Gerardo Esquivel
En días recientes, diversos economistas y analistas han tratado de transmitir la idea de que aumentar el salario mínimo es una idea peligrosa y demagógica que puede contribuir a generar inflación, desempleo, desestabilización y todo tipo de males y desastres económicos. Esa es la respuesta más o menos coordinada de la visión ortodoxa que ha predominado en la conducción macroeconómica del país y que ha generado los mediocres resultados de crecimiento económico bien conocidos (menos de 1% de crecimiento anual en el ingreso per cápita durante los últimos 30 años), que ha mantenido los altos niveles de pobreza que prevalecen en el país (con la mitad de la población en pobreza, 20% en pobreza extrema y 30% en pobreza moderada) y que nos ha llevado a periodos de altibajos y crisis económicas bastante profundas como la grave crisis económica de 1994/95 y la contracción de casi 6% del PIB en 2009.
Esta visión ortodoxa responde así a la propuesta de aumentar el salario mínimo que ha sido planteada por un grupo de trabajo en el que participo, y cuyo sustento analítico fue difundido hace un par de semanas a través del documento “Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal. Propuesta para un acuerdo”. La respuesta de esta corriente inició con una declaración del gobernador del Banco de México Agustín Carstens en la que señalaba que un aumento arbitrario en el salario mínimo podría hacer que las empresas trasladaran el aumento de los costos a la inflación, lo que derrotaría “el objetivo de aumentar el ingreso real de las familias”. A esta declaración le han seguido otros artículos y opiniones en la misma línea, los cuales se caracterizan por no ofrecer un solo dato concreto, por enarbolar múltiples prejuicios y razonamientos económicos superados (véase la discusión teórica reciente en el documento mencionado) y, más recientemente, por recurrir a la ofensa ante la evidente falta de argumentos (véase, como ejemplo de ello, el artículo de Mauricio González en el diario Reforma del miércoles pasado).
En este artículo me referiré únicamente al tema del posible impacto del salario mínimo en la inflación. Para ello, lo mejor es empezar por tener las cifras y las magnitudes claras. Aproximadamente el 13% de la población ocupada en el país percibe un ingreso equivalente a un salario mínimo o menos. A su vez, el salario mínimo es aproximadamente una quinta parte del salario promedio. Esto quiere decir que la participación de los ingresos de esos trabajadores en la masa salarial total es, cuando mucho, de una quinta parte del 13%, es decir, del 2.6% (20% de 13%). Si los salarios representan aproximadamente el 30% de los costos totales, entonces los ingresos de los trabajadores que ganan cuando más un salario mínimo representan apenas el 0.78% de los costos totales (2.6% del 30%). Si estos salarios aumentaran en 23% como se plantea en la propuesta, y este aumento de costos se trasladara íntegramente a los precios de los productos, esto representaría un aumento directo de precios de apenas el 0.18% (el 23% de 0.78%). Este es el aumento en el nivel de precios al que alude y que le preocupa al doctor Carstens y a tantos otros defensores a ultranza de la estabilidad de precios. Decidan ustedes si este es un motivo de preocupación suficiente como para impedir que los trabajadores de menores ingresos puedan percibir un aumento en sus ingresos equivalente a 15 pesos diarios. Mejor aún, pongan en la balanza este posible aumento en los precios de 0.18% derivado del aumento de los costos salariales, con el hecho de que esto podría ser la diferencia para que un trabajador y su familia puedan comprar o no un litro de leche al día. Eso es lo que está en juego con esta decisión de política económica.
@esquivelgerardo
gesquive@colmex.mx
Economista
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