Represión feminista & Colombia
Fuentes: Rebelión
Carlota Salinas de la ONG Organización Femenina
Popular acompañaba a víctimas del conflicto armado y socorría a
poblaciones vulnerables ante el COVID-19.
El pasado 24 de marzo fue asesinada la lideresa feminista colombiana
Carlota Salinas. Mientras en Argentina las residentes colombianas se
sumaban a la campaña de los pañuelos blancos y militaban con los medios a
mano por una perspectiva feminista de memoria histórica, en su país
había sido baleada una de las máximas referencias del movimiento de
mujeres de la Costa Caribe.
Durante diez años Carlota militó en la Organización Femenina Popular
(OFP) por los derechos de las mujeres productoras, desempeñándose como
coordinadora de las Mujeres del Valle del Rio Cimitarra. La OFP es una
organización histórica de la Región Caribe colombiana. Ésta nació en la
ciudad petrolera de Barrancabermeja en 1972 en conjunto con algunos
sectores provenientes de la teología de la liberación, con los objetivos
de eliminar la violencia patriarcal al interior de los hogares
laburantes de la industria del petróleo –principalmente- y acompañar a
las mujeres afectadas por los maltratos machistas, tanto aquellos
referidos a la violencia física como a la económica.
Según la denuncia presentada por la OFP, Carlota fue acribillada a
las afueras de su hogar en el municipio de San Pablo (provincia de
Córdoba). Gloria Suarez, representante legal de la organización,
comentó a la prensa que hasta el momento de su asesinato Carlota estuvo
encargada de recolectar suministros para las familias más vulnerables
del pueblo en medio de la crisis sanitaria del coronavirus.
San Pablo es considerado por los organismos de Derechos Humanos uno
de los municipios más afectados por la guerra y con mayor número de
víctimas por el conflicto armado. Durante los diálogos de paz entre el
gobierno y la guerrilla de las FARC (2012-2016) la presencia de dicho
movimiento insurgente en el municipio se disipó. Sin embargo, en la zona
se presenta un aumento de la presencia paramilitar de ultraderecha y el
rearme constante de grupos ilegales que el gobierno se niega en
reconocer como parte de los históricos aparatos represivos del
paramilitarismo, en los cuales estarían involucrados altos mandos del
ejército y referentes políticos como el ex presidente Álvaro Uribe
Vélez.
En la actualidad los líderes y lideresas sociales viven bajo amenazas
constantes, sobre todo quienes se organizan en función del
reordenamiento comunitario de los recursos naturales. La maquinaria
extractivista impulsada por los gobiernos uribistas deja a su paso
millones de desplazamientos y asesinatos.
En el 2018 Francia Márquez, la máxima referenta medioambiental del
país cafetero, reconocida internacionalmente con el premio Goldman
Environmental Prize, sobrevivió a un atentado armado mientras se
encontraba reunida con otras referentas de las organizaciones campesinas
de su región. Según la militante, el país sufre las consecuencias del
entronque ente el patriarcado, el capitalismo y el racismo. «El
patriarcado junto al racismo y el capitalismo han sido las formas de
opresión que han destruido nuestra casa y por eso nuestro planeta está
en altos niveles de riesgo» comentó tras el atentado.
La muerte de Carlota Salinas se suma a los ochocientos asesinatos de
líderes y lideresas sociales después de la firma de los acuerdos de paz
en el 2016. Según un artículo del diario El Espectador, el aumento de
agresiones hacia las mujeres militantes se habría elevado a una tasa
cuatrimestral del 3% en el 2019. «En algunos departamentos como el
Putumayo, por ejemplo, la Alianza de las Mujeres Tejedoras de Vidatiene
trece amenazadas y una desaparecida: Deyanira Guerrero, cuyo paradero
se desconoce desde mayo de 2018. El departamento con mayores agresiones
es Cauca, con 22 para el período analizado», continúa el artículo.
Mientras la cuarentena sirve como telón para cubrir el accionar del
terrorismo de estado, el bloque de gobierno de ultraderecha, a la cabeza
de Álvaro Uribe e Iván Duque, llama al pueblo colombiano a ser un
espectador silencioso de este macabro escenario. El presidente se limita
a pedir por todos los medios que la crisis humanitaria y sanitaria no
sea abordada con “fines ideológicos”.
La respuesta del feminismo en Argentina (corazón de la Tercera Ola)
es inclemente ante el entronque patriarcal, racista y capitalista. En
postrimerías al 24 de marzo, día Nacional por la Memoria, la Verdad y la
Justicia, tanto locales como residentes colombianas piden justicia y
reclaman al estado colombiano que asuma la responsabilidad política de
la crisis humanitaria y el avance del paramilitarismo.
Sobre la autora: Militante de la Cátedra de Feminismos Populares y Latinoamericanos La Martina Chapanay.
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