Aumenta con FCH desempleo, informalidad y subcontratación en México
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 1 sep 10 (CIMAC).- En lo que va del sexenio de F
elipe Calderón Hinojosa, el desempleo aumentó de 3.2 a 5.3 por ciento, el número de personas en la informalidad creció de 11.5 a 12.8 millones de personas y la subcontratación de 10 a 14 por ciento, lo que significó una disminución en la capacidad de compra y el acceso a la seguridad social de 16.9 millones de trabajadoras mexicanas.
De 2006 a la fecha, la capacidad de las y los trabajadores se redujo a la mitad, ya que hace cuatro años, el salario mínimo, ubicado en 48.57 pesos, permitía la adquisición de 60 por ciento de la canasta básica. Y en 2010, el salario mínimo, que en este tiempo aumentó nueve pesos, permite comprar 36 por ciento de la canasta. Para adquirir la canasta básica recomendable, en 2006 las trabajadoras que perciben un salario mínimo hubieran tenido que laborar 13 horas al día. En este año, quienes ganan esa cantidad, deben trabajar 21 horas y 57 minutos para tener acceso a una alimentación “recomendable”.
MUJERES SIN EMPLEO
Sandra González, trabajadora de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se sumó a las filas de la desocupación- donde hasta junio de este año se encontraban 2.5 millones de personas- tras el decreto presidencial de desaparición de la empresa pública.
Los 44 mil empleos perdidos por el cierre de LyFC se sumaron al millón 922 mil que se perdieron en 2008, de los cuales 71 por ciento eran ocupados por mujeres, mencionó Ana Patricia Sosa, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A diferencia de Sandra González, quien, junto con cerca de 4 mil mujeres electricistas, tenía un empleo formal, la mayoría de las mexicanas se ocupa en trabajos temporales, a tiempo parcial, en los que “difícilmente generan antigüedad y para los empleadores es más sencillo despedirlas”.
Patricia Sosa, investigadora y académica universitaria mencionó que este 2010 “no pinta” un mejor panorama para las trabajadoras, ya que de los 300 mil empleos que se prevé se perderán, 166 mil serán los ocupados por mujeres.
“EL PRESIDENTE DEL EMPLEO INFORMAL”
En lo que va de este sexenio, el trabajo informal se convirtió en una forma de subsistencia para las mujeres de LyFC y para las personas desocupadas, que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representan 28.8 por ciento de las 44.7 millones que trabajan en el país. La cifra de personas en la informalidad alcanzó los 12.8 millones, un millón 300 mil más que en 2006, de las cuales la mayoría son mujeres, pues se calcula que una de cada tres mexicanas labora en este sector, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En noviembre de 2009, Sandra González incursionó en la economía informal, vendiendo postres y frituras en la escuela de su hijo menor y en organizaciones sindicales solidarias al Sindicato Mexicano de Electricistas, que desde octubre de ese año está en resistencia para recuperar los 16 mil empleos de quienes no se han liquidado. A la par de la informalidad, en México aumentó la subcontratación, que también limita o anula los derechos laborales de las trabajadoras, Natividad Quiroz, empleada de la maquila en Lerdo, Durango, es testigo del perjuicio que sufre la mano de obra del sector cuando es contratada mediante otra empresa.
En la maquiladora Ropa Siete Leguas, como en otras de la región, “hay personas que son contratadas mediante otras empresas y así el patrón no se hace responsable de lo que pase con esos trabajadores a pesar de que en realidad están trabajando para él”. Hasta hace dos años, las mujeres representaban la tercera parte de la población subcontratada en la manufactura. En 2007, las personas subcontratadas representaban 10 por ciento del total de las y los trabajadores, actualmente creció a 14 por ciento.
De igual modo, las mexicanas son subcontratadas en call centers, comercio y en empresas de limpieza, de alimentos y vigilancia públicas y privadas, en general en el sector servicios donde se concentra el 81 por ciento de las 16.9 millones de trabajadoras del país. En la informalidad o en la subcontratación, las trabajadoras pierden prestaciones sociales, como el derecho a la atención médica gratuita, ello explica porqué actualmente 6 de cada 10 mujeres ocupadas no tienen acceso a las instituciones de salud, señaló Itzel Contreras, profesora de la Facultad de Economía, de la UNAM. Con base en datos generados por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la máxima casa de estudios, Contreras mencionó que además de la pérdida de seguridad social para las trabajadoras, está la disminución de su poder adquisitivo para tener lo indispensable para comer.
De las casi 17 millones de trabajadoras, 46 por ciento percibe entre uno y dos salarios mínimos, los cuales son insuficientes para costear los 13 productos de la canasta básica recomendable. La situación se agrava cuando se trata de madres trabajadoras, como la electricista Sandra González y la empleada de la maquila Natividad Quiroz, quienes deben “hacer milagros” con el ingreso que perciben.
En el país hay 8.5 millones de madres trabajadoras, casi la mitad de ellas gana un salario mínimo, y de ellas depende la subsistencia de alrededor de 16 millones de personas, según datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Sandra González, quien laboró 6 años en el departamento de Recursos Materiales de LyFC, mantiene a su hijo de siete años y a su madre, una mujer de la tercera edad. La comida en su mesa no ha faltado, lo que comienza a preocuparle es la pérdida del servicio médico que culmina en diciembre próximo.
