México, DF, 20 ago 12 (CIMAC).- A cinco meses de concluir la administración de Felipe Calderón, el cumplimiento de todas las disposiciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), emitida en 2009 por el femicidio de Campo Algodonero de Ciudad Juárez, son un ”desastre”, afirmó la académica Lucía Melgar Palacios.
En entrevista con Cimacnoticias la ex profesora e investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que debería ser intolerable que en este país se siga asesinando a las mujeres y también que no se haya resuelto el caso de Campo Algodonero pues ni siquiera las recomendaciones de la Corte se han podido acatar.
El 10 de diciembre de 2009 la CoIDH condenó al Estado mexicano por el feminicidio de Campo Algodonero –donde fueron encontrados los restos de ocho mujeres asesinadas en 2001– en los casos de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.
La académica refirió que a casi tres años del fallo contra nuestro país, su cumplimiento es un “desastre” y ejemplificó que madres y familiares de las víctimas se encuentran en el exilio, lejos de su país, el memorial para las víctimas aún no está terminado y las investigaciones para dar con los responsables siguen igual (sin avances).
En lo referente a la disposición del memorial para las víctimas, Melgar Palacios señaló que tampoco se ha cumplido de manera correcta ya que se creó uno que no refleja lo que señala la sentencia de la Corte y apenas ahora se está concluyendo.
Con la inauguración de un monumento y con una declaración de perdón a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez en noviembre de 2011, el gobierno federal pretendió dar por cumplida la disposición, sin embargo las madres, familiares y organizaciones no lo aceptaron.
Para la abogada especializada en violencia de género y experta en casos de feminicidio, Karla Michelle Salas, una de las resoluciones que más se ha retardado y complicado es la disposición que establece que el Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal y los que se llegasen a abrir para identificar, procesar, y en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las tres mujeres.
Cabe recordar que al respecto, la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Dylcia García Espinosa de los Monteros, anunció que expertos internacionales recomendados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, revisarían los expedientes del caso para encontrar dónde se dieron las negligencias, los extravíos de fojas y otras acciones que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas.
Según la comisionada, dicha contratación deberá contar con el aval de las familias y representantes legales de las víctimas.
Para Michelle Salas la participación de las y los expertos es importante, sin embargo destacó que falta que las autoridades estatales y federales informen que harán con los resultados de este trabajo de las personas expertas entre las que se encuentran Ruth Rubio, catedrática de Derecho Público Comparado del Instituto Universitario Europeo, especialista en reparaciones con enfoque de género, y de Patricia Viseur Sellers, especialista en violencia sexual, ex asesora jurídica y fiscal investigadora del Tribunal Penal Internacional en la ex Yugoslavia.
También se quiere el respaldo de Madeline Rees, ex representante de la Alta Comisionada en Bosnia y luego directora de la Unidad de Género en Ginebra, reconocida por su trabajo en materia de trata de personas y violencia sexual, así como del fiscal del Tribunal Supremo de España Carlos Castresana, como perito externo, quien fue denunciado por su ex esposa, la periodista Sanjuana Martínez, por violencia familiar.
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