Resaltan que los índices de violencia siguen aumentando y la impunidad es casi absoluta
Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato seráobservar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.
La aprobación de la ley de seguridad interior, que se concretó la semana pasada en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos, manifestaron anoche en un posicionamiento en el que anunciaron la iniciativa de creación del observatorio.
Esta normativa “es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional –una coalición permanente de organizaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica– servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.
El observatorio, señalaron, también buscará mantener el diálogo con autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional.Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando, afirmaron.
Indicaron que lejos de abordarla impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles.
Durante los pasados 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México, señalaron.
Enfatizaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 3
Los llamados nacionales e internacionales contra la Ley de Seguridad Interior recaen ahora sobre el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y Amnistía Internacional (AI) exhortaron al mandatario mexicano a vetar dicha ley, al considerar que representa un riesgo para la vigencia de las garantías fundamentales.
Mediante un comunicado, la ONU-DH subrayó que Peña Nieto tiene la posibilidad de materializar su propio llamado (para ampliar el diálogo en torno a la norma) y evitar su entrada en vigor.El Presidente puede atender el respetuoso exhorto formulado por la CNDH y otros actores, y realizar observaciones al proyecto de ley.
En caso de que el mandatario no atienda esos llamados, y la ley se promulgue, el organismo internacional alentó a los actores legitimados a interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),a efecto de que sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.
La ONU-DH reiteró su desaprobación a la entrada en vigor de esta nueva norma,que consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país. Lamentó que el Congreso la aprobara la semana pasada sin un debate real sobre su necesidad y contenido, pese al inédito consenso nacional e internacional en contra.
El organismo reiteró la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia que vive el país, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad que reproduce la criminalidad.
Acciones a tomar
El ombudsman nacional enfatizó que si Peña Nieto desoye los exhortos que se han expresado en distintos sectores nacionales e internacionales para vetar la ley, la CNDH hará uso de su atribución constitucional e interpondría ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad.
En entrevista tras la presentación de un informe sobre migración, dijo que el organismo a su cargo sí escuchará las voces de todos los sectores –no como evitó hacerlo el Congreso– con el propósito de ofrecer argumentos para la inconstitucionalidad.
Vamos a tomar en cuenta lo que muchos actores han señalado, nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Iberoamericana y la de Guadalajara, así como varias organizaciones de la sociedad civil.
Planteó que el tema de la seguridad en el país no se agota en una ley.Que nos respondan a la sociedad mexicana si esto resuelve el tema de la seguridad. Lo que buscamos es tener un espacio más amplio para construir esta norma, como se hizo con la de personas desaparecidas: de la mano de la sociedad.
El secretario general de AI, Salil Shetty, envió una carta al mandatario mexicano en la que manifestó su preocupación por esta normativa, que aumentará las violaciones a los derechos humanos, dijo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, y que sólo regulariza una estrategia de seguridad que en 10 años ha demostrado su fracaso.
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 4
El Centro Católico Multimedial (CCM) emitió su reporte anual sobre sacerdotes y agentes de pastoral asesinados.
El sacerdote Omar Sotelo Aguilar, director del CCM, precisó en entrevista con La Jornada que durante este año fueron ultimados cuatro religiosos, con lo cual suman 19 presbíteros abatidos durante este sexenio.
Así, la actual administración se convirtió en la más letal para el sacerdocio, puesya superó en asesinatos de sacerdotes al sexenio de Felipe Calderón, en el cual hubo 17. Además, hay dos religiosos desaparecidos en este sexenio y hubo varios secuestros. A esto se suma el atentado a la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la irrupción en la Catedral Metropolitana, que derivó en la muerte del presbítero Miguel Ángel Machorro.
Indicó que la situación de violencia a todos nivelesse está poniendo peor. Se ha agudizado, no por nada seguimos siendo de los países más peligros para el ejercicio del sacerdocio y también del periodismo.
Sotelo Aguilar, de la Orden de la Sociedad de San Pablo y ganador del premio nacional de periodismo que otorga el Club de Periodistas de Mexico por la mejor investigación sobre derechos humanos, informó que la segunda semana de enero el CCM lanzará el libro Tragedia y crisol del sacerdocio en México, el cual expondrá una numeralia completa de la situación del violencia que experimentan los sacerdotes en el país y también tratará los temas de robo y profanación de templos durante los 27 años en que el CCM ha realizado estas investigaciones.
El presbítero indicó que las entidades en donde ha habido más crímenes en contra de religiosos sonMichoacán, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México y la zona conurbada.
