Durante su 88 período ordinario de sesiones en Costa Rica
Por Anayeli García Martínez
México, D.F., 31 ago 10 (CIMAC).- Desde ayer y hasta mañana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) deliberará sobre las posibles sentencias contra el Estado mexicano, por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas tlapanecas originarias de Guerrero, violadas por militares en 2002.
Los siete jueces de la CoIDH, encabezados por el paraguayo Diego García-Sayán, junto con el juez “ad hoc” designado por el Estado mexicano para estos casos, Alejandro Carlos Espinosa, se reúnen en San José, Costa Rica, para deliberar y estudiar la posibilidad de dictar sentencia sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas para Inés y Valentina.
Cabe destacar que Carlos Espinosa, autor del libro "Derecho Militar Mexicano, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y que desde 1993 imparte las materias de derecho penal y militar, y criminología.
Él estuvo presente durante la audiencia de Valentina, hecho cuestionado por los abogados de la víctima, quienes afirmaron que tenía un perfil académico y profesional “favorable al Ejército” pues también fue funcionario de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Vicente Fox.
Aunque este análisis forma parte de los trabajos del 88 Período Ordinario de Sesiones del máximo tribunal internacional –que inició el 23 de agosto y finalizará el 4 de septiembre de 2010– no se sabe si la deliberación terminará en este periodo de sesiones o si se ampliara hasta el próximo, dijo en entrevista desde Costa Rica, Agustín Martín, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), uno de los litigantes de ambos casos.
“Tampoco hay mayor información de cuál será el sentido de la posible sentencia, pero se espera que la resolución sea favorable para las víctimas”, afirmó el abogado, quien además explicó que después de este proceso, la secretaría de la CoIDH verificará en un plazo de uno, dos o más meses, la resolución final para comunicarla al Estado mexicano y a las partes, y a continuación hacerla pública.
Luego de agotar las instancias nacionales, sin encontrar justicia Inés y Valentina, originarias de Ayutla de los Libres y Caxiltepec, respectivamente, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fue así que Cejil, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, llevó el caso de Valentina a la CIDH el 10 de noviembre de 2003, mientras que el de Inés llegó el 14 de junio de 2004.
En estos casos, la CoIDH podrá pronunciarse sobre el fuero militar y la falta de acceso a la justicia, en especial de las mujeres y las personas indígenas, debido a que ambos casos se relacionan a la supuesta responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual en perjuicio de Inés y Valentina.
Asimismo, se podrá pronunciar por la falta de debida diligencia en la investigación, y sanción de los responsables de esos hechos; la supuesta falta de reparación adecuada a favor de las presuntas víctimas y sus familiares; la supuesta utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y las alegadas dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia.
Debido a que esta deliberación es privada, no se sabe como se perfila la posible sentencia, pero durante las audiencias de Inés el 5 de abril en Lima, Perú; y las de de Valentina el 27 de mayo en San José, Costa Rica, los representantes legales de ambas mujeres evidenciaron ante esta institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que sí hubo violaciones a sus derechos humanos.
10/AGM/LR/LGL
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