Editorial La Jornada
De acuerdo con información
revelada por la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos,
ningún país latinoamericano supera a México en la cantidad de dinero
transferido por sus ciudadanos y empresas al sistema bancario
estadunidense: a enero de este año, el monto de los recursos remitidos
por mexicanos a cuentas bancarias de la nación vecina sumó 76 mil 166
millones de dólares, 31 por ciento de los 246 mil millones depositados
por el conjunto de Latinoamérica. En el podio de la expatriación de
divisas le siguen Brasil, con 29 mil 239 millones; Chile, 29 mil 41
millones; Argentina, 22 mil 277 millones; Panamá, 17 mil 199 millones, y
Perú, 17 mil 136 millones de dólares.
A fin de dimensionar el significado del monto llevado a Estados
Unidos por consorcios y por millonarios personales mexicanos, cabe
señalar que duplica el ingreso de divisas por remesas a lo largo de
2019, y multiplica por 3.3 la inversión extranjera directa captada por
el país en el mismo año. Además, debe destacarse que sólo en el mes
transcurrido entre diciembre de 2019 y enero de este año los recursos
enviados al norte de la frontera ascendieron a 4 mil 286 millones de
dólares.
La cuantía de esos recursos y la velocidad con que se incrementan
deja al descubierto que el compromiso de los dueños del dinero con el
desarrollo nacional, expresado a título personal o por medio de sus
organismos cupulares a lo largo del pasado año, es para muchos de ellos
una mera estrategia propagandística para presentarse ante la opinión
pública como aliados de la sociedad en el cumplimiento de los grandes
pendientes nacionales, mientras en los hechos practican una brutal
descapitalización del país que lastra los esfuerzos de mejora para las
mayorías.
Pese a lo que alegan algunos de los mayores críticos empresariales,
esta fuga de capitales no necesariamente responde a una supuesta falta
de condiciones para invertir en el país, sino que parece un ataque
deliberado a la economía nacional, destinado a obligar a las autoridades
a recular en su empeño por poner fin a la corrupción y los negocios
privados a expensas de las arcas públicas. Así lo demuestra que,
mientras la inversión realizada por el sector privado local se contrajo a
lo largo de 2019, ese mismo año la inversión extranjera aumentó en 4.2
por ciento.
La cantidad de dinero llevada a Estados Unidos contrasta con los
llamados de algunos empresarios y de sus personeros para que el gobierno
federal les realice transferencias de recursos públicos, ya sea de
manera directa o por la vía de condonaciones, exenciones o créditos
fiscales, como única manera de evitar una quiebra masiva en el contexto
de la pandemia del Covid-19. Como se ve, hay en el ámbito corporativo
nacional una liquidez más que sobrada para afrontar la crisis y, si su
compromiso con México fuera real, más que exigir el uso de recursos
públicos para procurarse un alivio que no necesitan, deberían echar mano
de sus capitales para impulsar la reactivación económica, que será la
primera urgencia nacional tras la emergencia sanitaria.
De no darse una reorientación en el uso y destino de la riqueza
acumulada por un diminuto sector de mexicanos quedará clara de nueva
cuenta la veracidad de uno de los axiomas fundamentales del sistema
económico vigente: el capital no tiene patria.
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