Detrás de la noticia
Ricardo Rocha
Desde el primer momento dijimos que se trataba del peor crimen en toda la historia de México. El más aberrante de los asesinatos colectivos. Ahora podría ser también el avasallamiento de la justicia por parte de la impunidad. El peso del poder político y económico aplastando la memoria de los 49 niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, aquel imborrable 5 de junio de 2009.
A pesar de haber estado ahí, siempre me he resistido a imaginar la forma tan atroz y verdaderamente espantosa en que murieron esas criaturas: el dolor indescriptible; la tortura feroz de las llamas; el tormento del humo; la llegada de la muerte. Escenas que, de tan crueles, se resisten a manifestarse del todo. Un dolor profundo e inaudito prolongado en decenas de conversaciones con sus jóvenes padres, con quienes he marchado clamando justicia.
Los primeros peritajes oficiales señalaron una falla eléctrica como motivo del incendio. Una versión poco creíble por la velocidad con que se propagó el fuego; que más pareció proteger la imagen del Instituto Mexicano del Seguro Social y exculpar de responsabilidad alguna a Marcia Gómez del Campo, prima política del entonces presidente Felipe Calderón y a quien el IMSS le había subrogado mediante jugoso contrato la operación de la guardería.
En enero de 2010 también estuve ahí cuando el perito y consultor estadounidense David Smith determinó que no había encontrado indicios de actividad eléctrica como causa del fuego, sino “pruebas de que el incendio pudo haber iniciado en las cajas de archivo de la bodega anexa en forma intencional”; es decir, en el almacén de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal que entonces encabezaba el priísta Eduardo Bours. De este modo, lo que comenzó como una sospecha, se convirtió en versión.
En los días recientes, Reporte Índigo dio a conocer una serie de videos testimoniales de diversos personajes que refuerzan la tesis de que el gobernador Bours ordenó a su secretario técnico, Juan Carlos Lam Félix, la quema de documentos que probaban irregularidades financieras por un monto de diez mil millones de pesos del programa Sonora Proyecta. Presuntamente, Lam encargó la incineración de los papeles a su jefe de escoltas, Carlos Andrés Meza, alias El Teniente, quien se equivocaría al realizar la operación durante el día y no durante la noche como se le habría indicado. Otra casualidad es que El Teniente fue ejecutado brutalmente apenas dos meses después con tres balazos en la cabeza y seis en el tórax.
—Eimy Yuricela Olivas Díaz, pareja sentimental de El Teniente recuerda que, visiblemente trastornado, le dijo: “Me siento muy mal, lo que pasó no tenía que haber pasado, lo del incendio fue un error porque el fuego se propagó”.
—Santiago Alonso Lugo Carrasco, compañero de parrandas de El Teniente, revela que unos días antes del incendio, éste le había ofrecido 30 mil dólares por una “quema de papeles”. Aunque luego no lo invitó.
—Aarón Alberto Fierro Ruiz, sexoservidor de Hermosillo y quien “atendía” a Juan Carlos Lam, confiesa que en uno de sus encuentros luego del incendio, Lam, notoriamente alterado, recibió una llamada de su jefe Bours a quien le dijo: “Yo di la orden de que fuera en la noche, no en el día; estos (idiotas) se pasaron de (listos), por su culpa vamos a perder las elecciones”.
Los padres y abogados del grupo Manos unidas por nuestros niños, creen que estos testimonios son más que suficientes para que el ex gobernador Bours sea llamado a cuentas. La Procuraduría General de la República considera que no son probatorios porque se trata de “testigos de oídas, que caen en contradicciones e imprecisión de datos”.
Yo creo que el gobierno del presidente Peña Nieto no puede correr el riesgo de que se perciba que no actúa, porque Eduardo Bours es priísta y dueño de un emporio agro-industrial llamado Bachoco.
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