Florence Toussaint
MEXICO, D.F., 7 de enero (Proceso).- Sea en España, en Francia, en Argentina o en México, los medios informativos operan en forma altamente concentrada. Acaparando periódicos, radio, cine, televisión e internet, despliegan sus tentáculos en todas direcciones, saltan fronteras, impuestos, mercados. Y según parece no existe manera de pararlos.
Serge Halimi, director de Le Monde Diplomatique, se refirió así al fenómeno global: “Sólo unas cuantas fortunas, unos cuantos nombres –en Francia, Lagardere, Arnaud, Pinot, Bouyges; en Estados Unidos y Gran Bretaña, Rupert Murdoch; en Italia, Berlusconi; en América Latina, Cisneros, Slim, Azcárraga– figuran en los directorios de las principales empresas de televisión, radio y prensa”.
Y marca también la relación de esos empresarios con los políticos, con lo cual la dupla poder económico-poder político hace casi intocables a los magnates. Situación de la que hemos tenido en México muchos ejemplos que se consolidan día a día.
La sociedad internacional ha intentado señalar los peligros que implica la concentración de la propiedad en muy pocas manos. Desde la UNESCO se plantea la necesidad de preservar la diversidad cultural, algo difícil de lograr en los medios de comunicación masiva. Algunos gobiernos que se proponen legislar para poner coto a los excesos, lo hacen en forma tímida, sin ir por todo para defender a sus ciudadanos. No obstante las precauciones, la respuesta es apabullante.
Hace algunas semanas en Argentina se aprobó una Ley de Medios Audiovisuales que acotaba los monopolios y en especial al grupo Clarín, el mayor de los privados del país. Los industriales, incapaces de ceder un ápice de sus ganancias y su poder a favor del bien común, se han propuesto dar la batalla legal para echarla abajo. Según informan los periódicos, “por tercera vez en menos de una semana, un juez federal se ha pronunciado contra la ley que afecta los intereses de los grandes grupos de comunicación en Argentina”. Entre los elementos que contiene la ley están la reducción de las licencias de 34 a 10 años para un solo propietario, ceder un tercio de las frecuencias a propuestas no lucrativas y limitar la inversión foránea a 30%.
En España se modificó recientemente la Ley General de la Comunicación Audiovisual y entre las novedades está la obligación de las televisoras privadas de financiar el cine y reinvertir 5% de sus ganancias en películas. La polémica está en que las empresas señalan que ya lo hacen, aunque en sus propias divisiones fílmicas: Telecinco Cinema, Antena 3 Films. Alegan que se viola su libertad empresarial. De nueva cuenta dejan clara su nula intención de ser solidarios con los creadores de su país que no les reditúen financieramente.
La regulación española se apoyó en los planteamientos de la Unión Europea, incluso hizo una consulta a Luxemburgo, que dio su aval al 5%. Ahora el problema es que esa obligación se encuentra atascada en Bruselas desde hace un mes, con lo cual las inversiones en cine podrían retrasarse.
En México estamos todavía en peores condiciones. Las televisoras son aliadas de los poderes públicos a cambio de una regulación que les conceda todo tipo de prebendas y ningún límite para ampliar sus negocios. Si bien el Senado ratificó la firma de la Convención sobre la Defensa de las Expresiones de Diversidad Cultural de la UNESCO, en la práctica ni se discuten ni se llevan a cabo acciones para que dicha diversidad sea un hecho en el ámbito mediático. No se diga que el legislativo plantee una nueva ley de medios con cambios democráticos.
Mientras no haya movimientos políticos que incluyan entre sus demandas democratizar los medios audiovisuales y de prensa, como señala el periodista francés Halimi, la concentración mediática seguirá anulando la crítica y trabando el desarrollo de los ciudadanos.
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