Ciudad de México. Las Oficinas en México de las
Naciones Unidas llamaron a las autoridades mexicanas a salvaguardar la
salud e integridad de las personas privadas de la libertad, las cuales
suman 197 mil 516 hombres y 10 mil 827 mujeres, de acuerdo con el
Informe de actividades 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
En un comunicado de prensa, fechado este 31 de marzo,
las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC,
por sus siglas en inglés), la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron
prevenir el contagio en centros penitenciarios.
Los organismos
internacionales señalaron que debido a las condiciones de reclusión y
los espacios reducidos de convivencia al interior de los centros
penitenciarios, las acciones para hacer frente a la pandemia se vuelven
particularmente urgentes y relevantes.
Por lo anterior, las
agencias firmantes elaboraron de manera conjunta y coordinada el
cuadernillo: “Estándares Especiales UNAPS COVID-19”, una herramienta
basada en instrumentos internacionales y buenas prácticas para apoyar a
los sistemas penitenciarios en la prevención y contención de esta
enfermedad.
El documento, informaron, fue realizado tomando
como marco general los lineamientos de los “Estándares Avanzados de
Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario (UNAPS, por sus siglas en
inglés), un modelo de evaluación y certificación que busca mejorar la
calidad de vida y el entorno carcelario de las personas que viven
privadas de la libertad, el personal penitenciario, la niñez que viven
en estos centros con sus madres y sus visitas.
Este modelo fue
aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario el 16 de diciembre de 2019.
El cuadernillo se
compone de cuatro estándares: 1) El centro penitenciario protege y
atiende a las personas privadas de la libertad contra el COVID-19. 2) El
centro penitenciario protege y atiende a su personal contra el
COVID-19. 3) El centro penitenciario protege a los visitantes contra el
COVID-19. 4) El centro penitenciario protege a las niñas y niños contra
el COVID-19.
Estas nuevas fichas contienen prácticas
específicas en materia de salud, educación, seguridad, capacitación y
suministros, con el objetivo de retardar la inserción y transmisión del
virus, dar atención médica oportuna ante la enfermedad y respetar los
Derechos Humanos de las poblaciones objetivo en todo momento.
Esta iniciativa se enmarca en las palabras del secretario general de las
Naciones Unidas, António Guterres, quien pidió a los países del mundo
actuar juntos para frenar la propagación del virus: “Como miembros de la
familia de la humanidad, estamos trabajando las 24 horas con los
Gobiernos, proporcionando orientaciones internacionales y ayudando al
mundo a hacer frente a esta amenaza”.
En este contexto, la UNODC
puso a disposición de los centros penitenciarios el modelo UNAPS, cuyo
objetivo es fungir como una herramienta práctica para su evaluación y
mejora, basada en las condiciones específicas del país.
La
OPS-OMS colabora con personal experto, gobiernos y asociados para
ampliar los conocimientos científicos sobre este nuevo virus; además,
asesora a los países sobre las medidas para proteger la salud de la
población y prevenir la propagación del brote.
En tanto, la
ONU-DH hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que tomen
medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de las personas
privadas de la libertad.
A través de esta labor conjunta, las
Agencias de las Naciones Unidas apoyan la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y bienestar y 16: Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas.
El 30 de marzo el Subcomité
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT, por sus
siglas en inglés) emitió recomendaciones detalladas sobre acciones que
pueden realizar los gobiernos y los órganos de monitoreo independientes
para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia de
COVID-19.
Estas recomendaciones incluyen considerar la
reducción de población penitenciaria por medio de esquemas de liberación
temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad;
la revisión de todos los casos de prisión preventiva; extender el uso de
fianzas con excepción de los casos más graves; así como revisar y
reducir la detención de migrantes y los campos cerrados para refugiados.
El documento del SPT también enfatiza que todas las personas privadas
de libertad, personas en cuarentena y en entornos médicos cerrados, sus
familias y todo el personal deben recibir información confiable, precisa
y actualizada respecto de todas las medidas.
Falta de servicios
En la Ciudad de México, el 20 de marzo las mujeres en reclusión del
Centro Femenil de Santa Martha Acatitla denunciaron, a través de sus
familias, que no tenían agua. La respuesta de la Secretaria de Gobierno,
Rosa Icela Rodríguez fue asegurar que se enviarían pipas y que este
lunes se resolvería la compostura de una bomba.
El 22 de marzo
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó
que quedó restablecido el suministro de agua potable y explicó que el
servicio solo se interrumpió por unas horas y que en todo momento se
brindó apoyo a la población penitenciaria y a los familiares se les
permitió ingresar con agua potable.
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