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3/31/2020

Cejil llama a evitar detenciones de personas migrantes y refugiadas ante pandemia

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Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil de distintos países de América exigieron a los gobiernos abstenerse de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las personas que ya se encuentran detenidas, y garantizarles acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos.
A través de un comunicado difundido por el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), al menos una treintena de organizaciones de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros otros, informaron que frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19, en el continente americano las personas migrantes y solicitantes de protección internacional se han visto impactadas de manera extrema ante las respuestas estatales de cuarentena, toque de queda, detención, deportación, cierre y militarización de fronteras.
Por ejemplo, dijeron que en las últimas semanas se ha denunciado que personas migrantes venezolanas permanecen varadas tras el cierre de fronteras en Colombia y Brasil; así como la detención de al menos 80 migrantes haitianos en Guatemala.
Las organizaciones (la mayoría que acompañan a mujeres y familias migrantes) también han documentado el cierre de la fronteras entre México y Estados Unidos a solicitantes de asilo, así como el aumento de deportaciones de personas mexicanas y centroamericanas; la falta de condiciones sanitarias adecuadas y el alto riesgo de contagio en estaciones migratorias, centros de detención y en centros de cuarentena para las personas ya deportadas; la represión violenta por parte de la Guardia Nacional mexicana; el desbordamiento de la capacidad de albergues de sociedad civil; entre otras cosas. 
Frente a estos hechos y ante la posibilidad de que la población migrante y solicitante de protección internacional se vea aún más impactada en las próximas semanas y meses, las organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente a los Estados de la región para que se abstengan de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las personas que ya se encuentran detenidas, y garantizar su acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos
Y pidieron tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud, integridad personal y vida de esta población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.
Las organizaciones también recordaron la obligación de los gobiernos de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública, por ejemplo, el acceso de todas las personas en situación de movilidad a las medidas de prevención dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como su acceso a un diagnóstico oportuno por el COVID-19, a servicios de salud y a la atención médica necesaria para el tratamiento del virus. 
Asimismo, las organizaciones (muchas de ellas articuladas en alianzas regionales) exigieron a los Estados frenar las deportaciones y las devoluciones, y garantizar el acceso de todas las personas a solicitar protección internacional. 
Y recordaron el llamado de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Cooperación Económica para América a Latina (CEPAL) para que los Estados garanticen el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo, así como a respetar el principio de no devolución.
“Las medidas implementadas en respuesta al COVID-19 no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla. Incluso en situaciones excepcionales como la que enfrentamos, imponer medidas que impiden la admisión de personas refugiadas o solicitantes de asilo, sin protegerles contra la devolución, es violatorio de sus Derechos Humanos y contrario a las obligaciones de los Estados”, enfatizaron las organizaciones civiles. 
Asimismo, las organizaciones señalaron que las medidas implementadas como respuesta a esta crisis no pueden ser discriminatorias ni dar lugar a resultados indeseables que impacten negativamente el disfrute de los Derechos Humanos, sino que éstas deben ser “proporcionales, necesarias, planteadas e implementadas desde un enfoque de DH y género”.
También pidieron que los albergues en los que se reciba a personal migrante cuente con medidas para prevenir los contagios, así como personal de salud capacitado para brindar atención diferenciada poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad, personas LGBTIQ+, mujeres, niños y niñas. 
Asimismo, —dijeron— frente a los límites a la movilidad y/o a la restricción de las garantías constitucionales impuestas por las naciones, que impactan de manera particular el acceso al trabajo de las personas migrantes, los Estados de la región les deben garantizar el acceso a medios de subsistencia como al resto de la población.
Y ante la militarización de las fronteras y las denuncias por represión, las organizaciones recordaron a los Estados que las fuerzas militares deben abstenerse de asumir labores de seguridad ciudadana, de salud, o migratorias., y. garantizar su acceso a información pertinente, oportuna, clara, basada en evidencia científica y de calidad sobre la pandemia. 
“En una región tan impactada por la desigualdad, la pobreza, la corrupción y el extractivismo, esperamos que en el marco de esta crisis los Estados avancen hacia la construcción de sistemas de protección y seguridad social más solidarios y robustos, hacia el pleno acceso al agua y a la salud para todas las personas, y hacia el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de toda la población sin discriminación alguna”, expresaron las y los defensores de los DH. 

