Editorial La Jornada
A las divergencias en lo relacionado con el lugar de la detención y el hermetismo oficial sobre los detalles del operativo, se suman las suspicacias en torno a la versión de que el presunto narcotraficante –quien se mostró tranquilo y hasta sonriente durante la presentación realizada en el centro de mando de la PF– fue capturado sin disparar un solo tiro, según informó el comisionado de la corporación, Facundo Rosas. Lo anterior no sólo contrasta con la caracterización –realizada por las propias autoridades– de Valdez Villarreal como un narcotraficante particularmente sangriento e implacable, sino también con la violencia de los episodios en los que han sido abatidos capos como Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, e Ignacio Coronel, en julio de este año.
Tan sospechosa como las circunstancias de la captura de Valdez Villarreal resulta la exclusión del Ejército y la Armada de México en el operativo correspondiente, el cual corrió a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal por conducto de la PF. Es pertinente recordar, al respecto, que la dependencia encabezada por Genaro García Luna cuenta con un historial de infiltraciones, cooptación y corrupción por el crimen organizado –como quedó de manifiesto en el contexto de la llamada Operación Limpieza, y con la destitución, anunciada el mismo lunes, de 10 por ciento del personal de la PF–, y que su titular tiene en su haber un antecedente ineludible en las acciones de combate al crimen organizado: el montaje televisivo de la captura de la francesa Florence Cassez y la banda de Los Zodiaco, en diciembre de 2005. Con tales precedentes, la participación de la PF contribuye a enturbiar, más que a esclarecer, el contexto, de por sí oscuro, en que se produce esta detención.
Ante tales consideraciones, la opinión pública tiene razones de sobra para preguntarse si dicha captura derivó en efecto del trabajo de inteligencia que se inició en junio de 2009 y se desarrolló en diversos puntos del país
, como afirman las autoridades, o si fue resultado de una componenda previa con cárteles de la droga. La sospecha se alimenta por el hermetismo de las autoridades policiacas y por la actitud desenfadada del propio Valdez Villarreal, pero también por la demostración constante y exasperante de la incapacidad de los distintos niveles de gobierno para enfrentar al crimen organizado en general, y al narcotráfico en particular: sin negociación de por medio, y habida cuenta de la vasta capacidad de fuego y organización de los grupos delictivos, es difícil explicarse cómo uno de los principales capos de la droga puede ser capturado sin oponer resistencia.
Por otro lado, de confirmarse las versiones de que el presunto narcotraficante originario de Laredo, Texas, será extraditado a Estados Unidos, no sólo se estaría asistiendo a una confesión de la incapacidad de las autoridades federales encargadas de procurar justicia; también quedaría de manifiesto una claudicación inaceptable en términos de soberanía y un trato de privilegio para un extranjero que cometió delitos en México, y que debe, por tanto, enfrentar los procesos penales correspondientes ante las instituciones mexicanas. Por lo demás, los señalamientos de que La Barbie trabaja desde hace meses como informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), confirmarían, de ser ciertos, que las autoridades del vecino país incurren en un fraude monumental a la opinión pública internacional al promover, por un lado, una cruzada mundial contra el trasiego de estupefacientes y pactar, por el otro, con dirigentes de las bandas dedicadas a ese ilícito.
En suma, lo que ha sido presentado por las autoridades mexicanas como un nuevo golpe
a la estructura del narcotráfico y un avance de la legalidad en el país, deja en la sociedad, a la luz de los elementos de juicio mencionados, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, que en nada ayuda a restañar la credibilidad oficial.
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