México, DF, 22 ago 12 (CIMAC).- Para Fernando Calderón las mujeres y los jóvenes tienen papeles fundamentales como sujetos de la movilización y productores de nuevas demandas sociales, debido a una considerable frustración de expectativas entre estos grupos, causada por el saldo socioeconómico negativo.
Esa frustración es uno de los motores de los conflictos, junto con la percepción de inseguridad y exclusión, como factores inherentes a la vida cotidiana, un proceso de ruptura de los imaginarios y las tensiones entre lo colectivo y lo individual.
Las y los jóvenes son una población crucial de la sociedad, como portadores de grandes potencialidades de cambio y nuevas propuestas, y al mismo tiempo, una “caja de Pandora” que puede llegar a generar caos si no se logra canalizar sus demandas, expectativas y frustraciones.
Las mujeres también son actores fundamentales en los conflictos culturales. Si bien las tensiones relativas al género se expresan y reconocen poco en el espacio público mediático, poseen un potencial de cambio cultural y estratégico para las sociedades modernas.
Especialmente debido al papel propositivo que las mujeres pueden cumplir en la política y en la sociedad como promotoras de cambio y de justicia. (Fernando Calderón G. Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina, Revista No. 17 CEPAL).
Los conflictos culturales son estratégicos porque tienen como objetivo el cambio de modos de vida. Colombia y México son los países con mayor número de conflictos de este tipo.
El autor se pregunta si existe en América Latina capacidad política e institucional para procesar los conflictos, pregunta muy pertinente en la actual situación que viven las y los jóvenes en el país.
“La capacidad de procesamiento del conflicto se refiere a la capacidad de trascender hacia un equilibrio caracterizado por un Estado legítimo, con instrumentos y espacios institucionales amplios y eficaces para procesar positivamente los conflictos y, al mismo tiempo, una sociedad activa y caracterizada por una fuerte participación ciudadana en la vida pública y una dinámica de acción colectiva creativa”.
A partir de una categorización concibe que la acción colectiva se da en tres grandes campos, uno de ellos es: demandas por la reproducción social. Los conflictos por la reproducción social representan el 47.3 por ciento del total, a nivel latinoamericano.
Estos conflictos se refieren a las capacidades de una sociedad para reproducirse y cambiar a lo largo del tiempo y se relaciona tanto con umbrales básicos de reproducción (alimentación, salud, educación, empleo, entre otros) como con umbrales ampliados referidos a la calidad de vida en general, y a los conceptos de bienestar y de vida digna.
De cada 100 latinoamericanos, 79 consideran injusta la distribución del ingreso –México se caracteriza por su alta concentración–; la desigualdad es la base sobre la que se desarrollan la mayoría de los conflictos y protestas sociales. Las cuestiones laborales/salariales y la situación económica se hallan en la raíz de más de la mitad de los conflictos.
En este campo de conflictividad, los que tienden a alcanzar un nivel de radicalización significativa obedecen a problemas de tierra (53 por ciento), cuestiones laborales/salariales (49 por ciento), y protestas en contra de medidas económicas (42 por ciento).
Como bien se puede apreciar en nuestro país, mujeres y jóvenes están insertas en una realidad acorde a estas dimensiones conflictivas.
Las jóvenes tienen empleos pobres, como afirma Gustavo Garabito: “El Estado sigue eludiendo vigilar e intervenir en el mercado de trabajo, con el fin de garantizar mínimas condiciones que permitan mejorar la calidad de los empleos.
“Estamos ante una integración escuela-trabajo perversa que, bajo la imagen de un círculo vicioso genera una amenaza de exclusión social latente. Las y los jóvenes herederos de una pobreza familiar se ven obligadas a desertar tempranamente de la escuela, lo cual los condiciona a emplearse en sectores productivos que difícilmente podrán sacarlos de sus condiciones de pobreza”
(Gustavo Garabito Ballesteros. “La Juventud en México: escenarios educativos y laborales”. Friedrich Ebert Stiftung).
