La colocación de un dispositivo sin consentimiento de la paciente se presentó con mayor frecuencia en el IMSS
Instituciones estatales de salud superan en abuso a las clínicas privadas
De las mujeres de 15 a 49 años que han estado embarazadas durante los cinco años pasados, 33.4 por ciento ha sufrido una o varias formas de maltrato durante el parto, consigna la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
Ciudad de México fue la entidad con más alta proporción de reportes de maltrato, con 30.5 por ciento, seguida por el estado de México, Querétaro y Aguascalientes, Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Morelos e Hidalgo, con distintos porcentajes.
Además, se revela que el abuso y la violencia se presentó con más frecuencia cuando el parto fue atendido en instituciones estatales de salud, con 29 por ciento; seguidas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 28.7 por ciento, y los centros de salud, con 26.5.
La colocación de un método anticonceptivo sin consentimiento de la mujer se presentó con mayor frecuencia en el IMSS, con 22.7 por ciento; seguida de las instituciones estatales de salud, con 18.7 por ciento, así como de centros de salud, en los que el reporte fue de 16.7 por ciento.
Mayor maltrato a mujeres sin pareja
Los resultados de la encuesta también revelan que tanto el abuso, la violencia y la atención no autorizada se presentaron con menor frecuencia en mujeres unidas o casadas, mientras la prevalencia más alta se registró en las que no tienen pareja.
El promedio de edad de las mujeres que sufrieron de atención no autorizada fue 27.7 años, en contraste con las que no la padecieron, de 28.7 años. Quienes fueron abusadas y violentadas son, en promedio, un año más jóvenes –27.7 años– que las que no sufrieron estos maltratos –28.8 años– durante el parto.
Las mujeres que se atendieron en las instituciones estatales de salud presentaron un riesgo 4.61 veces mayor de sufrir abuso y violencia durante el parto, en comparación con las que lo hicieron en clínicas privadas, señala Roberto Castro Pérez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y uno de los tres especialistas que elaboraron las preguntas para parte de esta encuesta.
Entre las situaciones más habituales que reportaron las mujeres que fueron violentadas se cuentan la colocación no consentida de algún método anticonceptivo; la negativa de anestesiarlas para disminuir el dolor; palabras ofensivas o humillantes; tardanza excesiva para recibir atención, con el argumento de que las pacientes gritaban o se quejaban mucho; presionar para que aceptaran la colocación de un dispositivo u operación para no tener más hijos; negativa a recibir información sobre el parto o el estado de salud del bebé, o gritos y regaños del personal médico que atendió el alumbramiento.
El especialista señaló que aunque estos datos son una aproximación de lo que miles de mujeres experimentan en México en las salas de parto, el estudio es un gran avance, pues no se contaba con datos del país, que además abarcaran a una muestra tan representativa de la realidad nacional, con lo cual se ha convertido en un ejercicio sin precedente en el mundo.
Las preguntas de la encuesta estuvieron dirigidas a mujeres de 15 a 49 años que en los cinco años pasados hubieran experimentado un parto; se estima que en esta condición había alrededor de 8.5 millones de madres en el país, y la muestra abarcó a un total de 24 mil 126 mujeres.
De la Redacción
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 32
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, convocó a los trabajadores a mantener la ruta por la calidad de los servicios del organismo, que en enero cumplirá 75 años. En la parte administrativa, dijo, se continuará con las medidas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, con las cuales se aseguró la viabilidad del instituto al año 2020.
El funcionario entregó ayer reconocimientos a 437 empleados que cumplieron entre 25 y 50 años de antigüedad. Señaló la importancia de la labor que realizan los trabajadores en la atención de los derechohabientes. Más allá, dijo, de los hospitales y oficinas, la grandeza del Seguro Social está en el compromiso de sus 440 mil empleados.
Miguel Ortega también destacó que continuarán las acciones para facilitar la realización de trámites, mediante la digitalización e Internet, así como la aplicación IMSS Digital.
Hoy, el Seguro Social es diferente al que existía en 1943, año de su creación, cuando atendía a alrededor de 355 mil derechohabientes. Hoy son alrededor de 74 millones de individuos con derecho a los servicios del instituto, dijo en el acto realizado en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
El IMSS creció en tamaño y cobertura para atender a más mexicanos y consolidar grandes centros de especialidad, como los centros médicos Siglo XXI y La Raza, donde se realizaron los primeros trasplantes de riñón, corazón e hígado en el país.
También en el instituto están los mejores médicos, agregó, que han realizado procedimientos novedosos, como la separación de gemelos siameses e implantes de prótesis de titanio. Estas acciones han colocado al IMSS como referente de la medicina y la seguridad social a escala global.
Antes, la directora de Administración del instituto, Norma Gabriela López Castañeda, recordó que durante 10 años se dejó de entregar los reconocimientos a los trabajadores con mayor antigüedad, práctica que se retomó en la presente administración.
