Orlando Delgado Selley
La pandemia está provocando
una conmoción en prácticamente todos los aspectos de la vida social. Por
supuesto, la salud es lo primero que hay que enfrentar y resolver, pero
al mismo tiempo es urgente actuar para que la economía no se
descomponga aún más de lo que décadas de neoliberalismo la han
descompuesto. No son tiempos normales. Por el contrario, como todos
debiéramos entender, se trata de una emergencia sin parangón en la
historia. Enfrentarla exige entender la naturaleza específica de la
sociedad a la que está golpeando el Covid-19.
La nuestra es una sociedad profundamente rota, no sólo dividida entre
ricos y pobres, también presenta amplísimos grados de
desestructuración, que con esta crisis se agudizarán. Los datos son
conocidos: alrededor de 60 por ciento de la fuerza de trabajo de México
está ocupada en actividades económicas informales; otra parte está
ocupada en actividades formales, pero gracias a la subcontratación
operan en condiciones laboralmente informales, precarizadas. De modo que
a esta enorme proporción de los trabajadores del país la suspensión de
muchas de las actividades económicas los coloca inmediatamente en
condiciones imposibles de superar.
Frente a esta probable crisis social, corresponde al Estado tratar de
evitar que la contracción de la actividad económica, que pudiera ser
mayor a cinco puntos porcentuales del PIB este 2020, provoque
situaciones sociales incontrolables. Los mecanismos de los que dispone
el Estado mexicano para enfrentar esta emergencia tienen que ser
utilizados integralmente. No se puede enfrentar una situación como la
que estamos viviendo, sosteniendo que siguen siendo válidos principios
económicos que, pese a ser muy discutibles, pudieran tener validez en
condiciones normales. El equilibrio fiscal, el no endeudamiento neto
adicional y una situación tributaria inalterada, no son sostenibles ante
las dificultades que enfrentará el grueso de nuestra población.
El neoliberalismo logró que el tamaño de nuestro Estado se redujese
sensiblemente. Lo que subsistió a las reformas del mercado es un Estado
con capacidades reducidas. Estas capacidades son las que hay que
utilizar plenamente. Para ello, es urgente proponer un pacto que
involucre a los actores económicos, políticos y sociales, en el que se
discutan las propuestas que han ido planteándose, como las del grupo Un
nuevo curso para el desarrollo, la de algunos personajes del
neoliberalismo, las de diversos grupos de la sociedad civil, así como la
de economistas mexicanos, latinoamericanos, europeos e incluso del mainstream económico estadunidense.
Lo que tiene que estar en el centro en una discusión que conduzca a
un pacto social ampliamente consensado es, en primer lugar, la salud de
la población. Consecuentemente hay que darle al sector salud todos los
recursos que le hagan falta para enfrentar eficientemente la emergencia
sanitaria. La colaboración público-privada en este sector es crucial y
debe impulsarse presupuestalmente, junto con los estímulos fiscales que
sean necesarios. En segundo lugar, debe protegerse a las personas, a sus
empleos e ingresos. La suspensión de la vida económica complicará la
subsistencia de muchas microempresas de carácter familiar, pero también
afectará a empresas pequeñas y medianas. Hasta Carstens reconoce la
necesidad de que los bancos presten a personas y empresas, con garantías
estatales y haciendo uso de recursos de los dividendos que se reparten
entre los accionistas.
Los programas de financiamiento bancario deben aprovechar los
recursos de los bancos centrales. Pese a su magnitud, seguramente serán
necesarios muchos más recursos. De modo que pudiera ser oportuno que,
para superar la limitación legal impuesta por el neoliberalismo para que
el Banco de México no pueda financiar al gobierno federal, éste emita
Bonos para la Emergenciaque compre el BdeM y pague con emisión de dinero. Habrá aquí, por ello, una expandida fuente de recursos que, junto con las líneas de financiamiento internacional de que dispone el banco central, permitirán actuar con mayor capacidad.
El pacto social planteado deberá acordar una nueva fiscalidad, tanto a
nivel tributario como en el pacto fiscal federal, que permita que el
Estado amplíe sus recursos y, consecuentemente, sus capacidades para
responder eficazmente a las necesidades sociales. No es sostenible
pensar que el actual Estado mínimo será capaz de enfrentar adecuadamente
esta contingencia sin hacer crecer su capacidad de gasto, lo que obliga
necesariamente a crecer sus ingresos. En pocos días AMLO presentará el
paquete económico para enfrentar la contingencia. Es una oportunidad
única para darle recursos a un Estado que, para responder a ingentes
necesidades sociales, que con esta pandemia se ampliarán
sustancialmente, requiere mejores y mayores capacidades.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario