Entrevistada por Cimacnoticias para conocer la situación que ha
emprendido la Comisión encargada de diseñar la política nacional para la
erradicación de la violencia contra las mujeres a través de la
coordinación entre los tres niveles de gobierno, ante el contexto de la
pandemia, Ochoa Ávalos dijo que han enviado oficios y cartas a los
Fiscales y Tribunales de justicia para pedirles que mantengan en
funcionamiento las oficinas que atienden a víctimas, así como las
medidas y órdenes de protección para ellas.
Con respecto a la coordinación entre las entidades, la funcionaria
dijo que a los gobiernos locales únicamente se les ha pedido que no
cierren los Centros de Justicia para las mujeres y que estén disponibles
al servicio de éstas.
Cuestionada sobre lo que han señalado diversos organismos
internacionales respecto a que el confinamiento podría derivar en mayor
violencia contra las mujeres dentro de los hogares por ser uno de los
principales ámbitos en los que se expresa la violencia machista, la
funcionaria aseguró: “no creemos que el COVID sea el espacio por el que
se genere la violencia ahora que estén juntas (las familias), sino que
tendríamos que revisar los nuevos acuerdos familiares, hacer cosas en
común o en colectivo que nunca hacemos porque no tenemos tiempo, como
comer en familia, jugar en familia, que eso nunca se hace porque no se
tiene tiempo”.
“Tenemos que verlo como una oportunidad porque hoy nos permite el
COVID estar en familia, reconocer que estamos aquí, que tenemos que
convivir y hacer nuevos acuerdos, revisar los acuerdos familiares y
tener los espacios de convivencia. Hoy que tenemos más tiempo juntas y
juntos para reconstruir nuestras relaciones y evaluarlas en cierta
medida de lo que implica para relacionarnos de manera personal”, agregó.
La funcionaria detalló que “paradójicamente” no han recibido
información o reportes sobre un aumento en los casos de violencia contra
las mujeres durante esta cuarentena; sin embargo, a raíz de la
emergencia sanitaria, su instancia tomó las siguientes acciones: lleva a
cabo recuento de los horarios de atención en los Centros de Justicia
para las Mujeres en el país; pidió garantizar el funcionamiento de estos
espacios, así como acatar medidas de higiene, como tener gel
antibacterial disponible.
De acuerdo con un documento proporcionado por la Conavim (fechado al
27 de marzo de 2020), los 48 Centros de Justicia para las Mujeres que
existen en el país reportan que se mantienen en funcionamiento, pero
cada uno con horarios de atención presencial distintos, y algunos con
servicios exclusivamente virtuales o guardias para los fines de semana.
Este documento señala que el Centro de Justicia para las Mujeres, en
Pachuca, Hidalgo, reportó que suspendió del 19 de marzo al 8 de abril de
2020 todos los plazos o términos procesales en materia familiar y en lo
aplicable para materia penal; y que en Oaxaca se suspendió la terapia
psicológica grupal en comunidades al interior del estado.
Candelaria Ochoa aseguró que los Centros de Justicia son las únicas
instancias encargadas de la atención a las mujeres que corren a su
cargo; sin embargo, dijo que en la semana del 16 al 20 de marzo, la
Conavim envió oficios y cartas los fiscales y tribunales de justicia
para pedirles que mantengan en funcionamiento las oficinas que atienden a
víctimas, así como las medidas y órdenes de protección para ellas.
Al respecto de la situación de los refugios para mujeres víctimas de
violencia –para los que la Red Nacional de Refugios exigió en días
pasados la liberación de los recursos para el ejercicio de 2020, como documentó Cimacnoticias–,
Ochoa Ávalos señaló que no es un tema que le compete, sin embargo,
aseguró tener constancia de que el año pasado no hubo recursos
disminuidos para ellos y que hoy hay 100 millones de pesos más
disponibles para
su funcionamiento.
También dijo que al día 27 de marzo, los refugios a cargo de la Red
Nacional reportaron entre 80 y 85 por ciento de cupo; mientras que en el
caso de las casas de transición en los Centros de Justicia (albergues
que dependen exclusivamente del gobierno), al menos dos de ellos no
están operando pero no por falta de recursos, sino por seguridad.
Ochoa Ávila precisó que la Secretaría de Gobernación (Segob) coordina
actualmente un grupo interinstitucional y multidisciplinario en el que
cada dependencia –como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia DIF y la Secretaría de Bienestar, del que
depende el programa PAIMEF– reporta sus acciones con perspectiva de género durante la atención del COVID-19.
El pasado 26 de marzo de 2020 — después de declararse la Fase 2- en
la página oficial del COVID-19, en la que el gobierno de México alberga
toda la información al respecto, se desplegó una nueva pestaña llamada
“acciones con perspectiva de género”; que integra un módulo llamado
“Servicios de Atención a Víctimas de Violencia” con números telefónicos
de la Unidad Médica con Servicios Especializados de Atención a la
Violencia, de cada una de las entidades.
De acuerdo con un documento oficial consultado por esta agencia,
durante la Tercera Reunión de Estrategias contra las Violencias de
Género, que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo, (única reunión de la
que hasta ahora se tiene constancia que se abordó el tema del COVID-19 y
la perspectiva de género) la Conavim detalló que los Poderes Judiciales
Locales deberán tomar las medidas necesarias a efecto de contar con
juzgados de guardia en todos los distritos judiciales, para tramitar de
manera urgente a) actos prejudiciales relativos a la separación
provisional de cónyuges, b) separación cautelar de personas y depósito
de menores de edad, c) órdenes de protección de víctimas de violencia
familiar, d) Demandas de juicios de alimentos, e) Consignación y entrega
de billetes de depósito de juicios nuevos o en trámite.
Cabe recordar que el Comité de Expertas que da seguimiento a la
aplicación de la Convención Belém Do Pará -sobre la violencia contra las
mujeres del que México forma parte- recomendó a los países actuar con
urgencia frente a esta emergencia. Para ello propuso establecer
albergues y refugios dignos en los que las mujeres, sus hijas e hijos,
las y los adultos mayores, y cualquier otra persona en riesgo de vivir
violencia, puedan acceder durante las cuarentenas que sean establecidas
para la mitigación del COVID-19.
También pidió facilitar y difundir los medios para denunciar esta
violencia a través, por ejemplo, de mensajes de texto, de páginas de
internet o de estrategias en las farmacias, supermercados o cualquier
otro establecimiento a los que sí se pueda acceder en caso de
cuarentena o que no ponga en riesgo a las mujeres al ser vistas o escuchadas por sus victimarios.
Y recomendó activar células de reacción inmediata para atender
eficazmente las denuncias y los casos de violencia de género; fortalecer
las medidas de protección para las mujeres y niñas en riesgo; evitar la
venta de alcohol, drogas, armas y cualquier otro detonante de la
violencia de género durante los periodos de aislamiento; y se mantengan
activas todas las acciones y servicios necesarios para prevenir,
atender, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Además de las acciones que señaló Candelaria Ochoa Ávalos, hasta
ahora México sólo ha difundido información sobre la desigualdad en la
carga de trabajos de cuidados entre mujeres y hombres, y números
telefónicos para solicitar ayuda en caso de emergencia.
Ciudad de México.
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