Colectivo La Digna Voz
El conflicto denota la pugna entre la burguesía mexicana por la banda ancha y al presidencialismo como el árbitro interesado y parcial.
Uno de los obstáculos vigentes del régimen político y baldón definitivo de la falsa transición a la democracia en México son los medios de comunicación, quienes cumplen grosso modo el mismo papel que cumplieron en los tiempos de Ruiz Cortines o Echeverría: apuntalar la dominación y beneficiarse, vía alianza con el presidente en turno, lo más que se pueda, porque los vientos políticos suelen cambiar. Si no pregúntele a Carlos Slim, que de haber sido el más beneficiado con la ola de privatizaciones en el sexenio de Carlos Salinas pasó a ser el puerquito de los presidentes panistas. No se ve que vayan a cambiar muchos las cosas con el próximo presidente; la alianza recién desechada por el IFE entre Peña y Televisa -visible para mucho- seguramente se mantendrá, sobre todo ahora que el candidato priísta podrá repartir el pastel de la banda de 2.5 Ghz.
Las pugnas entre fracciones de la burguesía por monopolizar las frecuencias y ofrecer banda ancha que, como el agua o la luz, serán parte de la cotidianidad de millones de personas, tendrán al presidente en turno como fiel de la balanza. A éste no le importarán lo intereses colectivos si no, como lo demuestra el caso MVS plenamente, los intereses de su grupo, a pesar de que para ello deba interferir para impedir una mejor la calidad en las comunicaciones, afectando a millones de personas. Por un lado Calderón y los de su clase su ufanan de ofrecer internet gratis y equipos de cómputo pero por el otro mantienen a los cibernautas nacionales con tecnología de segunda para favorecer las ganancias de una o varias corporaciones que le ayuden a mantenerse en la silla. Al permitirles gozar de un monopolio de facto, con la condición de que desinformen y manipulen a la audiencia en su beneficio, los presidentes mexicanos se han esmerado en mantener una pieza clave del régimen político presidencialista, incluso al grado de que es posible percibir un mayor margen de maniobra por parte de las televisora, al mismo tiempo que los políticos dependen más de los medios para existir.
Toda la discusión en curso sobre la expropiación de la banda de los 2.5 Ghz, en buena parte está concentrada en la ‘injusticia’ que se comete contra el MVS al retirarle el usufructo casi con los mismos argumentos que los que usaron en contra de Chávez en Venezuela cuando el estado decidió no renovar las concesiones de televisoras que utilizaron todo su poder mediático para derrocar al propio Chávez años atrás. Entonces como ahora se coloca el conflicto en términos de ataques a la libertad de expresión y libertad de empresa.
Sin embargo, la injusticia radica en que son sólo un puñado de personas son en realidad las que disfrutan de las condiciones económicas y posibilidades políticas para desarrollar proyectos como el que hoy MVS comienza a perder. La inmensa mayoría no tendrá semejante privilegio y además será la que le genere, atada a los monopolios, enormes beneficios a esos pocos ‘suertudos’. La discusión no está en las injusticias sufridas por un pez gordo, miembro distinguido de la burguesía nacional, como Joaquín Vargas; no, está en la búsqueda de nuevas formas de acceso a las frecuencias, más desde una perspectiva incluyente y abierta, que haga posible que la sociedad en su conjunto pueda acceder al uso democrático de la banda 2.5 Ghz. Que no sea el dinero el factor determinante para asignar concesiones pues este criterio deja a la mayoría fuera de la posibilidad de definir los contenidos para comunicarse con la comunidad, la región, el mundo. Nos convierte en consumidores pasivos de contenidos definidos de acuerdo a criterios particulares y además sin poder articular mensajes.
Al observar el revuelo que ha causado el conflicto entre Calderón y MVS no puede uno dejar de pensar en la represión que enfrentaron los miembros del Excélsior y su director, Julio Scherer y en cómo el presidencialismo todavía agita con fuerza una de sus alas para mantener vivo el régimen político. Si los transitólogos pensaron que con la alternacia, la confiabilidad en las elecciones y la existencia de instituciones autónomas –que por cierto cada vez se sostienen menos, sobre todo los dos últimos, y cada vez son menos autónomas si alguna vez lo fueron- la transición estaba realizada se olvidaron de las facultades metaconstitucionales de presidencialismo mexicano. Y si bien la clase política se empeñó en desarmar al ejecutivo federal esto no quiere decir que ha dejado de existir su poder. El mecanismo de la concesión le da un enorme margen de intervención y de afectación de particulares pero sobre todo de incidir, de estorbar y favorecer, con limitaciones claro, en el desarrollo de la economía.
