Ejemplo del extravío

Pedro Miguel

Las válvulas migratorias del mundo contemporáneo están diseñadas, en términos generales, para facilitar el libre tránsito de empresarios y turistas a cualquier país y acotar o impedir la llegada de pobres procedentes de las economías más débiles a las más poderosas. Los turistas llegan con dinero para gastar –mucho o poco– y los empresarios, con capital para invertir o mercancías y servicios para vender. Los obstáculos migratorios del sur hacia el norte están diseñados para quienes viajan sólo con su fuerza de trabajo. Por eso cualquiera que tenga pasaporte canadiense, estadunidense o mexicano puede transitar hacia el sur del continente sin restricción alguna, en tanto que centro y sudamericanos tienen que cumplir con requisitos severísimos en los consulados de esos tres países si es que quieren llegar a ellos con los papeles en orden, o bien arriesgarse a cruzar el Suchiate y/o el Bravo a la buena de Dios.

Hace ya tiempo las autoridades mexicanas aceptaron desempeñar el papel de policía migratoria externa para Estados Unidos y Canadá y hasta para Europa y Japón: Los extranjeros de naciones que requieran visa (mexicana) estarán exentos de la misma, cuando acrediten ser residentes legales permanentes en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o Espacio Schengen, concede la Secretaría de Relaciones Exteriores en su página web. Somos, pues, una especie de primer dique de control para atrapar a latinoamericanos –o africanos, o ciudadanos de países a los que Washington considera sospechosos de algo– que buscan hacerse una vida en el vecino del norte. Con el tiempo México ha ido eliminando el requisito de visa para argentinos, beliceños, costarricenses, chilenos, panameños, paraguayos, peruanos, uruguayos y venezolanos, pero se mantiene –unilateralmente– para oriundos de Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Surinam. Y claro, a uno se le cae la cara de vergüenza cuando desembarca en cualquiera de esos países, muestra en el puesto de control migratorio su pasaporte mexicano, sin visa ni nada, y escucha: Pase.

Pero obviemos por un momento lo vergonzoso de la asimetría en el condicionamiento del ingreso al país y dejemos de lado el hecho de que la reducción de los extranjeros a la condición de indocumentados se traduce en situaciones de total indefensión, que propicia toda suerte de atropellos por parte de las autoridades y que alimenta a la delincuencia organizada. Además, resulta que esa política migratoria sale carísima: el Instituto Nacional de Migración (INM) informa que cada año se gasta mil millones de pesos en detectar, perseguir, capturar, fichar, internar y deportar a extranjeros indocumentados, procedentes, en su gran mayoría, de cuatro países centroamericanos (La Jornada, 6/5/13, p. 10).
Referencias: en 2011 el Fondo de Cultura Económica tuvo un presupuesto de 200 millones de pesos; los programas federales de Promoción y Fomento de Libros y la Lectura y Nacional de Lectura fue de 152 millones; el programa de Universidad Virtual recibió 200 millones; las actividades culturales recibieron un subsidio federal de 2.5 millones en Sinaloa, de tres millones en Tamaulipas y de 12 millones en Chihuahua, por mencionar sólo tres entidades afectadas por la violencia. Los institutos de la Frontera Norte y de la Frontera Sur tuvieron subsidios federales, entre ambos, por un total de 439 millones de pesos; un programa que buscaba la reinserción académica de jóvenes integrantes de bandas y pandillas recibió 13 millones de pesos en 2010 y se canceló en 2011. Un año antes había pasado otro tanto con una partida presupuestal para financiar becas de educación media y superior a hijos de migrantes internos.
Otro dato: según el ayuntamiento de Madrid construir una escuela básica equipada en esa ciudad cuesta el equivalente en euros a 13 millones de pesos mexicanos; aun suponiendo que aquí costara lo mismo, si se considera el sobreprecio impuesto por la corrupción, el hecho es que por andar persiguiendo y deportando a hermanos en desgracia se ha dejado de construir 77 escuelas cada año. De ese tamaño es el extravío, la torpeza y la inmoralidad.
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