Marcela Turati
MÉXICO, D.F., 31 de agosto.- En este mes que termina estuvieron en el país representantes de la libertad de expresión de la OEA y de la ONU para escrutar la situación de violencia envolvente que afecta ya al gremio periodístico, las mujeres y
a otros sectores sociales. En su inusual visita conjunta, los relatores de los organismos multilaterales Catalina Botero y Frank La Rue comprobaron que la cruzada contra el narco sólo ha polarizado la situación: hoy una parte del territorio nacional está militarizado, mientras otra está dominada por los cárteles de la droga. México está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia.
En la reciente visita conjunta de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales discuten cómo clasificar la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra que cataloga conflictos armados internacionales (de un país contra otro) y conflictos armados internos (grupos rebeldes que buscan el poder).
La violencia mexicana no cabe en las definiciones de una guerra y existe resistencia a llamarla “conflicto armado” porque ello implica considerar débil al Estado. Lo que hoy se discute es si México inaugurará la categoría de “país con regiones de enfrentamiento intenso”, en la cual se considerarían como zonas especiales los territorios militarizados y los dominados por los cárteles de la droga.
Al final de la visita, el relator La Rue señaló que la Cruz Roja Internacional deberá crear esa nueva clasificación para México que le permita intervenir y atender a los ciudadanos afectados en las zonas violentas.
Durante la estancia de La Rue en México también salió a relucir que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que cuenta sólo con cuatro sedes en la región, ubicadas en Colombia, Bolivia, México y Guatemala) aumentó su personal en la delegación mexicana. Uno de los nuevos comisionados es el estadunidense Christopher Guarnotta, que inaugurará el puesto de visitador para la zona norte, y a quien el exrepresentante de la oficina, Alberto Brunori, presentó a los defensores de derechos humanos en su último viaje a Chihuahua, donde informó que más personal llegaría a reforzar la oficina.
Un día antes de que arribaran al país los relatores Botero y La Rue para realizar la inédita visita conjunta estaba en el país la alta comisionada adjunta de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, la coreana Kyung-Wha Kang, quien participó en un foro sobre derechos de las mujeres; también se reunió con funcionarios de gobierno y les expresó sus “preocupaciones muy serias por la situación”, con énfasis en los abusos de los militares en tareas de seguridad pública.
“El gobierno a lo largo de los años ha tratado de incorporar elementos que integran los elementos de derechos humanos en las operaciones militares y en la lucha por la seguridad y contra las bandas de delincuentes, pero ha habido casos de abusos –civiles que han perdido la vida, que han sido sacrificados, no solamente en fuego cruzado, violaciones de derechos humanos– que claramente se atribuyen a los elementos de las Fuerzas Armadas”, dijo a Proceso en entrevista.
La diplomática recabó información que llevará a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien realizará una visita al país en noviembre. Para octubre se espera la visita de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul, quien revisará la situación estructural de impunidad.
“Sabemos que el relator contra la tortura (de la ONU) está preocupado, ha recibido gran cantidad de denuncias, y la Unión Europea, que se ha manifestado en casos específicos y paradigmáticos. Pero Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos ni de la tortura, a pesar de que lo hemos solicitado al embajador”, señala el director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez.
A su vez, un diplomático extranjero comparte con Proceso la percepción manifiesta en los organismos internacionales: “Queda la sensación de que hay una crisis de institucionalidad del Estado, mucha impunidad y, por lo mismo, un progresivo deterioro de la situación. México enfrenta un momento decisivo”.
Peligroso para todos
En su visita al Distrito Federal y los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y México, los relatores recabaron información sobre las zonas donde el crimen organizado obliga a la prensa a censurarse, la violencia tiene paralizada a la gente y las procuradurías de justicia no investigan los crímenes cometidos contra el gremio y alientan, de esa manera, a que se cometan más ataques.
El sábado 7, dos días antes del inicio de la misión, mil 200 periodistas marcharon en el Distrito Federal, y cientos más en 14 ciudades del país, congregados bajo un mismo lema “Los queremos vivos”, en reclamo por el asesinato de 64 colegas, la desaparición de 11 y la impunidad en sus casos.
En el informe preliminar La Rue y Botero señalaron la urgencia de que el Estado implemente una política de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra periodistas, y criticaron la falta de voluntad, de recursos y de resultados de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR porque desde su creación, en 2006, no ha sancionado a ningún culpable.
“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse… en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia.”
Señalaron que de los 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en una década, 29 asesinatos y cinco desapariciones ocurrieron a partir de 2008, a lo que hay que sumar los secuestros, amenazas y hostigamientos que comúnmente reciben los reporteros locales que cubren temas de corrupción, narcotráfico y seguridad pública, y los atentados con explosivos contra sus medios de comunicación.
“En algunos casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente influenciar los contenidos de los medios de comunicación. Esas graves tendencias, que antes afectaban solamente a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan ahora a impactar a medios nacionales”, advierte el informe.
Frente a los brutales asesinatos atribuidos a grupos del crimen organizado, la responsabilidad del Estado es prevenir y crear un mecanismo de protección enfocado a periodistas, así como luchar contra la impunidad.
La colombiana Botero explicó en diferentes reuniones que los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, requieren especial protección del Estado porque con sus investigaciones “constantemente están tentando al monstruo”; y como se encargan de denunciar lo que ocurre, su trabajo protege a muchas personas.
