Contra el silenciamiento

Alberto Aziz Nassif

Los postulados y conclusiones sobre el estado que guardan en México la libertad de expresión, las muertes y amenazas a periodistas, las instituciones que regulan a los medios y el acceso a la información, ya son conocidos, pero cuando se sintetiza en un documento completo se obtiene un resultado muy preocupante. Eso es lo que hicieron Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, en una visita reciente de 16 días a nuestro país.

Frecuentemente se escuchan expresiones que señalan a México como una democracia vulnerada o un Estado fallido, y después de ver el trabajo de estos dos relatores podemos agregar que esas tesis tienen sustento porque nuestras libertades están amenazadas. El balance nos muestra que, a pesar de las reglas constitucionales, los avances en leyes sobre la transparencia y la creación institucional, los resultados son precarios y las amenazas crecientes. El informe de los relatores presenta esa cara de la violencia que asesina a periodistas, intimida, sanciona la libertad de expresión. A esta situación grave se añade el carácter monopólico de los medios, las debilidades de la regulación pública, tanto en la letra como en la práctica; la imposibilidad de tener medios alternativos, los excesos de la publicidad política y gubernamental, y las restricciones en el acceso a la información pública.

La tesis de que una democracia necesita de un Estado que sea el garante de los derechos ciudadanos y de las libertades, resulta violentada de forma brutal en México, como lo señalan los relatores de Naciones Unidas. La violencia insoportable que nos amenaza todos los días y debilita nuestra condición ciudadana, tiene consecuencias: hoy ejercer el periodismo puede llevar a perder la vida. Así, mientras el país rueda cuesta abajo, la clase política se descalifica, los priístas le dicen “inepto” al Presidente y a su gobierno, y los panistas califican a sus opositores del tricolor de “oposición retrógrada”.

Cada diagnóstico que se hace, muestra con claridad los problemas, pero también las propuestas de salida y las recomendaciones, como en este caso. Al mismo tiempo, de forma sistemática se ve la ineptitud de los políticos, tanto los que están en el gobierno como los que son oposición, una distinción que ya resulta un poco artificial porque en los tres grandes partidos se ejerce el gobierno. Los problemas apuntan en la misma dirección: corrupción, delincuencia organizada, impunidad, ineficiencia en los instrumentos y debilidad en las estrategias para enfrentar en serio estas amenazas. Poco a poco el crimen organizado gana batallas, asesina y silencia periodistas, amenaza medios locales y nacionales y con ello impone un clima de autocensura. Mientras tanto, crece la lista de periodistas asesinados y desaparecidos, a tal grado, que los relatores calificaron a México como “el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”. Y seguramente será también el más peligroso para los migrantes centroamericanos.

Existe una fiscalía especial para atender los delitos contra periodistas, pero, como dice el dicho, si quieres que algo no se solucione en el país, crea una fiscalía especial. Se fabrican espacios institucionales donde no hay voluntad política, ni autonomía, ni recursos y menos competencias adecuadas, como sucede con esta fiscalía.

De las múltiples recomendaciones que hacen Botero y La Rue, se desprende una agenda de pendientes, que no es nueva, pero que cada vez se vuelve más urgente de atender: desde detener la violencia que ya produjo, en los últimos 10 años, el asesinato de 64 periodistas y la desaparición de otros 11, combatir la enorme impunidad que rodea a estos crímenes, pasando por una reforma que regule el espectro radioeléctrico y cumpla con la sentencia de la SCJN de junio del 2007; romper con el carácter monopólico de los medios y darle autonomía al órgano regulador, que cada vez está más controlado por el gobierno, hasta construir alternativas para la defensa y protección de la libertad de expresión, la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y la autonomía de la Fiscalía Especial.

