CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.-Para superar la
crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 los países podrían
desarrollar políticas de reactivación económica centradas en el crecimiento
inclusivo, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental e implementar
medidas de alivio fiscal para personas en condiciones de vulnerabilidad como
mujeres, adultas mayores y trabajadoras informales.
De acuerdo con la nota técnica “Los impactos socio-económicos
del COVID-19 y las desigualdades de género. Recomendaciones y
lineamientos de políticas públicas”, elaborada por el Área de Género del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América
Latina y el Caribe, para enfrentar la crisis socioeconómica derivada de
la pandemia, se necesita una política fiscal “activa género responsiva”.
El documento, elaborado a partir de recomendaciones realizadas por el
PNUD y otras agencias de Naciones Unidas, explicó que la experiencia en
otros brotes epidemiológicos como el virus del ébola EVD4, el Zika, el
MERS, el SARS o el AH1N15, muestran que las personas en mayor situación
de vulnerabilidad son quienes resultan más afectadas, como personas
adultas mayores o con discapacidad, familias en situación de pobreza o
con alto riesgo de recaer en la pobreza y en general quienes trabajan
por cuenta propia o en actividades informales y sin protección social.
Se estima, explicó la nota técnica del PNUD, que la crisis del COVID-19
disparará una recesión económica aún más profunda que la crisis
financiera de 2008. La desaceleración global de la economía situará la
tasa de crecimiento anual del PIB por debajo del 2.5 por ciento, con un
potencial estimado de afectación del ingreso a nivel global de al menos 1
billón de dólares. De acuerdo con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), en un escenario conservador, América Latina y
el Caribe crecerá a una tasa negativa de -1.8 por ciento.
La
desaceleración de la economía impactará los ingresos y el empleo de las
personas, particularmente de mujeres y aquellas en situación de
vulnerabilidad, por ello el organismo recomendó que las políticas para
responder a esta realidad deben incorporar el enfoque de género, pues la
pobreza también tiene esta dimensión.
Por ejemplo, en
2017 el índice de feminidad de los hogares en situación de pobreza era de 113
mujeres por cada 100 hombres y el de pobreza extrema era de 116 mujeres por
cada 100 hombres, según la Cepal.
La Organización Internacional del Trabajo destaca que 54.3 por ciento de las
mujeres en la región trabajan en condiciones de informalidad y en el caso de
las y los jóvenes, la situación es más apremiante ya que la informalidad afecta
al menos a 60 por ciento, una condición que implica bajas remuneraciones,
condiciones laborales precarias y nula protección social.
En este contexto, el PNUD mencionó que una política fiscal “activa género
responsiva”: empieza por que el Estado clasifique la propiedad y tamaño de
las empresas para identificar las micros, pequeñas y medianas empresas que son
propiedad de mujeres, y que los apoyos respondan a sus necesidades
particulares.
Entre las medidas recomendadas está activar subsidios, transferencias u otros
apoyos económicos directos o vía descuento fiscal a sectores afectados,
priorizando aquellos que garanticen el abastecimiento interno y la generación
de empleo. Otro ejemplo, es implementar el control de precios de la canasta
básica alimentaria, así como de insumos de salud masivos (cubrebocas, alcohol
en gel y desinfectantes) para responder al COVID-19.
Entre las medidas de alivio fiscal para personas y familias se encuentran:
ampliar los plazos para pagar contribuciones a la seguridad social e
implementar pagos diferidos o escalonados de impuestos para las y los
trabajadores por cuenta propia y para personas que hayan perdido su empleo, que
hayan reducido su jornada de trabajo o les hayan suspendido temporalmente el
contrato.
Las medidas propuestas por la agencia de Naciones Unidas también incluyen
ampliar las políticas de protección social, transferencias de recursos,
subsidios y pensiones a la población en mayor nivel de vulnerabilidad, como
personas adultas mayores, trabajadoras informales, trabajadoras del hogar y
familias en situación de pobreza; así como medidas dirigidas al mantenimiento
del empleo como proponer jornadas reducidas, vacaciones pagadas y otros
subsidios.
Las mujeres en situación de pobreza, explicó, se verán más afectadas, no
solamente por el trabajo de cuidados y la pérdida de ingresos si están en la
informalidad, sino por las propias condiciones de infraestructura en sus
hogares, barrios y comunidades.
Por esta razón, otras recomendaciones son la suspensión de pagos de servicios
esenciales como energía eléctrica, gas y agua, a familias y grupos de alta
vulnerabilidad; o bien, congelar las tarifas y precios del suministro de estos
servicios básicos, realizar la reconexión si fueron suspendidos o ampliar la
cobertura en zonas de concentración de alta vulnerabilidad. También propone que
los gobiernos prohíban cortes en el suministro de estos servicios esenciales,
aún cuando haya falta de pago por los mismos.
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