“Si ellos, que visibilizan los abusos, son silenciados, se genera un efecto amedrentador para toda la sociedad. Porque el derecho a la información es un bien público, todos tienen derecho a estar informados y los periodistas a informar”, dijo en uno de los encuentros.
Los relatores reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas” y señalaron que el Estado debe legislar para prohibir la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, definir procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes.
Botero y La Rue pusieron como ejemplo la queja presentada por Proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene una amplia y reconocida circulación.
Código rojo
Además de la ONU y la OEA, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch también han manifestado su preocupación.
La Internacional Media Support, por ejemplo, planea organizar una segunda misión conjunta a México que congregue a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, el Comité de Protección a los Periodistas y Artículo 19, entre otros, porque considera que la violencia contra los periodistas tiende a agravarse.
“No se ve un retén, no se ve una trinchera, no se ve dónde o cómo el gobierno pueda contener la violencia”, comentó el enviado de una organización de derechos humanos que analiza la situación del país.
La generalización de la violencia ha disparado masivamente la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, y tiene saturado el trabajo de las organizaciones que velan por el respeto a las garantías de las personas.
Así ocurre con organizaciones como la CMDPDH, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, el chihuahuense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres o el centro guerrerense Tlachinollan de la Montaña, que no se dan abasto para tomar la defensa de nuevos casos, y muchas veces se limitan sólo a registrarlos.
“La situación ha disparado ciertas conductas violatorias de derechos humanos, como índices de tortura que se han manifestado de forma dramática, índices de arraigo, las denuncias de detenciones arbitrarias, los casos de personas desaparecidas, más la violación al derecho del debido proceso y las fallas del sistema de justicia penal”, dijo el director de la CMDPDH.
Situación de las mujeres
Al terminar su visita a México, la alta comisionada adjunta de derechos humanos de la ONU, Kyung-Wha Kang, se dijo profundamente preocupada porque el asesinato de mujeres se ha diseminado a varias entidades del país y por las enmiendas legislativas que permiten encarcelamiento de las mujeres por abortar, a contracorriente de las normas internacionales de salud reproductiva.
En entrevista con Proceso, ella comentó que aun cuando cada Estado es autónomo y puede implementar sus propias leyes, el gobierno federal tiene el reto de armonizar las legislaciones estatales y leyes municipales para que estén en concordancia con los derechos humanos y de salud reproductiva a los que México se ha comprometido en el ámbito internacional.
“Es muy preocupante encontrar casos donde las mujeres han sido enviadas a prisión, sentenciadas por muchos años en algunos casos. Algunas son mujeres violadas y tienen que enfrentar un embarazo no deseado y por lo tanto han tenido un aborto. Bajo los códigos penales se permite encarcelarlas… pero los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros: la norma más común indica que hasta las 12 semanas del embarazo es legal la interrupción del mismo”, según la representante de la ONU.
La diplomática participó en el 90 aniversario de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, realizado durante la segunda semana de agosto. También se reunió con funcionarios de gobierno y activistas que luchan contra el feminicidio en Ciudad Juárez, colectivos de mujeres asesinadas por militares y defensoras de la libertad sexual en Guanajuato.
Kyung-Wha Kang recibió información del centro Las Libres, de Guanajuato, sobre los casos de las seis mujeres encarceladas en esa entidad por abortar, así como de aproximadamente 30 más que habían sido procesadas por el mismo delito y 150 que eran buscadas para ser juzgadas.
Sobre esta situación, comentó: “Otros países tienen términos más amplios; otros, más restricciones, pero permiten el aborto legal en casos de violación, incesto o en casos en los que está en peligro la vida de la mujer… Pero hay que tener un espacio claro para que las mujeres ejerciten su derecho a la salud reproductiva libremente y en una forma responsable”.
La diplomática coreana, que tiene una conocida trayectoria feminista, señaló que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción y sancionan los abortos bajo cualquier circunstancia, se oponen a décadas de normas de derechos internacionales que garantizan a las mujeres ejercitar su derecho a la salud reproductiva responsable y libremente.
Otro tema que llamó la atención de la comisionada adjunta de la ONU fueron los asesinatos de mujeres: “Un tema muy importante en mis discusiones con los participantes de la sociedad civil y las autoridades es la violencia contra de las mujeres, en particular el feminicidio. Es increíble que, a partir de que esto se registró por primera vez, hayan pasado décadas y el problema no está desapareciendo; al contrario, parece estarse diseminando a otras partes del país”.
Las organizaciones feministas informaron a Kang que este año se han registrado más de 400 asesinatos de mujeres, fenómeno que consideró “muy impactante”; pero criticó que en el país no haya todavía un centro que procese y compile los datos, esenciales para saber qué ocurre realmente y cómo atender el problema.
“La impunidad –dijo– es un elemento que alimenta el crimen. Si matar a la mujer es fácil y nadie lo impide ni va ser castigado, nada impide que los delincuentes lo repitan… (ello se debe a que) la discriminación está enraizada profundamente. Así que creo que la discriminación de las mujeres y la impunidad se han juntado aquí para crear este reto que permanece sobre los feminicidios.”
Señaló que la situación de las mujeres es un indicador muy claro de la situación de la sociedad, y los retos de derechos humanos en la llamada “guerra en contra del crimen organizado” son acabar con la discriminación y la impunidad que prevalece ante estos retos (…) el hecho de que los agresores sean llevados a la justicia es importante”.
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