11/02/2011

Cejil cumple 20 años en medio de crisis humanitaria


Autoritarismos en América agravan violaciones a DH


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 1 nov 11 (CIMAC).- Ante el debilitamiento de las democracias en América Latina y el recrudecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos (DH) por parte de las autoridades, las y los defensores de las garantías humanitarias deben redoblar esfuerzos para dar voz a las víctimas, y fortalecer el sistema interamericano de protección a los derechos fundamentales.

Así, con esa convicción, la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño, alerta sobre las tentaciones autoritarias de los poderes ejecutivos de la región que se entrometen en las resoluciones judiciales y limitan la vigencia de los DH.

Este 3 de noviembre Cejil cumple 20 años de litigar ante el sistema interamericano casos emblemáticos de violaciones a los DH ocurridos en los países del continente. En entrevista con Cimacnoticias, Nuño expone los retos de su organización para evitar el debilitamiento de los Estados democráticos y proteger los derechos de las mujeres.

CRISIS DEMOCRÁTICA

La abogada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) advierte que en 10 años México se convirtió –sólo después de Colombia– en el segundo país en todo el continente con más peticiones de admisibilidad por casos de violaciones a los DH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Considera que esa situación evidencia que el actuar del Estado mexicano no es eficaz para proteger las garantías humanitarias de la población.

“Por esa ineficacia, por esa desprotección, la gente tiene que acudir a instancias internacionales para ser protegida. Creo que el cumplimiento de las sentencias va a garantizar que se prevengan futuras violaciones a DH, pero desafortunadamente vemos un contexto muy complicado”, apunta Nuño.

Cejil –junto con otras organizaciones defensoras de los DH– logró que el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictara tres sentencias condenatorias contra México: dos por la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y otra por la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

–¿Qué opinas de la actual situación de los DH en los países del continente?
–Hay un debilitamiento de los Estados democráticos. Hay instituciones muy débiles y frágiles en algunos países. Hay instituciones como en Guatemala que están muy cooptadas, que no tiene presupuesto, y hay otras que por una parte resienten la fragilidad institucional, y por otra la violación al principio de separación de poderes.

“Vemos como el Ejecutivo se inmiscuye en el actuar del Poder Judicial; es una preocupación importante en muchos de nuestros países. En El Salvador recientemente hubo una reforma para amarrar las manos de la Corte Suprema para que todas las resoluciones las emitiera por unanimidad”.

La también maestra en Derecho Internacional de los DH por la Universidad de Essex, en el Reino Unido, pone como ejemplo que en Panamá y Nicaragua los presidentes Ricardo Matinelli y Daniel Ortega, respectivamente, han interferido en resoluciones de los poderes judiciales de sus países.

“Las violaciones en la separación de poderes empiezan a poner focos rojos por lo que se entiende como Estado democrático de Derecho”, destaca Alejandra Nuño.

Agrega que tras el golpe de Estado en Honduras, hace dos años, existe el riesgo de otras asonadas en El Salvador, Guatemala y Panamá. Esta situación “nos llama a la alerta para ver cómo fortalecemos nuestros Estados democráticos, incluyendo a la sociedad, y tener Estados más fuertes que respondan a los retos mas importantes de la población”, resalta.

DEFENSA DE LAS MUJERES

Cejil fue fundado en Caracas, Venezuela, en 1991 por un grupo de destacadas defensoras y defensores de los DH, quienes se plantearon el objetivo de hacer realidad los preceptos de la Convención Americana (o Pacto de San José) y otros tratados internacionales, a través del uso y fortalecimiento de mecanismos como la CoIDH y la CIDH.