Tal vez por ello lo que habría que hacer es sacar el conflicto del espacio de la injusticia hacia un particular, MVS, para discutir como abrir los procesos de concesiones a la sociedad civil. En Acapulco Guerrero, lo que queda del Movimiento Progresista “ adoptó un resolutivo especial mediante el cual acordó luchar por rescatar la banda de 2.5 gigahercios (Ghz) para Multivisión (MVS)” en lugar de promover leyes que rompan con la concesión a grupos privilegiados y de acuerdo a la coyuntura política. La izquierda mexicana defendiendo a la burguesía nacional no parece ser algo nuevo aunque habría que subrayar la ausencia de crítica del conflicto, insistiendo en alinearse con los intereses de una empresa privada y de la partidocracia en su conjunto, deslindándose definitivamente de AMLO para empezar los ‘acuerdos’ con el PRI y el PAN para las reformas anunciadas por Peña Nieto.
Al final el conflicto con MVS denota una clara ruptura en el seno de la clase dominante ya que el enfrentamiento tiene significado económico pero sobre todo político. Al surgir una veta de explotación para los próximos cincuenta años es normal que los dueños del dinero se empujen y eventualmente se maten, pero también es un buen momento para tratar de cambiar el rumbo y develar lo que hay detrás de las cuestiones de legalidad o los supuestos berrinches de Calderón. Las pugnas por el botín que ‘reparte’ el presidente son consustanciales a un régimen que está muy lejos de ser democrático, como tanto presume. Mas parece un virrey quien, sujeto a poderes superiores, procura aprovechar las ventajas de estar en el territorio y, si a veces no puede impedir, si puede poner obstáculos formidables que pospongan indefinidamente una causa.
La prueba de lo anterior descansa en el hecho de que el fin último de la expropiación no es revalorizarla para lograr mayores ganancias si no ponerla a tiro para que Televisa lleve mano en un eventual proceso de asignación de concesiones y pueda ampliar su fuerza frente al grupo de Slim, reordenando el sector para mantener un club privilegiado que responda utilizando toda su capacidad mediática para fortalecer la alianza. Al igual que el caso Assange, en donde el pretexto es el cargo por violación en Suecia cuando el fin último es que sea juzgado en los Estados Unidos, el argumento del gobierno mexicano es que MVS pagaba muy poco por los derechos cuando que también Televisa ha recibido concesiones pagando muy debajo del precio internacional. Todos los detalles de si fue Aristegui la que causó todo o de que si el honor de un presidente estaba en juego dejan de lado el proceso en su conjunto, sobre todo después del 2000, cuando el PAN tomó Los Pinos y se empezó a reconfigurar la red de alianzas del gobierno federal con los empresarios. Insisto, el regreso del PRI no va a cambiar mucho las cosas. La pregunta persiste: ¿Qué hacer para democratizar el acceso a las comunicaciones y a la información? ¿Qué tiene que ver con la banda 2.5 Ghz?
Aquí es necesario señalar que las frecuencias y los medios son parte de un mismo problema: la tremenda desigualdad que existe entre quienes las monopolizan y quienes, incluyendo el estado, dependen de las ´virtudes’ de la libre empresa a la hora de abrir el acceso al derecho a la información, por citar uno. Hasta ahora, mientras en EEUU la banda ancha es un hecho consolidado en México seguimos con banda normal, lo que nos coloca en otra dimensión para los que usamos el ciberespacio no sólo para el entretenimiento o la comunicación y para todo usuario. Encima de esto resulta que el servicio que ofrecen los monopolios para tener acceso a Internet son, agárrese, más caros. Sí, mucho más caros. Todo el asunto con MVS está lejos de poner en cuestión la estrategia de las corporaciones que quieren ‘invertir’ en el campo de las telecomunicaciones, que no es otra que ganar dinero. Se enarbolan intereses privados ocultos detrás de intereses públicos, pero además está lejos de señalar la enorme discrecionalidad del poder presidencial para intervenir –cuando se dice y se repite que el estado no debe intervenir en la marcha de los negocios- y aunque todos pongan el grito en el cielo ninguno de ellos se está preguntando cómo evitar que el presidente en turno posea tal poder, mucho menos cómo abrir los medios y las frecuencias a la sociedad civil, a las comunidades indígenas, a las universidades y asociaciones, a los partidos y las iglesias.
Al final, la jugada de Calderón le pone en bandeja a su sucesor la repartición de la banda ancha a cambio, es de suponer, de que sus tropelías, crímenes y corruptelas queden impunes. A Peña esta decisión le cae como anillo al dedo pues le abre la posibilidad de fortalecer su alianza con Televisa iniciando el sexenio gracias a las eventuales concesiones preferenciales de la bandad 2.5Ghz a la empresa de Azcárraga Jean. Si se toma en cuenta que Calderón permitió que Televisa entrara a la telefonía gracias a su alianza comercial con Iusacell y, al mismo tiempo, le cerró el paso a la posibilidad de que Telmex de entrar a la televisión, bien se podría afirmar que el ganador de las elecciones del 2012 no fue el PRI sino el duopolio televisivo.
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