TIEMPO DE MUJERES

Todo el peso de la ley

Hace unos años un empresario metió al país maquinas de apuesta –tragaperras les dicen- y las instaló en el hipódromo de Ciudad Juárez. Las autoridades decidieron clausurar al hipódromo aunque no le aplicaron al personaje todo el peso de la ley. En una conferencia de prensa donde el se defendía, apareció el jefe del FBI en El Paso, Texas y el sénior Sandoval Iñiguez, que todavía no era cardenal.

Extraña combinación de personajes; el empresario decía ser amigo de Fidel Castro, pero nadie entendía que hacían ahí los otros dos. Al policía lo castigaron y lo removieron de su puesto, y al cura lo sacaron de Juárez y lo enviaron a Guadalajara desde donde no ha dejado de provocar.

En su momento circularon versiones sobre el empresario como personero de la iglesia. Si esto es cierto, Sandoval estaría cuidando inversiones de la iglesia. Lo cierto es que el religioso nunca dio explicaciones.

Ahora encontramos una más de las provocaciones del cardenal. Molesto porque la suprema corte de justicia –con minúsculas- dio por constitucional el derecho de los gay para adoptar los acusó de corruptos y de paso arremetió contra el jefe de gobierno del Distrito Federal, entidad donde es legal el matrimonio gay. Si el cardenal habla de ese tipo de corrupción es porque tal vez del tema sepa mucho. Pero fiel a su costumbre no ha presentado ninguna prueba, aunque dice tenerlas.

El señor Sandoval acusó en los medios al jefe de gobierno del Distrito Federal y a los ministros de la suprema corte de justicia, y al hacerlo debió haber considerado que su dicho, en un país democrático, tiene consecuencias legales. Pero tal vez confía en la ausencia de democracia, porque el ha hecho mucho para evitar que esta se consolide. En los regímenes autoritarios los jerarcas religiosos se entienden muy bien con el poder, de eso si que sabe mucho el cardenal.

No obstante su acto de provocación, cuándo el jefe de gobierno lo demandó por difamación, el cardenal se dijo perseguido. Parece no quedarle claro que el que empezó todo esto fue el mismo; Marcelo Ebrard –jefe de gobierno- inició una causa legal y no una persecución contra el religioso, apeló a las leyes para defender su honor, aspecto que esta perfectamente reglamentado en el cuerpo jurídico mexicano. Pero para un hombre que defiende las tesis de la inquisición, es casi obvio el desprecio a las leyes de los hombres. Habrá que recordarle que las leyes de su religión no son universales.

Si el religioso cuenta con pruebas del soborno a los magistrados ganará el caso, y de paso nos dará material para deshacernos de lacras de ese tipo. El país no puede, ni debe, tolerar que un jefe de gobierno que fue elegido soborne a magistrados que fueron ratificados por el senado. Ese sería un gran servicio a la patria y pondría una piedra fundamental para depurar a la maltrecha justicia mexicana. Nosotros entonces seríamos los primeros en proponer levantarle un monumento, hasta más alto que el de Benito Juárez.

Si el cardenal carece de pruebas, debe ser sancionado de acuerdo a los términos que establece la ley, porque para todos, pero especialmente para un político, la honorabilidad es una virtud imprescindible. Aquel que atente contra ella debe pagar las consecuencias legales.

Preocupa que el PAN salga a defender al religioso y se lance en contra del agraviado. Así como hacen los extremistas que bloquean los abortos de víctimas de violación para sumergirlas en la pobreza moral y económica. Esto es similar al silencio de la Secretaria de Gobernación que debiendo encargarse de vigilar los actos de los religiosos y sancionarlos cuando violan la ley voltea la cara hacia el otro lado ignorando las agresiones del cura. Si entendemos correctamente, debemos notar que el Partido Acción Nacional está defendiendo a un presunto delincuente, está interfiriendo en el desarrollo de un juicio, y esta atentando en contra del principio de igualdad ante la ley que tienen todos los ciudadanos. Hasta donde se, el cardenal es ciudadano mexicano y el hecho que detente un puesto directivo en una institución religiosa no lo exime de sus responsabilidades ciudadanas, ni le da impunidad. De no ser ciudadano, al personaje se le debe aplicar el articulo 33 y deportarlo por interferir en la vida política del país.

El concepto de democracia es muy claro: no debe haber nadie por encima de la ley para los que hablan de calidad de la democracia queda muy claro que sin estado de derecho no hay democracia. El PAN y el cardenal están atentando contra la democracia, el primero ya lo pagó en las urnas, al segundo lo deben castigar los jueces

Samuel Schmidt
schmidt@mexico.com