Niñas y adolescentes, de las más agredidas
Al
menos 13 mil 810 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en
Colombia durante la guerra civil por la que el país sudamericano pasa
desde hace más de 50 años. Los principales agresores son miembros de
grupos paramilitares, guerrilleros y de las Fuerzas Armadas.
Esto reveló el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su
informe “La guerra inscrita en el cuerpo”, publicado a inicios de este
mes. El estudio muestra los resultados obtenidos del registro y la
recolección de testimonios de víctimas de violencia sexual – como acoso,
violaciones sexuales, explotación sexual comercial, extirpación de
genitales, entre otras- cometidas desde 1958 hasta 2016 en el contexto
de la guerra civil.
El CNMH contabilizó 15 mil 076 víctimas, 91.6 por ciento de ellas
mujeres (13 mil 810). De los más de 15 mil casos determinó que en 4 mil
837 del total (32 por ciento) los responsables fueron agentes
paramilitares, en 31.5 por ciento (4 mil 722) miembros de las guerrillas
y en 206 se identificaron a agentes del Estado como responsables
directos; mientras que a los grupos armados conformados durante el
gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (de 2002 a 2010),
conocidos como “Grupos Armados Posdesmovilización”, se le atribuyeron
950. Destaca que 3 mil 973 de las víctimas no identificaron la
pertenencia de sus agresores a un grupo en específico.
En cuanto a la pertenencia étnica de las mujeres se determinó que al
menos mil 152 tenían origen afrocolombiano y 152 indígena. Además, el
informe reveló que las principales víctimas fueron niñas y adolescentes
de 0 a 19 años de edad, pues se registró a 5 mil 013 víctimas en este
rango.
La instancia dependiente del Departamento para la Prosperidad Social
del gobierno colombiano, concluyó que la violencia sexual contra las
mujeres se relaciona directamente con el conflicto armado pues se usa
como “estrategia de guerra”, ya que se comete para frenar la labor de
maestras, periodistas, defensoras de los Derechos Humanos y mujeres
líderes de sus comunidades que se oponen a la actuación política y
militar de los grupos armados.
También se emplea como medio de tortura para obtener información y
como "estrategia de disciplina" de los hombres hacia las mujeres que
integran los grupos armados para remarcar las relaciones de poder y
jerarquías; además de ser parte de la violencia ejercida para obligar a
una población a desplazarse y despojarlas de sus tierras. Estas
agresiones cometidas en el contexto violento que se vive en Colombia han
expuesto a las mujeres y sus cuerpos como “sinónimos de territorios y
de objetos en disputa”, denunció el CNMH.
Otro factor que sustenta la relación de las agresiones sexuales con
el conflicto colombiano fue el aumento de casos en periodos políticos
relevantes. Por ejemplo, de 2000 a 2005 se registraron 45.7 por ciento
de los casos, cuando el gobierno colombiano promovió con más intensidad
el uso de las armas y las guerrillas también respondieron con acciones
violentas. Mientras que de 2011 a 2014, donde se cometieron 11.8 por
ciento de las agresiones, corresponde al periodo en el que se buscó con
más intensidad reacomodar a las guerrillas.
Organizaciones civiles colombianas han alertado sobre la urgencia de
erradicar y sancionar esta violencia por las afectaciones al proyecto de
vida, a la salud física y emocional de las mujeres, lo que se corroboró
con los testimonios de mujeres y niñas que refirieron presentar
embarazos producto de violaciones, de ellas varias afirmaron llevarlos a
término porque no tuvieron alternativas para interrumpirlo, incluso en
los casos que ocurrieron después de 2006, cuando el Estado colombiano
legalizó la interrupción del embarazo si es producto de una violación.
El informe “La guerra inscrita en el cuerpo” se realizó luego de que
durante años organizaciones y colectivos de mujeres solicitaran al
gobierno justicia para las víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado y la documentación de los casos.
El resultado de sus exigencias derivó en la promulgación, en 2014, de
la Ley 1719, misma que obliga al gobierno colombiano a implementar
medidas que garanticen el derecho de acceso a la justicia para estas
víctimas; dicha legislación también ordenó al CNMH a realizar el
diagnóstico del contexto en el que se agrede sexualmente a las mujeres
en el país.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México
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