Sin duda la mejor expresión de esta realidad son las altas tasas de ocupación parcial y desocupación femenina reportadas por ENOE-Inegi para el segundo trimestre del año, mismas que se ilustran en la gráfica.
(VER GRÁFICA AQUÍ)
Por un lado confirman el alto grado de flexibilización del mercado de trabajo, ya que un porcentaje muy importante de la población ocupada femenina –joven en su mayoría– labora menos de 15 horas o está desocupada, eso es lo que refleja este indicador.
Estos datos significan que a nivel nacional 2.9 millones de trabajadoras (16 por ciento) laboran jornadas menores a 15 horas, frente a 9.2 por ciento de la mano de obra masculina; generalmente son contratos verbales sin ninguna protección, temporales.
En algunos estados como Guanajuato y Nayarit este indicador crece hasta 21.8 y 19.7, respectivamente; la constante es que la proporción femenina en esta condición supera ampliamente a la masculina y que en su mayoría son jóvenes con empleos pobres, desde luego son empleos que abonan a la informalidad.
Un saldo socioeconómico negativo que estrecha las ventanas de oportunidades de las jóvenes.
P.D.
Datos del Inegi de 2012 indican que entre la población indígena la agricultura es la actividad económica predominante, seguida de la manufactura y el comercio; muchas de estas actividades tienen poca posibilidad de desarrollarse para trascender a mercados regionales más amplios, sin embargo el potencial de la industria de los textiles, el cuero, el vestido y la alfarería, son campos cuya producción pueden llegar a los mercados.
La tasa de participación económica de las y los hablantes de lengua indígena que residen en el área rural tiene una configuración por sexo distinta respecto a los que habitan en áreas urbanas: en los primeros, la tasa de participación de las mujeres de 12 años y más es de 17.1 por ciento, mientras que en los varones es de 74.3 por ciento; en las áreas urbanas esta tasa es de 37.9 por ciento en las mujeres, y de 73.1 por ciento en los varones.
Correo: ramona_melendez@yahoo.com.mx
Por un lado confirman el alto grado de flexibilización del mercado de trabajo, ya que un porcentaje muy importante de la población ocupada femenina –joven en su mayoría– labora menos de 15 horas o está desocupada, eso es lo que refleja este indicador.
Estos datos significan que a nivel nacional 2.9 millones de trabajadoras (16 por ciento) laboran jornadas menores a 15 horas, frente a 9.2 por ciento de la mano de obra masculina; generalmente son contratos verbales sin ninguna protección, temporales.
En algunos estados como Guanajuato y Nayarit este indicador crece hasta 21.8 y 19.7, respectivamente; la constante es que la proporción femenina en esta condición supera ampliamente a la masculina y que en su mayoría son jóvenes con empleos pobres, desde luego son empleos que abonan a la informalidad.
Un saldo socioeconómico negativo que estrecha las ventanas de oportunidades de las jóvenes.
P.D.
Datos del Inegi de 2012 indican que entre la población indígena la agricultura es la actividad económica predominante, seguida de la manufactura y el comercio; muchas de estas actividades tienen poca posibilidad de desarrollarse para trascender a mercados regionales más amplios, sin embargo el potencial de la industria de los textiles, el cuero, el vestido y la alfarería, son campos cuya producción pueden llegar a los mercados.
La tasa de participación económica de las y los hablantes de lengua indígena que residen en el área rural tiene una configuración por sexo distinta respecto a los que habitan en áreas urbanas: en los primeros, la tasa de participación de las mujeres de 12 años y más es de 17.1 por ciento, mientras que en los varones es de 74.3 por ciento; en las áreas urbanas esta tasa es de 37.9 por ciento en las mujeres, y de 73.1 por ciento en los varones.
Correo: ramona_melendez@yahoo.com.mx
*Economista especializada en temas de género.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario