Ernesto Zedillo, constituyeron uno de los primeros hechos que pusieron en evidencia el escaso compromiso del gobierno panista de Vicente Fox en materia de derechos humanos, a pesar de que constituyeron un eje de su retórica inicial. Mediante la Procuraduría General de la República, el Ejecutivo federal los liberó en 2001, arguyendo razones humanitarias. Pero como sucedió en otros casos, nunca reconoció su inocencia. Y tampoco revirtió las condiciones que hicieron posibles los hechos: no se investigó ni se sancionó a los militares responsables de la tortura.
Durante el periodo en que Rodolfo y Teodoro permanecieron en prisión, se inició una larga lucha que no ha culminado, uno de cuyos hitos lo constituye precisamente la audiencia recién celebrada. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se ha mantenido en el caso junto a ellos; nuevos actores se han sumado también a la exigencia de justicia, y al mismo tiempo se constata cómo persisten tanto la explotación ilegal y descontrolada de recursos naturales en la zona, que obligaron a Teodoro y Rodolfo a defender su territorio, así como las condiciones que obstaculizan la actividad realizada por defensoras y defensores de derechos humanos. Y cómo la militarización del país avanza a la par de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses que realizan labores de seguridad pública, sin que hasta la fecha haya recursos eficientes para poner un alto a tales atentados contra la dignidad humana, entre otras cosas por la negativa gubernamental a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
El caso de los ecologistas Montiel y Cabrera fue sometido el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo conocimiento de él desde 2001, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el Estado mexicano ha rehusado ejecutar las medidas necesarias dictadas por ella para reparar el daño y hacerles justicia.
En la audiencia celebrada en Costa Rica, donde se ubica la sede de la Corte, estuvo presente Rodolfo Montiel, quien narró su participación en el movimiento campesino de defensa de los bosques, así como la detención y la tortura que sufrieron a manos del Ejército. Planteó también de manera contundente sus exigencias al Estado mexicano: que los militares no tengan injerencia en la seguridad pública; que no se obstaculice a quienes participan en la defensa ambiental, ni la labor de los defensores de derechos humanos en general, y que se establezcan las condiciones para que nadie vuelva a ser víctima de los abusos cometidos contra ellos.
Participó igualmente en la audiencia el doctor Christian Tramsen, médico que junto con el experto en medicina forense Morris Tidball-Binz realizó en Iguala, Guerrero, una revisión médica a los ecologistas durante su encarcelación. Los exámenes practicados demostraron que ambos habían sido sometidos a torturas que los afectaron gravemente. La perita de la PGR presentada por el Estado mexicano, sin experiencia en el diagnóstico de tortura (según los datos proporcionados por ella misma ante los jueces de la Corte), intentó rebatir sin éxito lo afirmado por el doctor Tramsen. A pregunta expresa de los representantes de las víctimas, terminó por admitir que los certificados médicos de la procuraduría no constituyen un examen médico completo, ni cumplen con los estándares internacionales para la detección de tortura.
Representaron a las víctimas ante la Corte el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Contra el Estado mexicano sostuvieron que los hechos del caso constituyen violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: derecho a la libertad y la seguridad; derecho a la integridad personal; derecho a la libertad de asociación; derecho al debido proceso y garantías judiciales. Las partes se han encontrado y han expresado su postura. Queda aún por esperar la sentencia que emitirá la Corte. En ésta, que probablemente será condenatoria, se ordenará al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para revertir las condiciones que hicieron posible las violaciones a los derechos humanos de los campesinos ecologistas. Igualmente se ordenará que se repare el daño y que haya condiciones para el acceso de las víctimas a la justicia.
