Se da un mensaje de impunidad y falta de ética, dice académica
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 17 ago 12 (CIMAC).- La eventual contratación de Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España, como perito en la investigación del feminicidio en Ciudad Juárez, refleja la simulación del Estado mexicano para erradicar la violencia de género y el despilfarro de recursos públicos, ya que hasta ahora las instancias creadas contra ese flagelo no muestran resultados.
En entrevista con Cimacnoticias, la académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Lucía Melgar Palacios, confirmó que este fin de semana se publicará en dos diarios de circulación nacional un llamado a la opinión publica y a instancias de justicia y de defensa de las mujeres, para que no se contrate a Castresana como coadyuvante en la indagación del caso “Campo Algodonero”, toda vez que fue denunciado por su ex esposa, la periodista Sanjuana Martínez, por violencia familiar.
Tal desplegado va respaldado con firmas de académicas, académicos y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres.
Melgar agregó que la próxima semana también se enviará una carta en ese sentido a la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua, la cual en coordinación con el gobierno federal, gestiona la contratación del fiscal español.
La ex profesora e investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM señaló que autoridades aclararon que Castresana no encabezaría el equipo de investigación de los asesinatos de las jóvenes Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice (cometidos en 2001), pero que sí consideran tenerlo como “asesor”, por lo que Melgar expresó su rechazo.
“Nuestros impuestos no están para mantener a este tipo de señores, si le dan más poder, es darle más poder frente a SanJuana Martínez. Si le están dando un lugar, le están dando más influencia y más poder y no estamos de acuerdo con ello”, advirtió.
El mes pasado la periodista SanJuana Martínez sufrió una detención arbitraria en su domicilio por elementos de la policía estatal. La orden de aprehensión fue girada por la juez Luz María Guerrero, del Juzgado Décimo Quinto de lo Familiar de San Pedro Garza, Nuevo León, luego de que Castresana interpuso una demanda contra Sanjuana para quitarle a sus hijos, lo que es ilegal.
Para Melgar Palacios esta eventual contratación envía a la ciudadanía un mensaje de impunidad y falta de ética de los servidores públicos.
La investigadora consideró que es hora de que la ciudadanía exija que los funcionarios tengan un mínimo de ética, que se envíe el mensaje de que estamos viendo lo que están haciendo y no estamos de acuerdo.
MUCHO DINERO Y NINGUNA SOLUCIÓN
“En México se está gastando dinero para simular y no para resolver los problemas; ninguna de las instancias que se han creado para atender la violencia contra las mujeres funciona bien”, criticó la académica.
La también investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México demandó que desaparezcan fiscalías, cargos e instancias legislativas contra la violencia de género que no funcionen, o que no se les pague y que por lo menos rindan cuentas de lo que hacen, ya que hasta ahora no ha sido así.
“Aquí el punto de fondo es que no les importa resolver el problema de la violencia contra las mujeres”, acusó Melgar, y cuestionó que se gasten millones de pesos y no se ponga un alto a esa situación. “(Los funcionarios) nada más se dedican a simular; si tuvieran un poquito de ética renunciarían a sus puestos”, añadió.
El 10 de diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por los homicidios de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice, ya que ocurrieron en un contexto de discriminación, violencia e impunidad. Hasta la fecha no hay responsables de esos crímenes.
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