Ciudad de México. Fuera de las oficinas vacías de
Avenida Insurgentes están las mujeres con tapabocas limpiando las
entradas de los edificios o comiendo en baquetas públicas con su informe
de limpieza. Mientras las personas trabajadoras dejan sus oficinas para
evitar contagiarse del coronavirus COVID-19, en algunos casos las
empresas de subcontratación mantienen exponiendo a sus empleadas de
limpieza.
Este era el caso de las conserjes que mantienen limpia la sede del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Hasta el pasado 27
de marzo, no gozaban del mismo derecho que el personal público del
Tribunal al que se le ordenó refugiarse en casa como parte de las
medidas para evitar el contagio del COVID-19.
El TFJA comunicó oficialmente el 18 de marzo que suspendía toda
actividad tanto jurisdiccional como administrativa hasta el 19 de abril,
“para salvaguardar la salud e integridad física de los justiciables,
los servidores públicos del TFJA y sus familiares”.
Pero a las empleadas de servicios de limpieza por estar contratadas
por la empresa de subcontratación que paga el TFJA, Fonatur, las
obligaban a asistir al edificio completamente vacío. Únicamente
retiraron a las mujeres adultas mayores de más 65 años de edad y con
enfermedades con riesgo a desarrollar enfermedad grave.
Las trabajadoras consideraban no esencial la limpieza debido que
todas las oficinas estaban cerradas, pero la única explicación que su
supervisor les daba es que no tenían órdenes de enviarlas a sus casas.
Un mujer de 60 años, tuvo que seguir acudiendo porque no entraba dentro
de las medidas preventivas.
Selene*, trabajadora de limpieza de 57 años de edad, manifestó
sentirse discriminada por la diferenciación que hicieron entre el
personal del Tribunal. “Yo siento que como mujeres estamos peligrando,
siento que no porque estemos sanas nos pueden poner en riesgo, para nada
les importa […] Todos estamos expuesto al salir de nuestras casas,
porque somos humanos”, dijo en entrevista con Cimacnoticias.
La conserje denunció las desigualdades laborales que enfrentan al
estar contratadas por una empresa outsourcing; siente que su trabajo en
el área de limpieza es desvalorado y que su salud frente a la pandemia
del COVID-19 parece tener menos importancia que la del resto del
personal con mayor jerarquía dentro del Tribunal -como son magistrados y
magistradas-.
La limpieza ha sido una labor feminizada, las empleadas que asean el
edificio del Tribunal son alrededor de 40 mujeres, hay menos de 10
hombres. En dos turnos, todas cumplen una jornada laboral de ocho horas
de lunes a sábado, por un sueldo precario de alrededor de mil 900 pesos
mensuales.
Con este salario las trabajadoras temen no poder enfrentar las
necesidades que se presenten por la Jornada de Sana Distancia frente al
COVID-19. Selene, por ejemplo, cubre el resto de los gastos que necesita
para pagar la licenciatura de su hijo limpiando hogares por las tardes,
mientras otras de sus compañeras optan por doblar turnos en el
edificio. Ingresos que se podrían ver perdidos con las medidas durante
la contingencia sanitaria por el coronavirus.
“Estamos exponiéndonos”, dijo preocupada Araceli, otra trabajadora de
limpieza de 52 años de edad, que también viaja desde el Estado de
México en un transporte público repleto para cumplir con la limpieza de
un edificio sin operaciones, esto a pesar de los llamados desesperados
del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, de reducir en el gobierno Federal tareas que no “pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución”.
Fue hasta que Cimacnoticias se comunicó con el área de comunicación
social del TSJA para conocer por qué mantenían los servicios de limpieza
activos, que la instancia contactó al contratista de limpieza para
“recomendar” que las conserjes dejaran de asistir.
Finalmente este lunes 30 de abril, que el Consejo de Salubridad
General realizó la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por
causa de fuerza mayor por el coronavirus Covid-19, las conserjes de
limpieza fueron notificadas que dejaran de ir, se cubría su sueldo
íntegro, les prometieron.
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha puesto a la luz las prácticas
y violaciones de derechos laborales que mantienen las empresas
outsourcing: van desde las solicitudes de renuncia voluntaria, hasta el
mantenimiento de actividades a pesar de las emergencia sanitaria. En la
Avenida Insurgentes, por ejemplo, es constante ver fuera de los
edificios a trabajadoras de limpieza con cubrebocas.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla desde 2012 -con la reforma
laboral- la subcontratación y señala que no podrá abarcar la totalidad
de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se
desarrollen en el centro de trabajo; deberá justificarse por su
carácter especializado; y no podrá comprender tareas iguales o similares
a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del
contratante.
Actualmente en el Senado de la República está en debate un proyecto
de dictamen para regular el outsourcing. En casos como la Cámara de
Diputados se empleó el pasado 2 de marzo al personal de limpieza quienes
estaban contratadas por medio del régimen externo. Con esto gozan de
otros derechos como prestaciones como despensa, ayuda de transporte,
previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida.
Sin embargo, otras dependencias mantienen este tipo de contratación
que ante el COVID-19 revela la vulnerabilidad en la que se encuentran
las trabajadoras.
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