La disputa no se resuelve con la sentencia reciente de un magistrado, que favorece a una parte: ONG
Mientras en Acteal, municipio de Chenalhó, se alista la conmemoración del 20 aniversario de la masacre ocurrida ahí el 22 de diciembre de 1997, el grave conflicto territorial y social entre Chalchihuitán y Chenalhó, con inconfesables tintes políticos, sigue sin resolverse y persiste el desplazamiento forzado y violento de cientos de familias tzotziles de ambos ayuntamientos en los altos de Chiapas, en la misma zona de la masacre.
Una brigada médica independiente que visitó a los desplazados de Chalchihuitán reporta quesiguen en las mismas condiciones; los disparos de grupos armados de Chenalhó continúan contra cinco comunidades y las necesidades se están agudizando. El Estado continúa siendo omiso en la solución de esta problemática. En tanto, hoy se celebró en esta ciudad una reunión entre las partes y el gobierno.
Administración del conflicto
Al citado reporte de Salud y Desarrollo Comunitario y de la Casa de La Mujer Ixim Antsetic se suma lo documentado por un considerable número de organizaciones civiles, de derechos humanos y de la mujer, ambientalistas, culturales y educativas, además de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (84 grupos en 23 estados de la República):No se cumplieron las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federalpor la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el conflicto agrario no se resuelve con la sentencia de un magistrado en días pasados.
Los organismos concluyen que la sentencia de Claudio Aníbal Vera Constantino, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, distrito 3 de Tuxtla Gutiérrez,suscrita y certificada desde el 6 de noviembre (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), fue notificada a las autoridades comunales de Chalchihuitán y Chenalhó, y hecha pública hasta el 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia), lejos de dar una solución, en su ambigüedadparece producto de un cuidadoso cálculo político que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticosdel gobierno.
Lahistórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad. Los organismos, muchos de ellos involucrados en la actual atención a los desplazados, consideran que, a pesar de que la sentencia pareciera mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias,en realidad favorece absolutamente a Chenalhó, y con ello encubre y alienta los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, que, por laacción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas; en su mayoría, personasde extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos.
Hasta el momento han fallecido por lo menos 11 personas,manteniendo a la base comunitaria de ambos pueblos en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento.
En este contexto, las organizaciones ratifican la exigencia de desarticular, desarmar y castigar a los grupos armadosque están actuando bajo la complacencia de los gobiernos local y estatal. También investigar y resolver denuncias previas y expedientes congelados, el castigo a responsables y auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula,ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.
Así, a la confiscación de armas, los organismos apremian en favor de acciones judiciales efectivas: reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno, aplicación de protocolos, garantías de seguridad e instalación de campamentos para desplazados, ayuda humanitaria y de salud, garantías para el retorno y la reintegración, reparación del daño y aplicación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y vecinos de la colonia Granjas de la Estrella, en la capital del país, marcharon con antorchas para exigir justicia y aparición de los jóvenesFoto Guillermo Sologuren
Sergio Ocampo y Emir Olivares
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 10
Familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi 39 meses y estudiantes de esa normal rural empezaron ayer una jornada de acciones que realizarán este fin de año (hasta el día 26) para exigir la presentación con vida de los jóvenes, justicia y verdad por esos hechos.
Por la mañana, contingentes de alumnos tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol México-Acapulco, en demanda de recursos económicos para el sostenimiento del servicio del comedor escolar. La Jornada Nacional de Lucha dio inicio ayer y concluirá el 26 de diciembre en Ciudad de México, con una marcha procesión a la Basílica de Guadalupe.
Ayer por la tarde, en la colonia Granjas de la Estrella, en la delegación Iztapalapa de la capital del país, los familiares de los normalistas y vecinos del barrio realizaron una marcha con antorchas, una letanía y una posada para exigir justicia por la desaparición de los jóvenes. Los vecinos del barrio dieron la bienvenida a los padres, mientras estos agradecieron el apoyo y acompañamiento.
En el plan de acción para este viernes se proyecta una visita a las parroquias de la Resurrección y San Pedro Mártir, en los Reyes Coyoacán. Después se hará una marcha de antorchas del Hemiciclo a Juárez al Antimonumento a los 43. El 24 harán un mitin en la caseta de cobro de Tlalpan. El 25 se reunirán con trabajadores y posteriormente realizarán un acto político cultural en la colonia Álamos.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 10
Más de 120 organizaciones civiles, nacionales e internacionales, demandaron a las autoridades federales y estatales implementar una estrategia de desarticulación y castigo de los grupos civiles armados,de corte paramilitarque actúan en Los Altos de Chiapas y que cuentan con la complacencia de las autoridades de la entidad y municipales.