El especialista Víctor Cruz AtienzaFoto UNAM
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 33
Víctor Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue nombrado por la revista especializada Nature como uno de los 10 científicos más importantes del año, por su labor durante la emergencia nacional provocada por los sismos de septiembre pasado.
Pocas semanas después de dichos eventos telúricos, Cruz Atienza, en conjunto con Shri Krishna, de la misma entidad universitaria, y Mario Ordaz Schroeder, del Instituto de Ingeniería, también de la máxima casa de estudios, publicaron el artículo¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México?,en el cual explicaron lo que había sucedido con las ondas que se propagaron por la tierra y cómo el tipo de suelo influyó de manera determinante en los efectos devastadores.
De manera particular, explicaron las razones por las cuales algunas zonas y tipos de estructuras se vieron más dañados que otros.
Incluso, luego de analizar miles de registros sísmicos y de haber practicado diversas pruebas de tipo estructural, se concluyó que las especificaciones técnicas del reglamento de construcción de Ciudad de México no se vieron rebasadas durante el terremoto del 19 de septiembre. La gran mayoría de los edificios que sufrieron daños son construcciones anteriores a 1985.
También jefe del Departamento de Sismología, Cruz Atienza es líder del proyecto Evaluación del peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico mexicano para la mitigación de desastres.
En este proyecto participan científicos del Instituto de Geofísica, así como de diversas instituciones japonesas, con el fin de instalar una red sismogeodésica en el fondo oceánico de las costas de Guerrero, en la llamada brecha sísmica, la cual se ubica entre Acapulco y Zihuatanejo, zona en la que durante más de 100 años no se ha registrado un temblor de magnitud mayor a 7, por lo que existe gran acumulación de energía que no ha sido liberada, lo que constituye gran interés para los estudiosos.
Creada en 1869 en Gran Bretaña, la revista Nature es una de publicaciones científicas más reconocidas en el mundo.
De la Redacción
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 33
Con un amplio programa de investigaciones en el campo agroalimentario y el medio ambiente, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), uno de los 27 centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), inauguró sus nuevas instalaciones en Yucatán, con lo cual su presencia física se amplía a cinco entidades del sureste mexicano.
Mario González Espinosa, director general del centro, explicó que su llegada al parque Científico y Tecnológico de Yucatán, cerca de Mérida, se debió a que en ese espacio de 221 hectáreas están reunidos empresas, instituciones de investigación y oficinas gubernamentales, mediante los cuales se pretende el mejoramiento e interacción académica, tecnológica y de innovación entre todos los actores.
Actualmente tienen presencia en ese lugar, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y siete centros públicos de investigación del Conacyt, entre los cuales están los centros de Investigación Científica de Yucatán, de Investigación en Matemáticas, de Estudios Superiores en Antropología Social, de Investigación y Asistencia Tecnológica y Diseño del Estado de Jalisco, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y el de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial.
Ecosur ya contaba con centros de investigación en cinco ciudades de diferentes estados del sureste: San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chiapas; Villahermosa, Tabasco; Campeche, Campeche, y Chetumal, Quintana Roo. Ahora, a partir del pasado 7 de diciembre, también en Yucatán.
Ecosur es una institución que realiza investigación en agricultura, migración, ecosistemas, conocimientos indígenas y salud pública. En esta nueva sede, de manera inicial realizará investigaciones sobre vigilancia con satélites de la cubierta vegetal y los cambios en condiciones oceanográficas, entre otras actividades que incluyen la vinculación con diversas instituciones, se informó.
Néstor Jiménez
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 33
Las recientes reformas a la Ley Federal del Consumidor avaladas en la Cámara de Diputados, que prohíben condicionar la entrega de documentación académica al pago de colegiaturas, darán mayores garantías a padres y estudiantes de escuelas privadas, sostuvo el presidente de la Comisión de Economía legislativa, Jorge Dávila Flores,
La reforma fue avalada en la última sesión de esa cámara el viernes pasado, en medio de una jornada en la que el punto central fue la discusión de la Ley de Seguridad Interior. El dictamen establece que las escuelas privadas no pueden impedir que un estudiante siga tomando clases a menos de que acumule tres o más meses de retrasos en sus pagos.
Sin embargo, el estudiante podrá acceder a su documentación académica, sin importar la condición de los pagos de sus colegiaturas y no se le podrán condicionar dichos documentos a ninguna contraprestación.
Las escuelas también deberán informar la totalidad de los costos del curso, incluidos exámenes o actividades extras, al inicio del ciclo escolar.
Dávila señaló que la reforma busca regular adecuadamente los servicios educativos privados y brindar seguridad a quienes acuden a este tipo de planteles.
Subrayó que una queja constante es que los servicios ofrecidos por algunos institutos privados no justifican el costo que se paga.
Los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio de una contraprestación económica que muchas veces no es proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos de los colegios privados, indicó el legislador.
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 32
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