Persisten obstáculos para que las indígenas ejerzan sus derechos

Sin tierras y sin participación política; afrontan violencia

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora hoy, datos oficiales y activistas confirman los obstáculos que enfrentan estas mujeres y las omisiones del Estado mexicano para impulsar su participación política en sus comunidades.

Como en el pasado lo hizo Bartolina Sisa, quien en 1782 peleó contra el régimen español en Perú y por quien se conmemora esta efeméride instaurada por la ONU en 1983, miles de mujeres indígenas en México se enfrentan a sus familias, los usos y costumbres de sus comunidades y a las autoridades locales, estatales y federales por defender sus territorios, sus recursos naturales, y el reconocimiento de todos sus derechos.

A cambio, sus detractores ejercen violencia contra ellas, sus familias les prohíben involucrarse en asuntos políticos, su comunidad desaprueba su participación, y el Estado no crea leyes ni políticas públicas que las protejan y empoderen, sino que al contrario, lanza programas y reformas que buscan ejercer control sobre esta población y su territorio.

Paralelo a esto, estas mujeres resisten el combate en condiciones de marginación, pobreza extrema, violencia y discriminación; ya que en México 22 por ciento de las niñas pertenecientes a alguna etnia no va a la escuela, y a nivel regional las indígenas perciben los salarios más bajos, sufren explotación como campesinas, y en las ciudades se dedican al trabajo del hogar remunerado, según un informe de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal).

Estas omisiones y obstáculos dan como resultado que en países de América Latina (AL) la ocupación de puestos de decisión en las estructuras de gobierno por parte de las indígenas sea mínima.

En México, para el periodo 2012 a 2015, sólo hay cuatro mujeres de un total de 14 diputados indígenas en una Cámara integrada por 500 curules.

SIN DERECHO A LA PROPIEDAD

Gloria Flores Ruiz, abogada del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, explicó a Cimacnoticias que el principal y primer obstáculo para que las indígenas puedan participar activamente en las decisiones de sus comunidades es su limitado acceso a la tierra.

La experta advirtió que cuando a las mujeres se les reconozca su derecho a la tierra se van a apropiar de muchos otros derechos, ya que es el elemento fundamental de donde obtienen sus alimentos y recursos económicos.

Sin embargo, ser dueña de alguna propiedad también significa ocupar un lugar en los espacios de toma de decisión y participar activamente en las decisiones comunitarias para la defensa o el desarrollo de los pueblos y, en especial, de ellas mismas.

Aunque el 40 por ciento de las tierras en Chiapas es propiedad social, el 80 por ciento de esos predios están en manos de los varones, lo que deriva en que sean ellos quienes participen activamente en las asambleas y tomen decisiones, observó la abogada.

Criticó que cuando una mujer es invitada a las asambleas comunales, ella acude para hacer “acto de presencia” pero no se toman en cuenta sus opiniones, lo que perpetúa los roles tradicionales de género y de control sobre la población femenina.

Esta participación limitada repercute al interior de la familia, ya que las decisiones femeninas son restringidas por los varones, quienes tienen la última palabra, indicó.

Además, son ellos quienes dirigen los órganos de decisión de sus comunidades y si una mujer se prepara y concursa para ocupar un puesto de decisión, le niegan la posibilidad porque creen que “no sabe hablar” o “no piensa”.

Las indígenas que trabajan al interior de las estructuras políticas son tesoreras, lo que fomenta el rol tradicional de administradoras, advirtió Flores Ruiz.

RETROCESOS

En México no existen leyes particulares que impulsen la participación política de las indígenas, sino al contrario, ya que programas sociales como “Oportunidades” condicionan los apoyos al “disponer del tiempo” de las mujeres que son campesinas, artesanas o comerciantes.

Y con la reciente la reforma energética –dijo la abogada– se despoja a las y los trabajadores del campo de sus tierras, aún cuando las ejidatarias siguen siendo un número reducido.

La experta señaló que estos obstáculos son una realidad que comparten los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde las mujeres indígenas son quienes impulsan la resistencia y defienden su derecho a la tierra, aún en contra de los riesgos que eso representa.

Criticó que aunque ellas son las principales impulsoras de la tierra que les da trabajo y alimento, los hombres son quienes al final negocian la venta de los ejidos o parcelas y toman las decisiones más importantes.

Y agregó que ante la ausencia del Estado, las indígenas de Chiapas impulsan un movimiento para que se reconozca la cotitularidad de los derechos agrarios; es decir que –como fueron las primeras normas agrarias– la tenencia de la tierra sea un derecho familiar del que también puedan gozar las mujeres.

Recientemente la Cepal publicó el informe “Mujeres indígenas: nuevas protagonistas para nuevas políticas”, en el que reconoce que la participación de las mujeres indígenas es importante para la construcción efectiva de la democracia y la igualdad, ya que en algunos países representan un grupo de población grande, además de que se han organizado históricamente en la defensa de sus derechos.

México despunta entre países como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Panamá, con el 15 por ciento de población indígena dentro del total de sus habitantes; de esta población, cerca del 51 por ciento son mujeres. En AL las indígenas integran más de 670 pueblos étnicos en toda la región.