Nuño, quien también fue visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, destaca que muchos de los casos que Cejil litiga ante la CoIDH son para defender a las mujeres.

Recuerda que junto con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Cejil litigó en 1998 el caso de violencia doméstica contra María de la Penha, en Brasil, con el que por primera vez la CoIDH aplicó la Convención de Belem Do Pará para sancionar la violencia de género.

Tras ese fallo, en el país sudamericano se promulgó la Ley María de la Penha, la cual estipuló la creación de juzgados para castigar la violencia doméstica e intrafamiliar contra las mujeres.

Entre otros casos de mujeres litigados por Cejil, se encuentran el de las hermanas González Pérez (tres indígenas tzeltales detenidas, violadas y torturadas por militares en 1994), y el de Raquel Martín de Mejía, violada por presuntos militares en Perú en 1989. “Hay una línea de género muy importante en el litigio de Cejil”, observa la activista.

DERECHOS PENDIENTES

Cejil cuenta con cuatro oficinas en el continente americano: San José de Costa Rica; Washington, Estados Unidos; Río de Janeiro, Brasil, y Buenos Aires, Argentina.

–Tras 20 años de litigio ¿cuáles son los retos de Cejil?
–Los retos no sólo tienen que ver con casos de deuda histórica que hemos litigado, de conflictos o de dictaduras; también tienen que ver con graves quebrantos a la democracia como lo que ocurrió en Honduras, y lo que está pasando en varios de nuestros países, en Centroamérica y México, en particular”.

Alejandra Nuño explica que las violaciones a los DH ahora también tienen que ver con actores no estatales como los narcotraficantes, los empresarios o los “poderes fácticos”.


“El reto es seguir siendo una institución comprometida con las organizaciones, las víctimas de violaciones a los DH y sus familiares”, afirma.

La defensora asegura que a lo largo de 20 años Cejil ha contribuido al fortalecimiento de las democracias, en particular del Estado de Derecho.

–¿Qué otros DH se deben fortalecer en los países de América?
–Los derechos colectivos. Hay una deuda importantísima en relación con los derechos económicos, sociales y culturales.

“Desde hace mucho Cejil ha tratado de presentar (ante el sistema interamericano) casos que tienen que ver con violaciones al derecho a la salud, la educación, la alimentación, la cultura, los cuales desafortunadamente no han llegado a las instancias internacionales, y que en muchas ocasiones excluyen a la mayoría de la población”, indica Alejandra Nuño.

Concluye: “(En materia laboral) hay tanta flexibilidad, tanto outsourcing (subcontratación), y tanta reformas que tienden a eliminar sindicatos, derechos, prestaciones; ese tipo de derechos son los que creo que deberían llegar al sistema interamericano, y en ese sentido Cejil también tendría que ampliar mucho más el espectro con quienes trabaja y sumarse a iniciativas que al final reditúen en una mejor garantía de los DH en nuestros países”.

10/05/2011

Dan a Cejil el Premio Thomas J. Dodd en Justicia y DH


“Por su labor humanitaria en América Latina”


Por la Redacción

México, DF, 4 oct 11 (CIMAC).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) recibió ayer en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, el Premio Internacional Thomas J. Dodd en Justicia y Derechos Humanos 2011, por su labor en la defensa de las garantías humanitarias en América Latina (AL).

La directora ejecutiva de Cejil, Viviana Krsticevic, agradeció el premio a nombre de todas las y los integrantes de la organización, a lo cual señaló “este galardón nos animará a seguir la lucha por la justicia y la igualdad, asimismo nos dará la esperanza necesaria para crear muchas historias de éxito en las Américas”.

Cejil fue formado en 1991 en Caracas, Venezuela, por un grupo de defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) que trabajan temas de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y derechos de grupos o colectivos en situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas, defensoras y defensores, entre otros).

Para realizar su labor en AL, Cejil cuenta con oficinas en Washington, EU; San José, Costa Rica; Río de Janeiro, Brasil, y Buenos Aires, Argentina.

