A finales del verano pasado las cuentas de Felipe Calderón, ya de por sí, eran muy malas: durante la primera mitad de su mandato el número de personas en pobreza alimentaria se incrementó de 13.8 a 19.5 millones de personas. Pero a finales de 2009, teniendo en cuenta ya los primeros efectos de la crisis, el número de mexicanos en situación de inseguridad alimentaria severa se incrementó en 3.5 millones para llegar a 23 millones de personas. (La Jornada, 28 de diciembre, nota de Angélica Enciso).
Estos datos son anteriores a la cuesta de enero. Con los incrementos a la gasolina, al gas, al diesel y al IVA, la espiral alcista se agudiza e impacta mucho más a los productos de la canasta básica: tortillas, pan, frijol, arroz, pastas, etcétera, que en conjunto aumentaron durante 2009 por lo menos en un 70 por ciento en el Distrito Federal y más en las regiones lejanas y marginadas. Para mitad de año las cifras de la desnutrición y de la hambruna en el país rayarán en lo apocalíptico.
Todo esto no es porque las cosas le hayan salido mal a Felipe, o porque los hados de la economía globalizada se ceben en contra suya. Lo que sufrimos no es sino el resultado lógico de una verdadera política de Estado que conduce a la pobreza alimentaria.
La obcecada política neoliberal de precios y salarios controla con rigor éstos y libera aquéllos. Así con dos pesos y sesenta centavos de aumento al mínimo se pretende que el trabajador y su familia afronten los incrementos, debidos en buena parte a que el Estado aumenta el precio los impuestos y los productos que controla, como los energéticos.
Luego viene la política agroalimentaria federal. Ni siete años de movilizaciones campesinas desde El campo no aguanta más la han podido modificar en lo esencial. Porque el meollo de esta política es seguir privilegiando los cultivos para la exportación y descuidar la producción de granos básicos. Así, a pesar de que disminuyan las importaciones agroalimentarias en lo general, las de granos básicos siguen pesando fuerte y siendo el principal componente del déficit en este ramo que en 2009 ascenderá a 2 mil 306 millones de dólares. No es porque importemos principalmente catsup o maruchans, sino porque somos compradores netos al extranjero de maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo. Y son precisamente esos granos o los confeccionados con ellos lo que más aumenta en el mercado al menudeo.
La política anunciada por Calderón hace tres años, cuando se disparó el precio de la tortilla, de importar coyunturalmente para que no hubieran desabasto y carestía, está resultando no coyuntural sino estructural: en la primera mitad del sexenio calderonista se han gastado 60 mil millones de dólares en comprar en el exterior alimentos que aquí podemos producir: maíz, frijol, trigo, arroz. Por eso, por más incrementos que las organizaciones logren al presupuesto para el campo, la tendencia no se revierte, porque lo que el Estado pretende en primer lugar no es producir en México alimentos suficientes y baratos para la población. No ha habido ningún intento sólido, estructural y sostenido ni de la Presidencia de la República, ni de Sagarpa, ni del Congreso de reorientar la política agropecuaria hacia la producción de alimentos básicos, sanos y baratos para las mayorías trabajadoras y con esto garantizar un ingreso digno a los campesinos. Así, por más de seda que se vista el Programa Especial Concurrente, sigue constituyendo un soporte a la política de Estado que propicia la desnutrición y malnutrición del pueblo de México.
Es de llamar la atención cómo el escándalo eclesiástico-panista por la legalización de los matrimonios de homosexuales en el Distrito Federal ha funcionado como cortina de humo para encubrir no otro escándalo, sino una realidad escandalosa: la desnutrición y hambruna producidas por la política económica del gobierno federal. Se rasgan las vestiduras por la aprobación de una ley que a nadie impone nada y no vulnera derecho alguno, mientras a todo el país se le impone una política que atropella el derecho a la alimentación y a la vida digna. Pero ante este verdadero atentado contra las familias, las buenas conciencias callan.
In memoriam
Ricardo el Ronco Robles
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