Editorial La Jornada.
Click y Link, han quedado varados en diversos aeropuertos a consecuencia de la suspensión de decenas de vuelos nacionales e internacionales decidida por la empresa sin aplicar medidas para paliar la situación. A lo sumo, la aerolínea ha puesto a disposición de los poseedores de boletos un mecanismo para realizar el trámite de reembolso por medio de Internet, lo cual no contribuye en nada a resolver la circunstancia inmediata de los viajeros.Las autoridades –las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y de Turismo, así como la Procuraduría Federal del Consumidor– se han abstenido de intervenir en forma decisiva para resolver la angustiosa situación de los afectados.
El hecho de que nadie, ni empresa ni autoridades, se haga cargo de los pasajeros varados, y que se permita lavarse las manos al corporativo que detenta la propiedad de Mexicana, es una nueva muestra de la terrible falta de certidumbres que padece el país, así como de la creciente ausencia del Estado como regulador de las relaciones entre particulares.
Sin duda hay en este sentido indicadores mucho más graves, como la incapacidad oficial para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la salud y al trabajo. Pero incluso en este trance nacional –agravado ayer por el homicidio del presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas, Marco Antonio Leal García– no hay justificación para hacer pagar a consumidores y trabajadores por los malos manejos financieros de la administración de la aerolínea, los cuales fueron tolerados desde el momento en que ésta fue reprivatizada a fines de la administración foxista.
Es exigible que las autoridades involucradas tomen cartas en el asunto y que resuelvan a la brevedad el impasse en el que se encuentran miles de personas; que se emprenda una investigación exhaustiva de los manejos financieros que llevaron a su crítica situación actual a la tercera aerolínea más antigua del mundo, la principal de América Latina y el Caribe en el hemisferio norte y una empresa estratégica para el país, y se proceda a fincar las responsabilidades civiles y penales que puedan existir tras la turbia descapitalización de Mexicana de Aviación.Confiar la solución de la bancarrota de la compañía a un concurso mercantil y dejar en la desprotección a usuarios y trabajadores es una injustificable muestra del pensamiento económico neoliberal en su manifestación más bárbara: la ley de la jungla.
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