Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad
civil de distintos países de América exigieron a los gobiernos
abstenerse de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las
personas que ya se encuentran detenidas, y garantizarles acceso a
vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos.
A través de un comunicado difundido por el Centro de la Justicia y el
Derecho Internacional (Cejil), al menos una treintena de organizaciones
de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros
otros, informaron que frente a la emergencia ocasionada por la
propagación del COVID-19, en el continente americano las personas
migrantes y solicitantes de protección internacional se han visto
impactadas de manera extrema ante las respuestas estatales de
cuarentena, toque de queda, detención, deportación, cierre y
militarización de fronteras.
Por ejemplo, dijeron que en las últimas semanas se ha denunciado que
personas migrantes venezolanas permanecen varadas tras el cierre de
fronteras en Colombia y Brasil; así como la detención de al menos 80
migrantes haitianos en Guatemala.
Las organizaciones (la mayoría que acompañan a mujeres y familias
migrantes) también han documentado el cierre de la fronteras entre
México y Estados Unidos a solicitantes de asilo, así como el aumento de
deportaciones de personas mexicanas y centroamericanas; la falta de
condiciones sanitarias adecuadas y el alto riesgo de contagio en
estaciones migratorias, centros de detención y en centros de cuarentena
para las personas ya deportadas; la represión violenta por parte de la
Guardia Nacional mexicana; el desbordamiento de la capacidad de
albergues de sociedad civil; entre otras cosas.
Frente a estos hechos y ante la posibilidad de que la población
migrante y solicitante de protección internacional se vea aún más
impactada en las próximas semanas y meses, las organizaciones firmantes
hicieron un llamado urgente a los Estados de la región para que se
abstengan de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las
personas que ya se encuentran detenidas, y garantizar su acceso a
vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos
Y pidieron tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a
la salud, integridad personal y vida de esta población, en igualdad de
condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o
nacionalidad.
Las organizaciones también recordaron la obligación de los gobiernos
de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud
pública, por ejemplo, el acceso de todas las personas en situación de
movilidad a las medidas de prevención dictadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), así como su acceso a un diagnóstico oportuno
por el COVID-19, a servicios de salud y a la atención médica necesaria
para el tratamiento del virus.
Asimismo, las organizaciones (muchas de ellas articuladas en alianzas
regionales) exigieron a los Estados frenar las deportaciones y las
devoluciones, y garantizar el acceso de todas las personas a solicitar
protección internacional.
Y recordaron el llamado de la oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Cooperación
Económica para América a Latina (CEPAL) para que los Estados garanticen
el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo, así como a
respetar el principio de no devolución.
“Las medidas implementadas en respuesta al COVID-19 no pueden impedir
que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla.
Incluso en situaciones excepcionales como la que enfrentamos, imponer
medidas que impiden la admisión de personas refugiadas o solicitantes de
asilo, sin protegerles contra la devolución, es violatorio de sus
Derechos Humanos y contrario a las obligaciones de los Estados”,
enfatizaron las organizaciones civiles.
Asimismo, las organizaciones señalaron que las medidas implementadas
como respuesta a esta crisis no pueden ser discriminatorias ni dar lugar
a resultados indeseables que impacten negativamente el disfrute de los
Derechos Humanos, sino que éstas deben ser “proporcionales, necesarias,
planteadas e implementadas desde un enfoque de DH y género”.
También pidieron que los albergues en los que se reciba a personal
migrante cuente con medidas para prevenir los contagios, así como
personal de salud capacitado para brindar atención diferenciada
poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como personas adultas
mayores, personas en condición de discapacidad, personas LGBTIQ+,
mujeres, niños y niñas.
Asimismo, —dijeron— frente a los límites a la movilidad y/o a la
restricción de las garantías constitucionales impuestas por las
naciones, que impactan de manera particular el acceso al trabajo de las
personas migrantes, los Estados de la región les deben garantizar el
acceso a medios de subsistencia como al resto de la población.
Y ante la militarización de las fronteras y las denuncias por
represión, las organizaciones recordaron a los Estados que las fuerzas
militares deben abstenerse de asumir labores de seguridad ciudadana, de
salud, o migratorias., y. garantizar su acceso a información pertinente,
oportuna, clara, basada en evidencia científica y de calidad sobre la
pandemia.
“En una región tan impactada por la desigualdad, la pobreza, la
corrupción y el extractivismo, esperamos que en el marco de esta crisis
los Estados avancen hacia la construcción de sistemas de protección y
seguridad social más solidarios y robustos, hacia el pleno acceso al
agua y a la salud para todas las personas, y hacia el reconocimiento y
la garantía de los derechos humanos de toda la población sin
discriminación alguna”, expresaron las y los defensores de los DH.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario