidad parlamentaria, lo que nunca sucede porque los partidos protegen a todos sus miembros sin distingo. La Ley Orgánica del Congreso de la Unión dice que las y los diputados y senadores no pueden ser juzgados penalmente por sus opiniones emitidas en ese recinto; eso es la inviolabilidad. En la mayoría de los sistemas constitucionales el fuero o inmunidad no aplica cuando se les descubre un delito penal grave en flagrancia. El debate sobre sus alcances es urgente y resulta absurdo que lo decidan ellas o ellos mismos).
7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Las y los diputados y senadores deben cumplir sus mandatos (no más de dos legislaturas) y después irse a casa y buscar empleo como cualquier persona.
8. Los ex gobernadores y ex alcaldes no podrán buscar una senaduría o diputación federal sino hasta seis años después de haber dejado su puesto y de haber demostrado que no incurrieron en delito alguno contra la sociedad. (La mayoría, lo que busca es fuero y más poder para seguir cogobernando sus estados).
Busqué el verdadero origen del documento que ha circulado por miles de correos electrónicos a manera de “cadena”; encontré pliegos petitorios similares producidos a lo largo de la última década en Brasil, España, Chile y México. Este que aparece aquí no está firmado por nadie y eso lo hace más interesante aun. Es el resultado de ideas colectivas, son las preguntas que nos hacemos casi a diario al ver la impunidad con que actúan la mayoría de personas que pertenece al Poder Legislativo. Seguramente urgen y habrá otros documentos para diferentes servidores públicos; sin embargo este es un caso muy concreto sobre quienes ocupan los escaños en el Senado y la Cámara de Diputados.
He releído esta breve lista toda la semana, no puedo dejar de pensar cómo cambiaría México si lográsemos convertir a las y los congresistas en representantes de los intereses auténticos de la sociedad. Haber presenciado las nauseabundas rebatingas por estos escaños en todo el país durante los últimos meses me dejó con la sensación de que a muchos les urge el fuero, vivir del erario, seguir en el poder a costa de lo que sea y de quien sea. Y este lunes comienzo la semana preguntándome cómo podríamos lograr que al menos esta breve, pero sustanciosa lista se hiciera realidad.
La respuesta, estoy segura, será colectiva. Tal vez la clave esté en nuestras manos durante las próximas elecciones.
Imagínese quitarles privilegios a las y los diputados y senadores, darles más responsabilidades directas con transparencia y consecuencias en caso de que no las cumplan. Circula por el país una petición muy concreta para cambiar las reglas del juego político. Las postulaciones parecen simples y no hay sino preguntarnos si tanta gente está de acuerdo con ellas, ¿será posible que se logren? Usted dirá. Van las propuestas originales y mis acotaciones entre paréntesis.
1. Las y los diputados y senadores serán asalariados solamente durante su mandato, y no tendrá jubilación. (Eso significa que por trabajar seis años en el Congreso no ameritan recibir una jubilación como la que se les otorga. Resulta ser un privilegio injustificado e inequitativo con el resto de la sociedad).
2. La y el diputado contribuirá a la Seguridad Social, como todo el mundo. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. Participarán de los beneficios dentro del régimen de la Seguridad Social exactamente como las y los demás trabajadores. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. (No necesita más explicación).
3. Las y los legisladores deben pagar su plan y cuotas de jubilación, como el resto de la población.
4. La o el diputado no podrá votar su propio aumento de salario. (Por absurdo que parezca, son ellas y ellos quienes se autorregulan y autorregalan los recursos que entregamos por la vía de impuestos).
5. Se les retirará su actual seguro médico privado y participará del mismo sistema de salud que las y los demás ciudadanos mexicanos. (Es sólo lógico; cualquier persona trabajadora debe asumir sus gastos médicos si no quiere someterse a los tratos de las clínicas públicas del Estado. El salario que reciben claramente les permite pagarse un seguro privado).
6. Ellas y ellos deben igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de la sociedad mexicana, por lo que cesará su fuero tal como existe. Podrán mantener la inviolabilidad pero no la inmunidad. (El Art. 61 dice que solamente el Congreso de la Unión podrá pedir juicio político y retirar la inmunidad parlamentaria, lo que nunca sucede porque los partidos protegen a todos sus miembros sin distingo. La Ley Orgánica del Congreso de la Unión dice que las y los diputados y senadores no pueden ser juzgados penalmente por sus opiniones emitidas en ese recinto; eso es la inviolabilidad. En la mayoría de los sistemas constitucionales el fuero o inmunidad no aplica cuando se les descubre un delito penal grave en flagrancia. El debate sobre sus alcances es urgente y resulta absurdo que lo decidan ellas o ellos mismos).
7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Las y los diputados y senadores deben cumplir sus mandatos (no más de dos legislaturas) y después irse a casa y buscar empleo como cualquier persona.
8. Los ex gobernadores y ex alcaldes no podrán buscar una senaduría o diputación federal sino hasta seis años después de haber dejado su puesto y de haber demostrado que no incurrieron en delito alguno contra la sociedad. (La mayoría, lo que busca es fuero y más poder para seguir cogobernando sus estados).
Busqué el verdadero origen del documento que ha circulado por miles de correos electrónicos a manera de “cadena”; encontré pliegos petitorios similares producidos a lo largo de la última década en Brasil, España, Chile y México. Este que aparece aquí no está firmado por nadie y eso lo hace más interesante aun. Es el resultado de ideas colectivas, son las preguntas que nos hacemos casi a diario al ver la impunidad con que actúan la mayoría de personas que pertenece al Poder Legislativo. Seguramente urgen y habrá otros documentos para diferentes servidores públicos; sin embargo este es un caso muy concreto sobre quienes ocupan los escaños en el Senado y la Cámara de Diputados.
He releído esta breve lista toda la semana, no puedo dejar de pensar cómo cambiaría México si lográsemos convertir a las y los congresistas en representantes de los intereses auténticos de la sociedad. Haber presenciado las nauseabundas rebatingas por estos escaños en todo el país durante los últimos meses me dejó con la sensación de que a muchos les urge el fuero, vivir del erario, seguir en el poder a costa de lo que sea y de quien sea. Y este lunes comienzo la semana preguntándome cómo podríamos lograr que al menos esta breve, pero sustanciosa lista se hiciera realidad.
La respuesta, estoy segura, será colectiva. Tal vez la clave esté en nuestras manos durante las próximas elecciones.
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