Esa realidad, con la que está a punto de enfrentarse la electricista en resistencia, ya la viven 5.8 millones de madres trabajadores quienes carecen de seguridad social en el país.
elipe Calderón Hinojosa, el desempleo aumentó de 3.2 a 5.3 por ciento, el número de personas en la informalidad creció de 11.5 a 12.8 millones de personas y la subcontratación de 10 a 14 por ciento, lo que significó una disminución en la capacidad de compra y el acceso a la seguridad social de 16.9 millones de trabajadoras mexicanas. De 2006 a la fecha, la capacidad de las y los trabajadores se redujo a la mitad, ya que hace cuatro años, el salario mínimo, ubicado en 48.57 pesos, permitía la adquisición de 60 por ciento de la canasta básica. Y en 2010, el salario mínimo, que en este tiempo aumentó nueve pesos, permite comprar 36 por ciento de la canasta. Para adquirir la canasta básica recomendable, en 2006 las trabajadoras que perciben un salario mínimo hubieran tenido que laborar 13 horas al día. En este año, quienes ganan esa cantidad, deben trabajar 21 horas y 57 minutos para tener acceso a una alimentación “recomendable”.
MUJERES SIN EMPLEO
Sandra González, trabajadora de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se sumó a las filas de la desocupación- donde hasta junio de este año se encontraban 2.5 millones de personas- tras el decreto presidencial de desaparición de la empresa pública.
Los 44 mil empleos perdidos por el cierre de LyFC se sumaron al millón 922 mil que se perdieron en 2008, de los cuales 71 por ciento eran ocupados por mujeres, mencionó Ana Patricia Sosa, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A diferencia de Sandra González, quien, junto con cerca de 4 mil mujeres electricistas, tenía un empleo formal, la mayoría de las mexicanas se ocupa en trabajos temporales, a tiempo parcial, en los que “difícilmente generan antigüedad y para los empleadores es más sencillo despedirlas”.
Patricia Sosa, investigadora y académica universitaria mencionó que este 2010 “no pinta” un mejor panorama para las trabajadoras, ya que de los 300 mil empleos que se prevé se perderán, 166 mil serán los ocupados por mujeres.
“EL PRESIDENTE DEL EMPLEO INFORMAL”
En lo que va de este sexenio, el trabajo informal se convirtió en una forma de subsistencia para las mujeres de LyFC y para las personas desocupadas, que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representan 28.8 por ciento de las 44.7 millones que trabajan en el país. La cifra de personas en la informalidad alcanzó los 12.8 millones, un millón 300 mil más que en 2006, de las cuales la mayoría son mujeres, pues se calcula que una de cada tres mexicanas labora en este sector, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En noviembre de 2009, Sandra González incursionó en la economía informal, vendiendo postres y frituras en la escuela de su hijo menor y en organizaciones sindicales solidarias al Sindicato Mexicano de Electricistas, que desde octubre de ese año está en resistencia para recuperar los 16 mil empleos de quienes no se han liquidado. A la par de la informalidad, en México aumentó la subcontratación, que también limita o anula los derechos laborales de las trabajadoras, Natividad Quiroz, empleada de la maquila en Lerdo, Durango, es testigo del perjuicio que sufre la mano de obra del sector cuando es contratada mediante otra empresa.
En la maquiladora Ropa Siete Leguas, como en otras de la región, “hay personas que son contratadas mediante otras empresas y así el patrón no se hace responsable de lo que pase con esos trabajadores a pesar de que en realidad están trabajando para él”. Hasta hace dos años, las mujeres representaban la tercera parte de la población subcontratada en la manufactura. En 2007, las personas subcontratadas representaban 10 por ciento del total de las y los trabajadores, actualmente creció a 14 por ciento.
De igual modo, las mexicanas son subcontratadas en call centers, comercio y en empresas de limpieza, de alimentos y vigilancia públicas y privadas, en general en el sector servicios donde se concentra el 81 por ciento de las 16.9 millones de trabajadoras del país. En la informalidad o en la subcontratación, las trabajadoras pierden prestaciones sociales, como el derecho a la atención médica gratuita, ello explica porqué actualmente 6 de cada 10 mujeres ocupadas no tienen acceso a las instituciones de salud, señaló Itzel Contreras, profesora de la Facultad de Economía, de la UNAM. Con base en datos generados por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la máxima casa de estudios, Contreras mencionó que además de la pérdida de seguridad social para las trabajadoras, está la disminución de su poder adquisitivo para tener lo indispensable para comer.
De las casi 17 millones de trabajadoras, 46 por ciento percibe entre uno y dos salarios mínimos, los cuales son insuficientes para costear los 13 productos de la canasta básica recomendable. La situación se agrava cuando se trata de madres trabajadoras, como la electricista Sandra González y la empleada de la maquila Natividad Quiroz, quienes deben “hacer milagros” con el ingreso que perciben.
En el país hay 8.5 millones de madres trabajadoras, casi la mitad de ellas gana un salario mínimo, y de ellas depende la subsistencia de alrededor de 16 millones de personas, según datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Sandra González, quien laboró 6 años en el departamento de Recursos Materiales de LyFC, mantiene a su hijo de siete años y a su madre, una mujer de la tercera edad. La comida en su mesa no ha faltado, lo que comienza a preocuparle es la pérdida del servicio médico que culmina en diciembre próximo.
Esa realidad, con la que está a punto de enfrentarse la electricista en resistencia, ya la viven 5.8 millones de madres trabajadores quienes carecen de seguridad social en el país.
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