La Colectiva Jalok U, premiada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE)
Se han convertido en ejemplo mundial
Madrid, 21 diciembre. 17. Amecopress. Mas
de 70 mujeres sufrieron las desapariciones forzosas y los asesinatos de
sus familiares, la esclavitud y la violencia sexual de los militares
bajo el silencio del Gobierno. Algunas no sobrevivieron. 15 de las
supervivientes denunciaron y, 35 años después, consiguieron que por
primera vez en el mundo se condene la esclavitud sexual como crimen de
guerra desde un tribunal nacional.
Carmen Xol Ical, una de las mujeres indígenas que fue víctima de la
violencia sexual del ejército en Guatemala, está en Madrid para recibir
el premio que la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) ha otorgado a
la Colectiva Jalok U, postulada al premio por Mujeres Transformando el
Mundo y la Asociación Mujeres de Guatemala. Su marido es una de las
45.000 personas desaparecieron en toda Guatemala durante el conflicto
interno. Cuando se lo llevaron, tuvo que dejar a sus ocho hijos solos
porque los soldados le obligaron a trabajar para ellos –preparar las
comidas, limpiar, lavar sus ropas- y también como esclava sexual, junto a
70 mujeres de su comunidad.
“No podíamos negarnos, teníamos miedo”, relata Carmen. Hoy está
satisfecha por la sentencia, por todo el proceso vivido y porque cree
que su lucha y la de sus compañeras tendrá efectos positivos para las
generaciones venideras. Eso sí, asegura que para descansar quisiera
encontrar a su marido.
Lo que ocurrió en Sepur Zarco fue común en otras comunidades
indígenas. Muchas mujeres ni siquiera lograron sobrevivir a las
agresiones. Y el uso de la violencia sexual es habitual como arma de
guerra en todo el país y en todo el mundo. Por eso su condena es tan
importante.
Lograr esta sentencia ejemplar no ha sido fácil. Carmen relata que ha
sido un proceso de “sanación”, en el que han “derramado muchas
lágrimas” y en el que ha sido necesario recibir apoyo. “Nos ayudó la
ceremonia maya, que consiste en pedir a los grandes cerros la fuerza
para acceder al camino de la justicia y la libertad; agradecíamos y
comunicábamos nuestras penas a la madre tierra”. Carmen asegura también
que “gracias a todas las organizaciones que nos han ayudado
(principalmente por la Alianza Rompiendo el Silencio, integrada por
ECAP, UNAMG y Mujeres Transformando el Mundo) podemos contar lo que nos
hicieron". Ellas perdieron el miedo; los agresores, su impunidad.
En el proceso judicial, que comenzó en 2009, tuvieron que superar muchos
obstáculos. No sabían hablar castellano y cuentan que en su lengua no
lograban encontrar las palabras que les permitieran ni describir la
violencia sexual que habían sufrido. Tampoco sabían ni leer ni escribir.
Jennifer, una de las mediadoras de la organización Mujeres
Transformando el Mundo, explica que crearon una metodología muy sencilla
para explicar todo el proceso penal a estas mujeres, apoyándose en
“animalitos” que estaban en su contexto: “El león era el juez, el loro
el fiscal, las abejitas las organizaciones querellantes, y ellas eran
las mariposas”.
Primero, en el 2010, se consiguió el primer paso y se reconoció en
los tribunales la violencia sexual como crimen de guerra dentro del
conflicto armado de Guatemala. En 2011 se interpuso otra demanda
denunciando la esclavitud doméstica y sexual de las mujeres y las
desapariciones forzosas y asesinatos de sus familias como delitos de
lesa humanidad. En 2012 las víctimas declararon, comenzaron las
exhumaciones y a investigarse los hechos.
Reparación para la comunidad
Después de tantos años, los hechos han sido demostrados y los
culpables condenados: en total, Esteelmen y Heriberto suman una condena
de 360 años y deben pagar a cada una de las víctimas 500.000 quetzal,
aunque ambos se declararon insolventes quedando libres de las multas
económicas.
Ante esto se pidió otra condena, y eso logró el carácter
transformador que tiene este caso. Al conseguir que las condenas se
reconocieran por "delitos contra la humanidad", también se logró una
reparación a toda la comunidad y se emitió una sentencia con 16 medidas
para los pueblos indígenas que van desde la construcción de un hospital
(hasta el momento, solo cuentan con una unidad móvil encargada de
atender a más de 85 comunidades) hasta las mejoras en escuelas o becas
en educación para los hijos e hijas. La reparación no solo se pide a los
condenados, también al Estado, ya que es responsable al no haber
intervenido para parar los delitos del ejército y porque no garantizó
sus derechos.
Jennifer explica que la condena es parte de la reparación, pero que
estas mujeres, cuando sucedieron los hechos, vivían en un contexto de
discriminación y vulnerabilidad, habían sido despojadas de sus derechos,
y también tiene que haber una reparación al respecto, por eso era
importante que la sentencia incluyera medidas sociales” y aclara que
estas medidas no fueron propuestas por las organizaciones o las
instituciones, sino por las mujeres de Sepur Zarco. "Queremos es que
estos hechos ya no se repitan nunca más", expresa Carmen, y que
“nuestras hijas y nietas tengan derecho a la salud, a la educación, a
una vida libre de violencia”.
Fotos AmecoPress y cedidas por la Asociación de Mujeres de Guatemala
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