Debido a la falta de compromiso gubernamental con las garantías fundamentales en México, es probable que en el futuro el Estado sea llamado nuevamente a rendir cuentas por otros casos. Debemos considerar también que en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la manera de abordar la sentencia del caso Rosendo Radilla, en el que la Interamericana sentenció a México a ajustar el Código de Justicia Militar. Tema del que de nuevo hablaré en colaboración posterior, toda vez que sigue en discusión ese punto en la SCJN. Por ahora el caso de los ecologistas ha adquirido relevancia, y su importancia se hará notar en la medida en que los defensores de derechos humanos, especialmente quienes asumen la defensa de los bienes comunitarios, encuentren mejores condiciones para el desarrollo de su actividad.
Porfirio Muñoz Ledo
eso. Los respaldos han sido unánimes, las preguntas angustiantes. Mis palabras fueron interpretadas como una severa condena a la clase gobernante y un certificado de defunción de las instituciones representativas.La ceremonia de oropel apenas encubría la rendición del Legislativo, como las fiestas del bicentenario: vacías de memoria, de proyecto y de íntimo decoro. Los legisladores aborregados bajo el mandato de jefes políticos, súbditos a su vez de cacicazgos ajenos a los intereses nacionales. Perdido el cuidado de las formas, que fue refinada especialidad del régimen posrevolucionario y de su antecesor: el porfiriato.
La violación tumultuaria de la ley para acomodar pequeñas ambiciones y equilibrios tan precarios como estériles. La cuestión no es si el PRI, el PAN o el PRD van a ocupar tal o cual posición en la Cámara, en aras de promociones personales o sucesorias. La tragedia es que los liderazgos parlamentarios —el mandarinato— están dispuestos a entregar la autonomía y dignidad de la representación nacional a cambio de equívocas candilejas y migajas burocráticas.
La ceremonia del 1 de septiembre fue un rosario de vejaciones a la Ley Orgánica del Congreso. Su artículo 7 dispone que “el Presidente de la República asistirá a la apertura del primer periodo de sesiones”, ordenamiento que regula la forma como deberá cumplir el mandato del artículo 69 de la Constitución. Sin embargo, el Ejecutivo no estuvo ahí, en abierto desafío al Poder Legislativo. No hay jefe de Estado que ose ausentarse, en ningún sistema democrático en el planeta.
El mismo artículo estipula “antes del arribo del Presidente hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos”. Tal obligación fue doblemente incumplida, trasladándose los mensajes al domingo 5, en cada Cámara separadamente, cuatro días después de que el Ejecutivo enviase su informe al Congreso a través de un personero y transmitiera por los medios un monólogo autoritario a despecho de la división de poderes.
En seguida indica que “el Presidente del Congreso contestará el Informe en términos concisos y generales”, lo que no ocurrió y si llegara a hacerlo sería a ridículo destiempo y en ausencia de su interlocutor —onanismo legislativo. Olvidaron que las anteriores disposiciones fueron fruto de la recuperación de facultades congresuales en los inicios de la transición y que estuvimos a punto de instaurar la interpelación parlamentaria regular con el titular del gobierno federal.
El artículo 17 ordena: “La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno”, añade que será “por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes” y precisa que “se hará por cédula o utilizando el sistema de votación electrónica”. Ninguna de esas disposiciones fue acatada y se asumió que, no habiendo acuerdo de las dirigencias parlamentarias, podía omitirse el escrutinio. Ignorancia supina y estupidez jurídica.
En todos los parlamentos se eligen las Mesas por el pleno. Si media acuerdo de los actores, éste se refleja en la votación —hasta por unanimidad. Si no lo hay, se forman planillas contendientes hasta que una alcanza la mayoría requerida. En la Asamblea de las Naciones Unidas llegamos a votar en urnas 106 ocasiones los candidatos de América Latina a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad a finales de 1979. Terminado el periodo, México fue electo por consenso como tercero en concordia.
El acta de la sesión del día primero —consagratoria de esos desmanes— es ilegal y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Teníamos ya un Ejecutivo dudoso, por no decir espurio, y ahora nos amanecemos con un Congreso descabezado por su propia voluntad en renuncia a la legitimidad que detentaba. La abdicación del Poder Legislativo completaría la desaparición de los poderes republicanos. El único refugio posible es una ciudadanía militante.
Diputado federal del PT
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