Se encontraba en riesgo y no la protegieron, denuncian familiares
Durante
su estancia en el Refugio, Jessica fue llamada a comparecer por el juez
Porfirio Austria Espinosa con el fin de hacer efectiva la orden de
reaprehensión contra CMET. Su argumento: dudaba de las pruebas
presentadas por el agente del Ministerio Público y, según sus
declaraciones, “estaba protegiendo el derecho del acusado a la
presunción de inocencia”.
Debido a que Jessica se encontraba en el Refugio, del cual por
seguridad y reglamento no podía salir, no pudo presentarse para rendir
declaración.
“Es evidente que hubo una falla, en el sentido de que tenías una
víctima, que tenía un peligro altísimo, que había sido agredida, después
que había intervenido la autoridad, y que comienza a tener
inconvenientes en el Refugio, y no hay una autoridad que atendiera su
interés”, señaló el director jurídico del Tribunal Superior de Justicia
del estado de Hidalgo, Jorge Alberto Huerta Cruz.
En tanto, Jessica declaró haber sido víctima de abuso de autoridad
por parte del personal del Refugio, haber sido obligada a trabajar,
limpiar y no recibir ni ella, ni sus hijos, comida en buen estado, así
como suficiente agua y papel de baño, además de atención médica.
De sus quejas sobre el personal derivó una llamada anónima a su abogado.
El 6 de agosto, es decir 13 días después de su ingreso, una voz de
mujer informó que iban a echar a Jessica del Refugio. Y efectivamente,
unas horas después, autoridades del albergue se comunicaron para
informar sobre la expulsión necesaria. Sólo logró retardar la salida del
refugio un día.
Cuando Jessica y los niños llegaron a la UAPAVIF, donde citaron al
abogado y a la familia, los dos niños más chicos se encontraban en mal
estado. De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el reclamo de la víctima
por mayor atención ante los problemas de salud de sus hijos, fue el
motivo de su expulsión.
Este hecho quedó confirmado porque la directora de la Unidad de
Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (UEPAVIF), la médica
Nora Sosa, accedió a la petición de la familia de examinar a los niños y
determinó que el más pequeño, entonces de 4 años de edad, presentaba
una infección y extendió la receta médica para que pudieran comprar el
medicamento.
“Dentro de las muchas situaciones hablaban bueno de... esta parte de
la insatisfacción de ella de no estar conforme con los servicios que se
estaban dando en el Refugio. Que sus hijos estaban enfermos y no los
habían atendido.
Que quería agua y los habían regañado porque había tomado una jarra
de agua. Cosas así que para mí son… pues meramente técnicas o logísticas
del Refugio. Porque ellos tienen un reglamento, no les pueden dejar que
lleven jarras de agua a la recámara, pues con vidrio, por el riesgo que
conlleva con personas que están con desestabilidad emocional ¿no?”,
retiró Sosa.
Pero para la madre de Jessica, no hubo ninguna intención de proteger a su hija.
“Yo estuve presente, nos la sacaron porque tuvieron miedo. Supieron
cómo era él y nos la sacaron en un mal estado y malas condiciones de los
niños, con vómito, diarrea y temperatura. Ya muy forzada, la persona
que los entregó, una doctora, los revisó y les mandó medicamento. Nos
dieron un papel, que era lo que ellas querían que dijera. Y no lo
aceptamos. Mi hija Verónica les dijo: Así no es. Yo quiero que sea como
se debe’. Entonces redactó otro pero ellos agarraron y lo rompieron”,
recordó la madre.
La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, aseguró
que la unidad de Pachuca solicitó la transferencia de las víctimas a un
sitio de alta seguridad en la Ciudad de México pero Jessica fue quien no
aceptó.
Sin embargo, al solicitar un documento que pruebe esta afirmación,
tanto a la Red Nacional como a la funcionaria de la Secretaría de Salud
que sostiene el mismo argumento, ninguna lo mostró.
Una vez fuera del Refugio, el 7 de agosto de 2014, Jessica y sus tres
hijos fueron trasladados a una casa que prestaron a su abogado, en la
colonia Providencia, en la zona conurbada de Pachuca.
Allí esperarían a que Gerardo, hermano de la víctima, hiciera los
arreglos necesarios para trasladarlos a Los Cabos, en Baja California.
Pero el 14 de agosto, es decir siete días después, CMET encontró la casa
y asesinó a Jessica y a Gerardo con arma de fuego.
Antes de huir, el militar amenazó a los vecinos que salieron a ver lo
que sucedía. Gerardo murió en el acto, en la calle. Jessica murió de
camino al hospital.
Una semana después, el 21 de agosto, dictaron la orden de
reaprehensión contra el presunto feminicida, quien sigue prófugo. De
acuerdo a lo declarado por la familia de las víctimas, porta armas de
uso exclusivo del Ejército, balas expansivas y granadas.
A tres años del feminicidio de Jessica, sus tres hijos viven con sus
abuelos y su tía, aún sin poder estar bajo su tutela legal por falta de
acción de las autoridades correspondientes. Acerca de la atención
psicológica que deberían recibir, su abuela comentó que en el Centro de
Salud de Tulancingo les dijeron “que no hay lugar”.
Tanto a la abuela como a una de las tías “les recomendaron tomar un curso de crianza antes de brindar atención a los niños”.
SIN CULPABLES
Como respuesta a la recomendación R-VG-001-17 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, producto de la denuncia de
Verónica González Mandujano, con fecha del 10 de marzo de 2017, el
Tribunal Superior de Justicia inició 17 días después, una investigación
interna contra el Juez Segundo Penal de Tulancingo, Porfirio Austria
Espinosa.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura (órgano
regulador de las competencias judiciales) necesitó de una recomendación
de Derechos Humanos para notar estas irregularidades. En los tres años
que transcurrieron desde el feminicidio, no advirtieron, o decidieron no
actuar, sobre la serie de procedimientos dudosos del juez.
En cuanto a la Secretaría de Salud, iniciaron un proceso contra la
médica del Refugio Nora Sosa, el cual aún no concluye. Nadie ha
respondido por los hechos acontecidos en 2014.
Respecto al Ministerio Público de la Procuraduría General de
Justicia, señalado directamente en la Recomendación de la Comisión
Estatal, no existe información pública al respecto, y cuando se solicitó
una entrevista con su área de Comunicación, no hubo respuesta.
La recomendación de Derechos Humanos sigue sin cumplirse. El
victimario está libre. Las víctimas, especialmente los hijos de Jessica,
quienes actualmente tienen 14, 9 y 7 años de edad, no reciben atención
de ningún tipo por parte del Estado mexicano, y las autoridades
judiciales han dejado cabos sueltos como la responsabilidad de las
personas involucradas en el secuestro y tortura de la joven asesinada.
En Hidalgo la organización de Servicios de Inclusión Integral AC
(Seiinac) documentó 70 casos de feminicidio del 2013 al 2016 en 15
municipios y ciudades de Hidalgo: Pachuca, San Bartolo Tutotepec,
Omitlán, Cuautepec, Xochicoatlán, Apan, Emiliano Zapata, Mixquiahuala,
Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, la zona del Valle del Mezquital (Tula,
Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Tepatepec)
seguido de Tulancingo y Tizayuca.
El estado tipificó el delito de feminicidio el 8 de marzo del 2013,
con la modificación del Código de Procedimientos Penales del estado, que
lo sanciona con una pena de 60 años de cárcel.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: María Constanza Terranova
Cimacnoticias | Pachuca, Hgo.-
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