Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero.
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 1 de septiembre.- Los movimientos progresistas y de izquierda le deben al estado de Guerrero una de sus vetas más consecuentes y activas. Esta entidad sureña es tierra de Vicente Guerrero, Juan N. Álvarez e Ignacio Manuel Altamirano. Ahí se firmó la Constitución de Apatzingán, y se instaló el primer cuerpo legislativo de la historia del país, el Congreso de Anáhuac, donde José María Morelos presentó sus Sentimientos de la Nación. Más recientemente, desde la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez hasta nuestros días, Guerrero ha albergado un activismo social absolutamente central para la democratización del país.
Con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel federal, era casi inevitable que la izquierda ganara la del gobierno de este importante estado. Así ocurrió en 2005, cuando Zeferino Torreblanca triunfó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, era difícil prever que una vez en el poder Torreblanca traicionaría todos y cada uno de los principios y programas enarbolados en su campaña.
Durante los cinco años de su administración, el primer gobernador de la oposición no ha logrado solucionar ninguno de los reclamos populares. La pobreza sigue igual o peor que antes. El caciquismo político se ha consolidado. El poder del narcotráfico y el crimen organizado ha proliferado en la entidad. Los sistemas de salud y educación siguen sin llegar a las poblaciones rurales e indígenas más marginadas. La corrupción no ha disminuido y la procuración e impartición de justicia siguen siendo tan irregulares y desiguales como antaño. Torreblanca ha seguido al pie de la letra el guión establecido por el gobierno federal para militarizar las tareas de seguridad pública y dejar impunes las violaciones a los derechos humanos.
El caso de la injusta encarcelación del indígena Raúl Hernández es apenas el ejemplo más reciente y ostensible de la cortedad de miras del actual gobernador. Como en los viejos tiempos, utiliza al Ministerio Público estatal para intimidar y acosar a dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos. La total indolencia en la investigación de los asesinatos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, así como de Armando Chavarría, revela también la tendencia del mandatario estatal a preferir el encubrimiento por encima de la justicia.
Por ello la figura de Torreblanca se encuentra muy desprestigiada entre el pueblo guerrerense. Inspirados en los acontecimientos del pasado 4 de julio en las elecciones estatales, los ciudadanos de Guerrero anticipan ya un duro castigo ciudadano a tan mal gobierno.
El problema es que los dos líderes políticos que pudieron haber encabezado una rebelión popular a favor de una alternancia efectiva y un cambio transformador, hoy yacen muertos. Antes de su asesinato, Chavarría –exsenador federal, exsecretario de Gobierno estatal y presidente del Congreso local– había logrado un consenso entre casi todas las fuerzas progresistas de la entidad para ser el candidato de unidad en 2011 e impulsar un auténtico proyecto de transición.
Por otro lado, Pablo Sandoval Ramírez, uno de los dirigentes de mayor altura que ha dado Guerrero, también falleció hace unos años. Encabezó los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y fue figura insustituible en la lucha en contra del despótico régimen de Rubén Figueroa Figueroa en los setenta. También se desempeñó como dirigente nacional del sindicalismo universitario; fundador del PRD; coordinador de la campaña de Torreblanca para su primer cargo público como presidente municipal de Acapulco en 1999, y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante la LVII legislatura (1997-2000).
Ante la ausencia de figuras del tamaño de Sandoval o Chavarría, hoy el PRD, junto con el Partido del Trabajo, Convergencia y posiblemente el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Nueva Alianza (Panal), han decidido abanderar a Ángel Heladio Aguirre Rivero, priista de hueso colorado. Resulta paradójico y hasta contradictorio pensar que la persona que suplió a Rubén Figueroa Alcocer como gobernador después de la matanza de Aguas Blancas en 1996 y quien ha sido presidente del Comité Estatal del PRI, así como secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno, coordinador de Desarrollo Municipal y secretario particular del gobernador, todos durante gobiernos priistas, pueda llegar a representar algún cambio de rumbo para el estado.
La otra opción, sin embargo, hubiera sido peor. Lanzar como candidato al “delfín” de Torreblanca, el diputado Armando Ríos Piter, hubiera implicado un suicidio político para el PRD. Ríos era el candidato de la continuidad de un gobierno fallido y no cuenta con trayectoria alguna dentro de la izquierda. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, trabajó con el polémico José Ángel Gurría en la Secretaría de Hacienda, y después como subsecretario de Gobierno con el último gobernador priista de Guerrero, René Juárez. Tiempo después saltó a la ola de la “alternancia” y fue nombrado subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria con Vicente Fox, para finalmente encontrar refugio en el gobierno de Torreblanca como secretario de Desarrollo Rural. Si el PRD hubiera abanderado a Ríos, sin duda ocurriría lo mismo que en Zacatecas este año, cuando Amalia García impuso a otro burócrata fiel y gris como candidato a la gubernatura: una derrota contundente.
Aguirre, por lo menos hasta ahora, ha tenido la valentía de romper de manera pública con el caciquismo de la familia Figueroa, que presume de mover todos los hilos de la política estatal. Esto es algo que Torreblanca nunca estuvo dispuesto a hacer y que Ríos ni siquiera se ha propuesto.
El PRD en Guerrero no había tenido la necesidad de alimentarse de cuadros o escisiones del PRI. El estado era uno de los pocos lugares en el país en que la fuerza de la izquierda por sí misma podía imponer la agenda política. Hoy, tenemos que cantar un réquiem al excepcionalismo guerrerense y esperar que a pesar de ello la izquierda aproveche la candidatura de Aguirre para implementar un verdadero proyecto progresista y no, como también podríamos prever, sea Figueroa quien utilice a Aguirre para terminar de pisotear al PRD.
Si Aguirre quiere tener alguna posibilidad de ganar, desde ahora tendría que dar muestras contundentes de su independencia respecto de Figueroa, así como firmar públicamente una serie de compromisos específicos con la izquierda y el pueblo de Guerrero. Asimismo, si el pueblo de Guerrero quiere tener alguna posibilidad de finalmente contar con un gobierno menos ineficaz, debe presionar y exigir el cumplimiento de estos compromisos en todo momento y hasta el último día del mandato del nuevo gobernador. l
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