Esta situación, enfatizaron, ha agudizado el histórico conflicto agrario entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, obligando al desplazamiento de miles de indígenas, la mayoría de extrema vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños y ancianos, provocando hasta el momento la muerte de por lo menos 11 personas”.
Exigieron que se reconozca a las comunidades afectadas como víctimas de desplazamiento interno y se establezcan las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad, protección y atención inmediata diferenciada, reparación de los daños al patrimonio y de las violaciones a los derechos humanos de los miles de desplazados. Medidas quedeberán responder a los más altos estándares internacionales en la materia y en consonancia con lo expuesto en la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado.
Cuidadoso cálculo político
Organizaciones como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria y de la Montaña Tlachinollan; Servicios y Asesoría para la Paz; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos HumanosTodos los Derechos para Todas y Todos, y la Unión Finlandesa por la Paz, entre otras, firmaron un pronunciamiento conjunto en el que criticaron la sentencia de un Tribunal Agrario Unitario, dando la razón al municipio de Chenalhó por el conflicto de tierras.
En su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos. Agregan que en sus cuatro resolutivos finales, el fallo del tribunal ambiguamente pareciera mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias. Sin embargo,en realidad favorece absolutamente a Chenalhó, y con ello encubre y alienta los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, que ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento.
El castigo por hurto de equipaje o valores es de dos a siete años de cárcel
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 11
El Senado aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros, para sancionar hasta con 12 años de cárcel el robo de mercancías a personas que presten o utilicen los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado”.
Asimismo, se establece quecuando únicamente hurten el equipaje o valores de turistas o pasajeros, la sanción será de dos a siete años de prisión.
En el dictamen aprobado se subraya que en la red carretera del país ocurren 180 robos de vehículos de carga por día en la zona México-Puebla-Veracruz, conocida por los transportistas como el Triángulo de las Bermudas, por el gran número de camiones desaparecidos, atracos y secuestros.
Aunado a ello, en los considerandos del dictamen se señala que en los estados de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Ciudad México es donde más despojos existen.
Se indica además que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que de 2006 a 2010, el robo al autotransporte se incrementó en 108 por ciento.
De igual forma, se refiere que el problema del hurto de contendores se acentúa más en el país, ya que de acuerdo con el estudio Robo de Carga en México 2012, de Freight Watch International,es la nación que más asaltos registra. El director de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) citó que en 2012 la situación se volvió más violenta, debido a quealgunos conductores fueron asesinadosen enfrentamientos armados”.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC señala que en 2013 se reportó un incremento de 38 por ciento en el atraco al transporte de carga, de ellos, 18 por ciento fue con violencia en todo el país, con un total de 4 mil 200 robos, de los cuales 78 por ciento se cometieron en el estado de México.
Se detalla que en 2014 siguió la tendencia al alza, con 25 por ciento, y durante el primer bimestre de 2015 el robo con violencia al transporte de carga en la red carretera nacional registró un incremento de 90 por ciento, y 533 por ciento sin violencia.
Asimismo, se precisa que, lamentablemente, en 2012México fue declarado como el país que tuvo el mayor número de asaltos a camiones de carga en su sistema carretero. Se modifican los artículo 376 ter y 376 quáter.
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 11
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Wenceslao Álvarez Álvarez, El Wencho,quien fuera jefe de plaza en Nueva Italia, Michoacán, para Los Caballeros Templarios.
El Ministerio Público Federal dio a conocer que el extraditado contaba con una orden de aprehensión librada por la Corte Federal de Distrito para el distrito norte de Georgia, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero
Explicó que la entrega se dio una vez agotadas las etapas del procedimiento, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo por el cual el gobierno de México concedió el envío.
La operación se realizó ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde elementos de la Policía Federal Ministerial entregaron a El Wencho a agentes del Servicio del Alguacil de Estados Unidos.
Desde 2010, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó en sus listas de narcotraficantes identificados a Wenceslao Álvarez Álvarez y su socio Ignacio Mejía Gutiérrez, y prohibió a las corporaciones de ese país realizar cualquier negocio con las empresas Mega Empacadora de Frutas e Importaciones y Exportaciones Nobaro.