Este año fueron asesinados los sacerdotes Joaquín Hernández Sifuentes, de la diócesis de Saltillo, en enero pasado; Felipe Altamirano Carrillo, presbítero de la prelatura del Nayar, victimado en marzo; José Miguel Machorro Alcalá, de la diócesis de Papantla y quien ejercía su ministerio en la Arquidiócesis Primada de México, fue agredido con arma blanca en la Catedral Metropolitana. El religioso murió casi dos meses después.
También fue asesinado Luis López Villa, presbítero de la diócesis de Nezahualcóyotl. El religioso fue torturado y ultimado brutalmente en julio, en lo que se presume fue un robo.
Otros sacerdotes fueron agredidos, pero lograron sobrevivir a los ataques. Uno de ellos es Juan Antonio Zambrano García, de la arquidiócesis de Tijuana, quien repelió el ataque de un ladrón, el 8 de junio, pero tuvo que ser hospitalizado.
A lo anterior se suman los atentados en contra de edificios administrativos de la Iglesia católica. La madrugada del 25 de julio se perpetró un ataque con explosivos caseros en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
El libro Tragedia y crisol del sacerdocio en México es el resultado de más de cinco lustros de estudio de la unidad de investigaciones especiales del CCM. La obra da cuenta de los nombres de sacerdotes que han sido asesinados desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El recuento se nutre de un análisis de las causas y consecuencias, además de complementarse con un elaborado informe de templos y lugares de culto que han sido blanco del crimen. Detalla el robo de arte sacro cometido por bandas organizadas.
La presentación de la obra fue realizada por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca.
La PF asegura que ante el avance de la delincuencia es necesaria mayor preparación de sus agentes
Foto Notimex
César Arellano García
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 4
En la presente administración, de 52 mil 778 reportes ciudadanos atendidos por la Policía Federal (PF), 3 mil 680 están relacionados con pornografía infantil, 11 mil 161 con solicitudes de colaboración presentadas por otras autoridades, 3 mil 337 son vinculados con delitos contra menores y adolescentes, así como trata de personas.
Durante el 33 foro regional Prevención de Conductas Criminógenas y Antisociales, Patricia Trujillo Mariel, titular de la División Científica de la PF, aseveró que fraudes, entre ellos los bancarios, la falsificación, pornografía infantil y daños personales son los principales delitos cibernéticos que se denuncian en el país.
Además señaló que por el uso de gadgets en edades cada vez más temprana, niños y adolescentes son proclives a ser víctimas potenciales del ciberespacio. Indicó que de 262 presuntos delincuentes detenidos en los que va del sexenio, 112 fueron por pornografía infantil y 37 por trata de personas; además 91 víctimas fueron identificadas y puestas a salvo.
De 191 diligencias de cateo cumplimentadas, 180 fueron por pornografía infantil y trata de personas. También de 848 alertas Amber diseminadas, 433 personas fueron localizadas.
En otro panel, Patricia Bugarín Gutiérrez, coordinadora nacional antisecuestro, apuntó que sólo 5 por ciento del total de llamadas con fines de extorsión llegan a tener éxito y que el trabajo de coordinación entre las autoridades es lo único que puede ayudar a combatir este tipo de crimen.
La extorsión es como el primo hermano del secuestro. Sufre el mismo impacto una víctima de secuestro virtual, donde sus familiares son engañados sobre la posible privación ilegal de la libertad con la finalidad de conseguir el pago de cierta cantidad.
Dijo que la coordinación a su cargo detecta hasta tres modalidades nuevas de extorsión al día.Se requiere una mayor capacidad de reacción de las autoridades y un mayor conocimiento que implica no sólo atender lo que sucede, sino hacer investigación, análisis, una proyección de lo que puede estar aconteciendo en el ámbito delictivo, con el uso de tecnología, de números telefónicos, se requiere una vinculación mucho más firme no nada más de autoridades, sino también por supuesto instituciones del orden privado.
Mencionó que desde 2014 se han creado 32 Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro en todo el país y una a escala federal, que laboran de maneja conjunta compartiendo información y cuentan con el soporte de las policías, pero también de las otras fuerzas que conforman el trabajo de análisis e investigación.
Las fuerzas especiales cuentan con agentes capacitados para ello, pero el vínculo que nos une ha sido la PF, con la creación de la División de Investigación, con personal que ha venido laborando para conocer cómo se conforma el delito, cómo se viene presentando el fenómeno para tener la capacidad de atacarlo, concluyó.
De la Redacción
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 4
La misión del Estado Mayor Presidencial en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto es mantener el ímpetu para resguardar la seguridad del titular del Ejecutivo, donde no caben los errores y tampocopodemos permitirnos caer en conformismos por los logros pasados, advirtió el general Roberto Miranda Moreno.
Al presentar su quinto informe de actividades, indicó que se redactó el Plan Estratégico del Estado Mayor Presidencial, con base en un diagnóstico para el desarrollo organizacional del mismo. Se identificaron las áreas de oportunidad que le permitirán seguir creciendo.
