TIEMPO DE MUJERES

“Entre el compromiso y el riesgo”, informe de la ACNUDH

Prevén defensoras y defensores de DH retos para 2010

De la Redacción

México, DF 4 ene 10 (CIMAC).- En México han aumentado las amenazas y agresiones en contra de las personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, denunció el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

En comunicado, el Centro afirmó que con la publicación del informe “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”, la oficina en México de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) retoma las preocupaciones de la sociedad civil mexicana en el tema.

“El informe, es sin duda un indicador importante que recuerda, además, que las agresiones no sólo atentan contra la integridad de quienes defienden derechos, sino que envían un mensaje hacia la sociedad en su conjunto, inhibiendo la organización y participación ciudadana”.

Según el reporte, esta situación de vulnerabilidad se debe al incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado, la militarización del país, la desigualdad social, la permanencia de prácticas no democráticas, y la falta de mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la información, entre otros factores.

Por lo que Cencos, aseveró que para este 2010, las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, se enfrentarán a nuevos retos para las acciones que desarrollan cotidianamente, por un lado tienen la complejidad del contexto de violencia en el país; y por otro, a los actores que interactúan más allá del propio Estado, así como la falta de voluntad política de las autoridades.

Cencos dio a conocer que los casos de asesinatos ocurridos en 2009, el incremento de las detenciones y la judicialización que se vive en México, son algunos ejemplos del riesgo que implica la defensa de los derechos humanos.

Tal es el caso de Guerrero donde fueron ejecutados de manera extrajudicial Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Sus cuerpos aparecieron el 20 de febrero tras una semana desaparecidos”.

“Ambos eran reconocidos como defensores de los derechos de los pueblos indígenas en el municipio de Ayutla de los Libres”.

Cencos afirma que desde 2008 se viene dando una fuerte persecución en contra de otras organizaciones como la Organización del Pueblo Indígena Me phaa (OPIM), y contra las y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

De igual manera destaca los casos de la organización de mujeres K’inal Antsetik y las y los integrantes de Enlace, Comunicación y Capacitación, víctimas de vigilancia policial, allanamientos de casas y oficinas e, incluso, de recientes amenazas de muerte. Todo esto en un ambiente de campañas de difamación pública a través de medios de comunicación y de agresiones y cateos por parte de policías y militares en comunidades del estado.

Para el caso de Oaxaca para 2009 destaca el caso de Marcelino Coache Verano, activista sindical y destacado miembro de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), quien fue secuestrado y torturado durante varias horas el 4 de marzo y puesto en libertad a la mañana siguiente. Él mismo, su familia y las abogadas que llevan el caso han sido víctimas posteriormente de reiteradas amenaza afirmó Cencos.

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA TIERRA

Precisó que las y los defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales son particularmente vulnerables, destacando casos en que organizaciones y comunidades se oponen a la industria minera.

Comuneros del núcleo agrario de Huizopa, municipio de Maderas, Chihuahua, fueron reprimidos y detenidos en mayo pasado por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, tras una manifestación pacífica ante las instalaciones de la empresa minera Minefinders Inc.

En Chiapas, Mariano Abarca Roblero líder opositor contra la minera canadiense Black Fire y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fue asesinado en el municipio de Chicomuselo el 27 de noviembre.

Y en Morelos, el 31 de octubre fue asesinado Miguel Ángel Pérez Casales quien formaba parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Pueblos de Morelos y reconocido defensor del Área Natural Protegida del Texcal, frente a un proyecto de urbanización. Pérez Casales se disponía a asistir a un encuentro para recibir a una delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco.

En el norte del país destacan el asesinato de Paz Rodríguez Ortiz, el 15 de octubre y el de familiares de integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Justicia para Nuestras Hijas, en Chihuahua. Paz Rodriguez, de la Asociación de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, intervino ante las decenas de “levantones” y desapariciones perpetrados en 2008 y denunció las detenciones ilegales efectuadas por corporaciones de seguridad.

Además, ya había sido amenazado y el 31 de diciembre de 2008 sujetos armados dispararon a su casa. Este contexto de inseguridad ligado al crimen organizado está afectando de manera especial a los defensores de las personas migrantes que operan a través de albergues a lo largo del país. Las agresiones y campañas que buscan deslegitimar su trabajo los convierten en uno de los sectores más vulnerables en estos momentos.

Otros ejemplos de este 2009 son el encarcelamiento en julio de cinco activistas del Movimiento en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche o las detenciones de integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Puebla en junio, agresiones con las que se busca desarticular a organizaciones y sindicatos que se manifiestan por el respeto a sus derechos económicos y laborales.

Liliana Valiña, representante adjunta en México de la OACNUDH, sostiene: “Si bien es cierto que el Estado mexicano ha dado pasos importantes (...), es preciso reconocer que aún no se termina de articular una política pública integral que sea capaz de abrir espacios de interlocución efectivos, que pueda adoptar las medidas de prevención necesarias, reducir y eliminar los factores de riesgo, responder en tiempo a las situaciones de agresión en contra de las y los defensores e implementar medidas urgentes de protección”.