Lo anterior, toda vez que las autoridades estadunidenses señalaron que “durante muchos años, Wenceslao Álvarez Álvarez ha sido operador de una amplia red del narcotráfico que va de Colombia hacia Atlanta, Georgia. Su identificación y la de sus redes financieras constituyen parte de los esfuerzos para combatir los cárteles mexicanos que operan en ambos lados de la frontera, y se negará a estas organizaciones el acceso al sistema financiero estadunidense”.
Indica MP que el gobierno estatal pasaba recursos a operadores del PRI mediante talleres y cursos
El gobernador Javier Corral ordenó a la fiscalía de Chihuahua dar a conocer los resultados de la investigación sobre las denuncias contra el prófugo César DuarteFoto Cuartoscuro
Jesús Estrada y Rubén Villalpando
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 12
Chihuahua, Chih.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y quien fue diputado federal y senador por Coahuila, fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de peculado agravado, un día después de haber sido detenido en Saltillo, Coahuila.
Según Ricardo Yáñez Herrera, quien fue secretario de Educación, Cultura y Deporte durante el gobierno de César Duarte Jáquez, el CEN del PRI operó en 2016, mediante Alejandro Gutiérrez, desvíos de recursos en Chihuahua y otros cinco estados con convenios de fortalecimiento financiero entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los gobiernos estatales para que con recursos no presupuestados se simularan contratos con empresas afines a funcionarios priístas.
Yáñez Herrera, actualmente preso y sometido a proceso penal acusado también por el delito de peculado, declaró que el presidente nacional del PRI en 2016, Manlio Fabio Beltrones, con respaldo de la SHCP, operó desvíos de recursos en Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas para apoyar campañas priístas.
En su declaración testimonial, Yáñez Herrera reveló que Alejandro Gutiérrez Gómez, hijo de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, sugirió asesinar a quien entregó al PAN las copias de las facturas relacionadas con el desvío de los 250 millones de pesos, desfalco que se imputa al ex senador coahuilense por órdenes del entonces gobernador César Duarte Jáquez.
El juez de control Octavio Armando Rodríguez Gaytán dictó auto de vinculación a proceso contra Alejandro Gutiérrez por daño al erario de Chihuahua. En concreto se acreditó el desvío de recursos públicos por simular cuatro contratos por prestación de servicios profesionales que costaron 250 millones de pesos, pagos que realizó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua a las empresas Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías Sisass, Despacho de Profesionistas Futura y Jet Combustibles, ésta última tiene como representante a Gutiérrez Gómez, sin que ninguna cumplieran.
Priscila Lacón, agente del Ministerio Público, acusó a Alejandro Gutiérrez de haberse favorecido directamente con el contrato SH/AD/067/2016 por un monto de 4 millones de pesos que recibió su empresa Jet Combustibles SA de CV por servicios que nunca fueron prestados al gobierno de Chihuahua.
José Antonio García López, Antonio Collado y Marina Vázquez, abogados de Alejandro Gutiérrez, solicitaron al juez adelantar la audiencia de vinculación a proceso para conocer lo más pronto posible las medidas cautelares que se seguirán contra el ex funcionario y operador político de Manlio Fabio Beltrones. Por ello, el Ministerio Público se vio obligado a desahogar más elementos de la investigación.
La defensa cuestionó que la acusación no establezca el origen preciso de los recursos presuntamente desviados, así como el monto exacto del quebranto por la celebración de los contratos, desestimó las declaraciones de testigos de identidad reservada y consideró que el ex senador por Coahuila no podía ser vinculado a proceso por el delito de peculado, al no desempeñar cargo público al cometerse el supuesto ilícito.
El Ministerio Público detalló los movimientos para desviar los recursos desde el gobierno de Chihuahua a operadores del PRI nacional, mediante la simulación de un contrato por concepto de talleres para padres por 55 millones de pesos, capacitación para docentes de nivel básico por la misma cantidad, la simulación de cursos de educación ambiental por los cuales se pagaron 46 millones de pesos, diseño e implementación de software por el cual se erogaron 90 millones y elaboración de manuales para protección civil en uso de helicópteros del gobierno estatal, por 4.4 millones de pesos, dinero pagado a la empresa Jet Combustibles.
La Fiscalía General del Estado aclaró que la detención de Alejandro Gutiérrez se efectuó en Saltillo, Coahuila, no en la Ciudad de México, como se informó el miércoles en un operativo que contó con la colaboración de agentes de Chihuahua y de la Policía Federal.
El imputado fue detenido debido a una orden de captura girada por un juez de control del distrito judicial Morelos de Chihuahua.
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 22 de diciembre de 2017, p. 10
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
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