México, DF, 21 ago 12 (CIMAC).- El gran logro de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados fue tipificar ese delito a nivel federal, aunque quedaron muchos pendientes por atender, reconoció Teresa Incháustegui, quien presidió esa instancia legislativa.
Al evaluar el trabajo de esa Comisión Especial, que desapareció el pasado 31 de julio, la diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que se debe dar continuidad a ese órgano de la Cámara baja.
En la Legislatura que está por concluir se creó por tercera ocasión la Comisión Especial de Feminicidio, luego de que el movimiento organizado de mujeres exigiera al Poder Legislativo trabajar para detener la ola de homicidios de mujeres que azota al país.
Desde 2009 Incháustegui estuvo al frente de esa instancia, que si bien no tiene facultades para legislar por su carácter de “especial”, logró trabajar con comisiones ordinarias para presentar y aprobar una iniciativa para tipificar penalmente el delito de feminicidio.
Además realizó junto con ONU Mujeres el informe “Feminicidio en México 1985-2009”, dejó también un modelo para registrar casos de mujeres desaparecidas y asesinadas, y realizó reuniones de trabajo con titulares y funcionarios de 23 procuradurías estatales.
Asimismo sentó las bases para que 30 universidades llevaran a cabo un diagnóstico sobre violencia de género, actualizó los protocolos de investigación de feminicidio, y realizó una segunda entrega del informe publicado con ONU Mujeres.
Incháustegui explicó que para esos logros fue necesario trabajar con organizaciones civiles, pero lo más difícil fue coordinarse con funcionarios que “no comprenden la magnitud del problema o no les interesa”.
Así por ejemplo, recordó la diputada federal, se establecieron compromisos con los procuradores estatales para contar con un registro de datos genéticos de mujeres desaparecidas y asesinadas en cada entidad, y tener un protocolo ministerial, pericial y policial para investigar los casos.
Sin embargo, en la mayoría de los casos los compromisos no se concretaron por los relevos de funcionarios y debido a que la Comisión Especial de Feminicidio no tenía facultad para obligar a las dependencias a cumplir su palabra.
Cabe recodar que fue justo esta Legislatura la que recibió la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por feminicidio. El 10 de diciembre de 2009 el mecanismo de la Organización de Estados Americanos condenó a México por el asesinato en 2001 de tres mujeres en el llamado Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
Aunque la Comisión Especial vigiló el cumplimiento de la sentencia, no obtuvo muchos resultados como consta en los tres informes que envió a la CoIDH.
Algo que también quedó en el tintero fue una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para facilitar la activación de la Alerta de Violencia de Género en los estados con altos índices de feminicidio.
La diputada afirmó que aunque hasta ahora ninguna legisladora electa ha mostrado interés por visibilizar los homicidios de mujeres por razones de género, no se debería desestimar este tema, pues en el ámbito nacional cada vez gana más terreno.
Ahora queda en manos de la 62 Legislatura, que asume el próximo 1 de septiembre, determinar si continúa esta Comisión y si se le da continuidad al trabajo realizado por las legisladoras salientes.
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