El
asesinato en febrero de 2013 de la periodista Hanaly Huaycho por su
esposo, el teniente de la policía Jorge Clavijo, aceleró el trabajo en
el Poder Legislativo para poner a punto una ley que liquidara, de una
vez por todas, los asesinatos de mujeres en Bolivia.
Unas semanas después, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 348
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la cual, en
uno de sus artículos aclara que “el Estado Plurinacional asume como
prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser
una de las formas más extremas de dominación en razón de género”.
Al mismo tiempo agrega que “los órganos del Estado y todas las
instituciones públicas adoptarán las medidas y políticas necesarias,
asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter
obligatorio”.
La norma es clara y, si se analiza con detenimiento, cada uno de sus
artículos va encaminado a poner un alto a la violencia doméstica, un
mal enquistado en la sociedad boliviana desde tiempos inmemoriales,
cuando las mujeres eran sólo un objeto más, propiedad del hombre de la
casa.
Por unos meses reinó el silencio y aunque se registraron miles de
denuncias por violencia doméstica, parecía que los casos de feminicidio
habían pasado a un segundo plano, pero llegó agosto de 2014 y los
indicadores aportados por las autoridades dejaron sobre el tapete la
verdadera realidad.
En los primeros seis meses del año se registraron 59 asesinatos y
saltaron las alarmas y las demandas de sanciones más severas, incluso
los llamados a instaurar la pena de muerte para los culpables.
Un reporte policial aclara que “en la mayoría de los casos hubo
violencia contra las víctimas ejercida por sus parejas o ex parejas”, y
recuerda que 98 mujeres murieron en seis meses, aunque sólo 59 casos se
consideraron feminicidio.
SE DISPARA VIOLENCIA
El departamento (estado) con mayor cantidad de casos fue Cochabamba,
con 24, seguido de La Paz (16) y Santa Cruz (8), cantidades alarmantes,
que casi duplican los hechos de los primeros seis meses de 2013.
Sin embargo, en los primeros días de agosto pasado el número de
asesinatos de mujeres se disparó y sólo en el departamento de Santa
Cruz se registraron ocho casos aún sin terminar el mes, el último de
ellos el de una joven modelo.
El asesino fue encontrado y condenado a 30 años, una situación singular
en un país sudamericano donde los procesos judiciales se eternizan en
el tiempo a pesar de los constantes llamados del jefe de Estado para
acelerarlos.
La alarma por los casos de feminicidio llegó a todos los sectores
sociales y también las voces que reclaman el endurecimiento de las
sanciones, incluso desde el propio Legislativo.
En opinión del presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, “se
deben endurecer las sanciones, incluyendo la figura de penas
colaterales, para que los responsables del delito deban resarcir, de
alguna forma, el daño causado a la familia de la víctima y a la
sociedad”.
Asimismo, el presidente de la Cámara baja adelantó la presentación de
un proyecto para analizar la posibilidad de endurecer, con penas
colaterales, la estadía de los reos en las cárceles, incluso con
trabajos forzados durante 30 años.
Mientras, la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y
presidenta de la Cámara hasta enero pasado, Betty Tejada, advirtió que
si la ciudadanía pide, mediante referéndum, la pena de muerte para
estos casos, debe ser aplicada.
Sin embargo, dejó entrever que la pena capital podría no ser la solución para resolver un problema acendrado en el país andino.
“Si yo hubiera visto que en otros países la pena de muerte tiene un
resultado, que se disminuyó los asesinatos, diría sí, estoy de acuerdo
(...). Si el ciudadano lo pide mediante un referéndum hay que hacerlo;
a lo mejor necesitamos mandar a la pena de muerte a cuatro o cinco para
que se den cuenta lo que es perder la vida”, enfatizó Tejada.
INCONSISTENCIA JUDICIAL
El también legislador del MAS, Carlos Aparicio, primer secretario de la
Cámara de Diputados, elogió la rapidez con la cual actuó la policía en
la búsqueda del asesino de la modelo de 27 años Sophia Leticia Calvo
Aponte, ultimada en Santa Cruz, y destacó que así debería actuar
siempre la justicia.
“Creo que es histórica la decisión y el fallo inmediato de un juicio
abreviado a 30 años de cárcel”, comentó Aparicio, quien insistió en que
ese caso debe ser un ejemplo para el resto de los hechos en los que se
evidencia la culpabilidad del delincuente, pero por diferentes temas
los abogados alargan los casos.
Mientras, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara
baja, Juan Carlos Cejas, recordó que la Asamblea Legislativa aprobó la
Ley de Procedimiento Inmediato, que fue aplicada en este caso por los
miembros de la justicia por lo que consideró que ese accionar debe ser
imitado.
“Ojalá pueda servir de ejemplo para las autoridades del Órgano
Judicial, porque son ellos quienes administran la justicia”, resaltó.
La también diputada Marianela Paco tiene claro que el Estado boliviano
está en la capacidad de reducir los índices de criminalidad y
violencia, pero advirtió que para lograrlo se necesita el
acompañamiento y un “cambio de mentalidad de los administradores de
justicia”.
Otras voces llaman a políticas de prevención, entre ellas Irma Campos,
coordinadora del programa Combatiendo la Violencia contra la Mujer, de
la Cooperación Técnica Alemana.
“Debemos hacer mucha prevención y todos estamos llamados a hacerlo; por
eso la ley es integral y llama a todos los sectores, a las
organizaciones sociales, a las universidades, a los gobiernos
departamentales, a las gobernaciones, al sector privado”.
Para Campos, la lucha contra el feminicidio es una prioridad nacional y
llamó a “mirar desde las maneras en las que nos relacionamos e
interactuamos. Estamos hablando del proceso de despatriarcalizar”.
Hay que trabajar, insistió, en el ámbito educativo, desde la familia y
la casa y pidió a las escuelas, la policía y los gobiernos municipales
canalizar acciones de prevención contra la violencia.
Por último, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, demandó a
fiscales y jueces aplicar sin temor la ley en casos de violencia contra
las mujeres.
“Pese a los avances, los esfuerzos y el trabajo que realizamos, creo
que falta la aplicación correcta de la legislación a favor de las
mujeres. No se aplica la pena máxima de 30 años que dice la norma en
delito de feminicidio, que no habla de privación de cinco o seis años”,
detalló.
Gutiérrez se declaró partidaria de la pena de muerte “porque no se
pueden tolerar hechos de violencia contra las mujeres, como lo sucedido
con la modelo asesinada en Santa Cruz de manera atroz”, aunque advirtió
que “la madre de todas las normas, la Constitución Política del Estado,
no habla de pena de muerte”.
Además de la pena capital y sanciones paralelas para indemnizar a la
sociedad y a las familias afectadas, otras voces insisten hasta en la
castración para aquellos que violan antes de asesinar.
De cualquier manera, los casos de violencia contra las mujeres han
vuelto a destapar la alarma en el país y aunque el gobierno y la
sociedad en su conjunto intentan ponerle un alto, nadie sabe a ciencia
cierta cómo y cuándo el índice de asesinatos contra las mujeres
disminuirá.
*Corresponsal de Prensa Latina en La Paz.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Héctor Miranda*
Cimacnoticias/PL | La Paz.-
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