Durante el acto, efectuado en el Casino Militar del Campo Marte y adonde acudieron ex jefes del Estado Mayor Presidencial y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, quien asistió con la representación de Peña Nieto, el general advirtió que la prioridad de sus acciones siguen siendo la seguridad, la logística y la administrativa.
En el resguardo del mandatario, dijo,en cada escalón de mando la exigencia debe ser estricta, apegada a derecho, enfocada en la mejora de los procedimientos, para generar una doctrina propia en la seguridad presidencial que se enriquezca bajo la visión de la innovación.
Manejo de recursos
Miranda señaló la prioridad que se ha dado al manejo transparente de los recursos económicos y materiales asignados. También comentó sobre la participación que tuvieron los integrantes del Estado Mayor en la atención de la emergencia por el sismo del 19 de septiembre.
El personal de Guardias Presidenciales se desplegó en los edificios colapsados en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde lograron rescatar tres cuerpos sin vida de un edificio de la calle de Puebla.
También mencionó quecomo un justo reconocimiento a su destacada participación en la aplicación del Plan MX y del Plan DN-III-E, el alto mando del Ejército confirió el ascenso al grado inmediato superior al cabo albañil Rogelio Escobar Gutiérrez y a los soldados de infantería Emmanuel Merari de los Santos Monzón y Juan Carlos Nieves Pulido.
Además,como resultado del Plan Marina, el 24 batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales integró un grupo de tarea compuesto por tres compañías, que rescataron con vida a 29 personas y también 12 cuerpos. Por eso, dijo,a todos ellos nuestro reconocimiento.
A su paso por México son víctimas de robos, abusos, secuestros y ataques del crimen organizado
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 5
La violencia se ha convertido en la principal razón por la que las mujeres de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica deciden migrar, confirma un estudio elaborado de manera conjunta entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con la investigación, 46.6 por ciento de las migrantes centroamericanas en tránsito por México mencionó tener temor por su integridad física e incluso su vida si permanecían en sus lugares de origen.
En el Día Internacional del Migrante, ambas instancias presentaron ayer el estudio Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México.
En ese contexto, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, indicó que ante este riesgo las mujeres de estos países han dejado atrás todo: padres, hijos y en ocasiones a la familia entera.
La segunda razón por la que las centroamericanas deciden tomar la ruta migratoria son las limitantes económicas: 32 por ciento de ellas argumentaron esos motivos.
Para realizar la investigación se aplicó una encuesta a una muestra representativa de mil migrantes en tránsito por México, de 15 años o más, alojados en albergues y casas del migrante en cinco zonas del país, además de 45 entrevistassemiestructuradasal personal que los asiste en dichos espacios.
Los datos arrojan que en términos generales las causas de la migración se invierten: las razones económicas y la falta de empleo son la principal por la que hombres, mujeres, adolescentes y hasta niños migren con destino hacia Estados Unidos o México. Poco más de la mitad de los entrevistados (51 por ciento) dijeron que abandonaron sus países por esto, en tanto que 35.7 por ciento lo hicieron por la violencia y la inseguridad.
La encuesta muestra que del total de migrantes que pasan o se quedan en México, 94.4 por ciento es de origen centroamericano (siete de cada 10 son hondureños), mientras que 5.6 por ciento restante tiene distintas nacionalidades, como haitianos, cubanos, rusos, congoleños, entre otras.
Varios son los riesgos a los que se enfrenta este sector a su paso por territorio mexicano: 20.3 reportó haber sido víctima de robos, 15.3 de operativos migratorios, 10.7 de secuestros y 10.2 de abusos o cooptación por parte del crimen organizado. También destaca que 4.6 por ciento denunciaron haber sufrido racismo y discriminación.
México ya no sólo es un país de tránsito, sino también de destino para este sector. El estudio de la CNDH y el IIJ indica que las principales razones por la que deciden quedarse en territorio mexicano son: el endurecimiento de las políticas y operativos migratorios en Estados Unidos, y las mejores condiciones de vida y seguridad que México les ofrece en comparación con sus lugares de origen.
Cuatro de cada 10 migrantes siguen usando a la llamada Bestia (tren) como principal método de transporte en su afán para llegar a Estados Unidos. La mayoría reportó que las zonas más peligrosas en la ruta migratoria es el sur del país, de Chiapas al estado de México, y entidades como Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Baja California.
La investigación advierte sobre la necesidad de supervisar las agencias de seguridad privada contratadas para el cuidado de la ruta ferroviaria, ya que no respetan los derechos humanos de los migrantes y, en ocasiones, actúan en complicidad con los miembros de la delincuencia organizada.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 3
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