Mesoamérica: Organizaciones sociales denuncian fracaso de políticas públicas de seguridad

Escrito por María Suárez Toro

Lunes, 06 de Mayo de 2013 00:00

San José, mayo 6, 2013 (SEMlac).- Una carta de mas de 50 organizaciones y redes de derechos humanos y de las mujeres en el continente, dirigida a los presidentes de los siete países mesoamericanos y de Estados Unidos, destaca el fracaso de las políticas públicas de seguridad, a la vez que llama a los gobernantes de la región a impulsar un nuevo diálogo e invertir en resolver lo que denominan "la grave crisis de derechos humanos que padece Mesoamérica". La misiva fue entregada por Adilia Caravaca, presidenta de la no gubernamental Liga Mundial de Mujeres Pro Paz y Libertad (LIMPAL), y Yarman Jiménez, coordinadora de comunicaciones de la Articulación de Feministas Mesoamericanas Las Petateras, el pasado 2 de mayo, a Casa Presidencial en Costa Rica, un día antes de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el país, que reunió a nueve mandatarios para tratar asuntos de seguridad. El SICA reúne a Costa Rica --con la actual presidencia pro témpore--, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice. Participaron en esta cita, además, el gobernante de República Dominicana, país que tiene la condición de Estado asociado desde diciembre de 2003, y Estados Unidos. La reunión de 22 horas tuvo lugar en medio de fuertes medidas de seguridad en las que hasta las visitas familiares a hospitales fueron eliminadas, así como el acceso a carreteras y hasta hubo retraso de vuelos aéreos. Al final, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que no militarizará la lucha antidrogas, pero no ofreció alternativas a lo que actualmente hacen, que es precisamente militarizarla, según los análisis de las organizaciones sociales de la región. Caravaca dijo a la prensa que urge revisar esas políticas, porque "su efecto es contrario a lo que supuestamente buscan". LIMPAL es la más antigua organización de mujeres en el mundo, nacida en Europa para impulsar la paz y la libertad desde la visión de las mujeres al calor de la Primera Guerra Mundial. "Resulta alarmante que las mismas políticas que impulsan los gobiernos para enfrentar la inseguridad en la región son las mismas que han profundizado las violaciones a los derechos humanos, como se constata con la creciente militarización que impacta negativamente el derecho a la protesta social cuando la ciudadanía es criminalizada y perseguida por oponerse a los megaproyectos que dañan sus entornos de sobrevivencia y el ambiente mismo" dijo Jiménez a SEMlac. Las organizaciones que suscribieron la carta han documentado lo que denominan "un alarmante aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos", al señalar que, aunque el narcotráfico y el crimen organizado juegan un papel en ello, "las fracasadas políticas de seguridad que han militarizado la seguridad ciudadana han servido para agravar el problema y están contribuyendo directamente al aumento del sufrimiento humano en la región". El documento destaca otras políticas que coadyuvan a profundizar los niveles de conflictividad y de abusos y que aumentan la migración forzada y la criminalización de migrantes y defensores y defensoras de derechos humanos. Entre ellas están la militarización, la imposición de proyectos extractivos de gran escala en comunidades y los megaproyectos de desarrollo que imponen en las poblaciones más vulnerables de la región con escasa consideración hacia sus vidas o sustentos. Como consecuencias, señala el desplazamiento forzado, especialmente de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes; conflictos sangrientos a propósito de los recursos; destrucción ambiental y empobrecimiento. Entre los indicadores en los que se sustentan las afirmaciones se encuentran los más de 80.000 hombres, mujeres y menores de edad que han fallecido por la guerra contra las drogas en los últimos seis años en México, los índices de violencia en Guatemala que se acercan peligrosamente a los niveles del conflicto armado interno, el colapso de las instituciones democráticas en Honduras desde el golpe de estado que forzó al presidente electo al exilio en 2009. Y sobre Costa Rica, estado anfitrión de la reunión de SICA, destaca que siendo "un país sin ejército y con un mandado constitucional de paz, se encuentra involucrado en un creciente esfuerzo militar para contrarrestar el narcotráfico que compromete su independencia y tranquilidad". Sobre el efecto de las políticas de los Estados Unidos, señala que la militarización para combatir el crimen organizado tiene un impacto directo en la situación de derechos humanos en Mesoamérica, "con el resultado de un aumento dramático de los crímenes violentos, con frecuencia perpetrados, presuntamente, por las fuerzas de seguridad mismas". Añade que el enfoque limitado de estas políticas se ha probado inefectivo para abordar otros asuntos de seguridad humana, a veces relacionados, como la trata de personas, la trata laboral y los feminicidios, los cuales se han incrementado de forma alarmante en toda la región. Firman la carta organizaciones de Mesoamérica como la Confluencia Feminista Mesoamericana Las Petateras, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, LIMPAL y Ia iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), entre otras. De Norteamérica la suscribieron Alliance for Global Justice, America's Program of the Center for International Policy, American Friends Service Committee, Association for Women's Rights in Development, Bay Area Latin America Solidarity Coalition, School of the America´s Watch y Rights Action, entre otras. Del sur del continente fueron Articulación Feminista Mercosur, la Campaña contra las Bases Militares Extranjeras en América Latina, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, entre otras.