Ciudad de México. Organizaciones civiles en Estados
Unidos denunciaron que los gobernadores republicanos de cinco estados;
Texas, Iowa, Alabama, Oklahoma y Ohio, están usando la emergencia médica
frente al nuevo coronavirus COVID-19 para prohibir el aborto.
Las administraciones de todos esos estados declararon la semana
pasada que los servicios de las clínicas de aborto serían considerados
“cirugías no necesarias”, y que por lo tanto tendrían que ser aplazadas.
Las medidas fueron tomadas ante el ingreso masivo de pacientes con
COVID-19 y el desabasto de materiales esenciales, como mascarillas,
guantes, y batas, para atenderlos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos reproductivos,
como Planned Parenthood, acusaron a la y los gobernadores
conservadores, que sólo se aprovechaban de la situación para promover
sus políticas anti-aborto. “La interrupción del embarazo (ILE) es un
servicio de salud esencial y depende del tiempo, especialmente durante
una crisis de salud pública”, dijo Amy Hagstrom Miller, presidenta de
Whole Woman’s Health, un proveedor de abortos con tres clínicas en
Texas, a la agencia de noticias Reuters.
“A los políticos que utilizaron esta pandemia global para impulsar su
agenda antiaborto, debería darles vergüenza”, añadió. Whole Women’s
Health fue una de las organizaciones, junto con Planned Parenthood y
otras, que presentaron un amparo ante cortes federales contra la medida.
El lunes 30 de marzo, magistrados federales pararon la prohibición
del aborto en los estados de Texas, Ohio y Alabama. La primera de las
decisiones se refería al anuncio hecho por el Fiscal General de Texas,
Ken Paxton, respecto a que los proveedores de servicios de aborto
estaban cubiertos por una orden estatal que exigía el aplazamiento de
los procedimientos médicos no urgentes para preservar las camas y el
equipo de los hospitales durante la pandemia.
Paxton dijo el 23 de marzo que la orden del estado significaba que
cualquier aborto que “no sea médicamente necesario para preservar la
vida o la salud de la madre” debe cesar. El incumplimiento podría
resultar en penas de hasta mil dólares o 180 días de cárcel.
El juez de distrito Lee Yeakel en Austin dictaminó que la acción de
Paxton “impide que las mujeres de Texas ejerzan lo que la Corte Suprema
ha declarado es su derecho constitucional fundamental de interrumpir un
embarazo antes de que el feto sea viable”. Las clínicas de aborto habían
citado en su amparo, que después del anuncio, tuvieron que cancelar
cientos de citas en todo el estado.
El vocero del Fiscal General de Texas anunció que apelarían la
decisión. En otras decisiones aparte, el mismo lunes, magistrados en
Ohio y Alabama ordenaron a las administraciones de sus estados suspender
las restricciones impuestas en proveedores de servicios de aborto por
no ser “servicios médicos esenciales”.
Los fallos se tomaron de manera rápida porque las demandantes,
organizaciones civiles, alertaron que con el tiempo se podría cerrar la
ventana para interrumpir el embarazo durante los plazos legales. En
Alabama, el Juez de Distrito Myron Thompson emitió una orden de
restricción temporal contra la orden de Alabama, diciendo que el fallo
estará en vigor hasta el 13 de abril mientras considera argumentos
adicionales.
Thompson escribió que las preocupaciones del estado sobre la
conservación de los equipos médicos durante la pandemia, no “pesan más
que los daños graves, y en algunos casos permanentes, impuestos por la
negación del derecho a la privacidad de un individuo”.
En Ohio, las clínicas de aborto argumentaron ante el juez de distrito
Michael Barrett en Cincinnati, que temían ser clausuradas
inmediatamente y procesadas si no dejaban de realizar abortos
quirúrgicos. “Algunas de estas pacientes se verán obligadas a llevar a
término sus embarazos en contra de su voluntad y en riesgo de su salud
en medio de un sistema de salud sobrecargado por la respuesta a
COVID-19”, dijeron en su expediente legal, según Reuters.
Quedan abiertos los casos en Oklahoma e Iowa. El Gobernador de
Oklahoma Kevin Stitt había anunciado el viernes, que los abortos están
incluidos en su orden ejecutiva que prohíbe todas las cirugías no
esenciales y procedimientos médicos menores hasta el 7 de abril, a menos
que el procedimiento sea necesario para prevenir serios riesgos de
salud para la madre. Stitt dijo que la orden era necesaria para ayudar a
preservar el limitado suministro del estado de equipo de protección
personal.
El Fiscal General de Oklahoma, Mike Hunter, prometió defender la
orden e intimidó a las organizaciones que presentaron un amparo: “No se
equivoquen, esta demanda en sí misma agotará recursos significativos,
médicos y legales, de los esfuerzos de emergencia, y probablemente
traerá daño a los habitantes de Oklahoma como resultado”, dijo en un
comunicado.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, ordenó el domingo detener los
procedimientos no esenciales para conservar el equipo médico.
Organizaciones civiles argumentaron en su amparo que los procedimientos
de aborto no requieren el uso extensivo de equipo médico y no usan
ventiladoras de respiración, los dispositivos más escasos durante la
pandemia COVID-19.
“Los abortos de las pacientes se retrasarán y, en algunos casos, se
negarán por completo”, dijo.”Como resultado, las pacientes de Iowa se
verán obligadas a llevar los embarazos a término, lo que resultará en la
privación de sus derecho fundamentales.”
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