Las miradas externas y las visiones internacionales de cómo está la libertad de expresión son muy útiles. Pero seguir apelando a la clase política es inútil, por eso las iniciativas necesitan salir de la misma sociedad y de los medios, porque los políticos sólo piensan en ganar el 2012 para seguir con más de lo mismo.
Investigador del CIESAS

Alejandro Encinas Rodríguez

La decena trágica

La derrota del PRI en el 2000 creó las condiciones y levantó una gran expectativa para lograr una transformación democrática en el país. Quedaban atrás siete décadas de un régimen autoritario que, si bien instauró al Estado del siglo XX y las instituciones que resultaron de la Revolución, devino en un sistema político marcado por prácticas corporativas, corrupción y freno —cuando no la represión— a toda disidencia política o social.

Diez años han transcurrido y las expectativas se difuminaron entre las pesquisas de los headhunters, la suma del voto útil al foxismo que incluyó a militantes de la izquierda, la continuidad del pasado priísta, la frivolidad, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder público.

No hubo recato alguno. Desde las esferas del poder, lo mismo se entregaron los tiempos del Estado a los medios de comunicación y todo tipo de concesiones a los poderes fácticos, que se socavaron las empresas públicas para justificar su privatización, usando incluso de forma facciosa los poderes del Estado para eliminar al adversario político.

Una década después, México no sólo no transitó hacia la democracia, sino, por el contrario, registró una regresión en todos los órdenes.

La economía se estancó, al mantener una tasa promedio de crecimiento real de 2.5% a lo largo de la última década, mientras que la población creció en 10.8%, lo que impactó en el incremento de la tasa de ocupación parcial, y desocupación hasta 11.5%, lo que representa que más de cinco millones de mexicanos no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana, mientras que 12.6 millones de personas se desempeñan en la economía informal.

Menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal y han enfrentado una caída en sus salarios. El salario se paga por debajo del valor del trabajo. En diez años, el salario mínimo pasó de 40.35 pesos diarios a 57.47 pesos, apenas 17.11 pesos más. Su deterioro frente a los precios suma, desde 1982, una caída en el poder adquisitivo de 82%. En 1982 se requerían 5.1 horas de trabajo para adquirir una canasta básica adecuada para una familia de cinco miembros, mientras que en 2008 se ocupaban 14.5 horas, es decir, casi tres veces más. Aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, nueve millones de mexicanos viven con salario mínimo o menos.

Ello significó la expulsión de mexicanos al extranjero y el crecimiento de la pobreza. Si bien la migración se mantuvo en sus niveles históricos, la deportación de inmigrantes mexicanos alcanzó, según el INM, la cifra de más de 535 mil paisanos. De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres tras la crisis del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. El número de mexicanos en condición de pobreza alimentaria es 22.3 millones.

La violencia alcanza niveles inimaginables. Durante la actual administración se han registrado a la fecha 28 mil 500 ejecuciones. Se aduce que la violencia obedece al ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado. Pero el grueso de los delitos va en aumento: el secuestro se incrementó entre 2000 y 2010 en 129% y la extorsión en 419%. Los 72 cobardes asesinatos de inmigrantes latinoamericanos en Tamaulipas tiran por la borda esa tesis y evidencian el clima de barbarie contra grupos vulnerables (indocumentados, pobres, indígenas) y la incompetencia de la autoridad se resume en su incapacidad en declaraciones que ofenden la inteligencia.

La exclusión social afecta a varias generaciones de jóvenes: 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que por su condición económica han sido marginados del sistema educativo y del mercado laboral, y que no encuentran en la migración ni en la economía informal las válvulas de escape de antaño y se refugian en el hogar, el ocio, las adicciones y la delincuencia. El Instituto de la Juventud encontró en 2008 que 350 mil jóvenes entre 12 y 29 años intentaron suicidarse. De éstos, siete de cada 10 no tenían trabajo.

En este año de conmemoración patria, México cierra una década trágica. Una nueva temporada de zopilotes, en la que, pese a sus resultados, se insiste en la política económica impuesta desde los años del priísmo que empobrece a los mexicanos y en una estrategia contra el crimen cimentada en el principio de autoridad y no en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Coordinador de los diputados federales del PRD
alejandro.encinas@congreso.gob.mx