Interrupción Legal del Embarazo en México
Para unas son “correctos”; otras dicen que se violan derechos
Por: Adriana Franco Rosales
Cimacnoticias | México, DF.-Los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que desechó las controversias constitucionales contra las reformas en Oaxaca y Guanajuato que “protegen la vida desde la concepción”, generaron posturas encontradas entre defensoras de los derechos femeninos.
La coordinadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Alma Beltrán y Puga, aseveró que la decisión de la SCJN fue la correcta, dado que las reformas a las constituciones locales de esos estados, realizadas en 2009, no contravienen la obligación de los municipios para dar cumplimento a la Ley General de Salud.
Abundó que al determinarse que no hay conflicto de competencias ni incompatibilidad entre las reformas constitucionales con las políticas de salud federales –que deben ponderarse sobre las estatales y municipales–, las autoridades locales deben cumplir con su deber sin dar paso a interpretaciones.
Martha Juárez Pérez, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, explicó que el argumento de GIRE y de la SCJN es correcto en términos jurídicos, pero en la realidad las organizaciones han denunciado que a partir de que se dieron las reformas constitucionales se desató una criminalización contra las mujeres que abortan.
Martha Juárez explicó que las reformas constitucionales no tendrían por qué entenderse como una limitación de los derechos reproductivos, pero aclaró que por los casos documentados, en la realidad las autoridades locales sí niegan la anticoncepción de emergencia, además de que denuncian a las mujeres que interrumpen un embarazo.
“Ejemplo de ello es el comunicado que emitió ayer el municipio de Uriangato, Guanajuato, en el que dice que como ya cambiaron las autoridades quieren desistirse de la controversia, lo que muestra de forma muy transparente que intentan decirnos que ahí no se van a practicar abortos, aunque las reformas constitucionales sean muy claras en cuanto al hecho de que las causales legales para abortar de cada entidad siguen vigentes”, apuntó Martha Juárez.
Consorcio acompañó desde un inicio a los grupos que presentaron estas controversias en Asunción Ixtaltepec (Oaxaca) y Uriangato (Guanajuato), al considerar que si bien no hay una afectación jurídica por las reformas constitucionales, sí hay una implicación social y cultural que criminaliza a las mujeres.
“Para nosotras es importante que los ministros de la Corte digan que las reformas sí afectan, aunque no deberían, los derechos reproductivos de las mujeres. Son dos lecturas, una es el deber ser y otra es la vida cotidiana de las mujeres, donde sí hay afectaciones”, puntualizó la activista.
En contraste, la coordinadora jurídica de GIRE enfatizó que las reformas constitucionales no son antiaborto, pero sí generan incertidumbre en las autoridades locales, ya que desconocen los efectos legales que puedan derivarse de las mismas.
“Es un efecto discursivo, simbólico, una estrategia de la derecha que ha funcionado para que la gente piense que debe denunciar a las mujeres que abortan o negarles los métodos anticonceptivos de emergencia, pero estas normas no tienen ningún alcance legal”, aclaró Alma Beltrán.
La activista refirió que más que una negación de servicios de salud, como argumentaban las controversias constitucionales, detectaron que se habían incrementado las denuncias y consignaciones en varios estados, entre ellos Guanajuato, Oaxaca y Querétaro, donde se ubican los tres municipios que presentaron tales recursos.
Martha Juárez consideró relevante que los ministros utilizaran como parte de sus argumentos a los tratados internacionales en los que se establece que no se puede entender como persona a un embrión, y que si bien la vida prenatal requiere protección de los estados ésta debe ser gradual, conforme el avance del embarazo y en consonancia con los derechos de otras personas, particularmente de la mujer embarazada.
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