La organización ha litigado varios casos contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); entre ellos los de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en 2002, y el de 11 mujeres violadas por policías estatales, municipales y federales en San Salvador Atenco y Texcoco, en mayo del 2006.

Cejil también litigó en el caso conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, donde fueron encontrados en noviembre de 2001, los cuerpos de ocho mujeres. Por tres de los ocho casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano por feminicidio.

Krsticevic dijo que los fondos del premio se invertirán en el litigio estratégico de Cejil en el hemisferio, la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la capacitación de defensoras y defensores de Derechos Humanos en la región.

La ceremonia de premiación fue encabezada por Susan Herbst, presidenta de la Universidad de Connecticut, y el senador Christopher J. Dodd.

El Premio Internacional Thomas J. Dodd de Justicia y Derechos Humanos se otorga cada dos años por parte de esa universidad a un individuo o grupo que haya realizado un importante esfuerzo para promover la causa de la justicia internacional de los DH.

El nombre del premio se atribuye a Thomas J. Dodd, abogado litigante en los juicios de Nuremberg, Alemania, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y senador por Connecticut desde 1959 hasta 1971. Dodd luchó contra la violación y la supresión de los DH en Estados Unidos y el extranjero.

6/16/2011

Pide Cejil a gobernador de Guerrero medidas de seguridad para Tlachinollan


Mañana reabrirá su oficina en Ayutla de los Libres


Por la Redacción

México, DF, 15 jun 11 (CIMAC).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exhortó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a implementar medidas de protección que garanticen la seguridad y la integridad de las y los defensores que laboran en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Este llamado surgió, luego de que Tlachinollan –organización que junto con Cejil litigó dos casos de tortura sexual cometida por militares en contra de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo– anunció que mañana reabrirá sus oficinas ubicadas en Ayutla de Los Libres, Guerrero, las cuales permanecieron cerradas por un periodo de dos años, debido a las constantes amenazas y hostigamiento.

En una carta dirigida al gobernador Ángel Aguirre Rivero, Cejil precisó que en marzo de 2009 las oficinas de Tlachinollan fueron cerradas por diversas amenazas que tenían como objetivo principal terminar con 16 años de trabajo de una organización que se dedica a la defensa de los derechos de las comunidades nahuas, mixtecas, tlapanecas y amuzgas de la Montaña y Costa Chica de esa entidad.

Tan sólo en 2009, se registraron al menos 15 amenazas de diversos tipos y en ese mismo año los activistas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron torturados y asesinados. Si bien los integrantes de Tlachinollan consideran que el riesgo continúa y que no cuentan con medidas de seguridad, decidieron reabrir sus puertas.

Cabe precisar que el 19 de abril de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) otorgó medidas provisionales para 107 defensores por considerar que su integridad física estaba en grave riesgo, además de que un año antes fue asesinado Lorenzo Fernández Ortega, hermano de una de las víctimas de violación sexual a manos del Ejército.

Pese a que se otorgaron las medidas de seguridad, éstas no se han cumplido a cabalidad por parte del Estado mexicano, por ello, Cejil instó al ejecutivo estatal a garantizar la seguridad de las personas que mañana comenzarán a laborar en las oficinas de Ayutla de Los Libres, así como la seguridad de aquellos que trabajan en las oficinas de Tlapa de Comfort.

Al mismo tiempo, destacaron la labor que “Tlachinollan” tiene para la vigencia de los Derechos Humanos, tanto en Guerrero como a nivel nacional e internacional. Fue esta organización quien logró que los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo llegaran a la CoIDH y que le merecieran al Estado mexicano dos sentencias condenatorias.

En este contexto, Cejil saludó la reapertura de las oficinas en Ayutla de Los Libres, y afirmó que tal acontecimiento beneficiará a las personas a quienes representa y apoya “Tlachinollan”, en particular, a aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, siempre y cuando tengan condiciones de seguridad.