• Obsesión contra Aristegui
• Actores sin oficio
• Negocios bajo chantaje
Los temas centrales son dos, igual de graves. El primero se refiere a las reacciones despóticas del cesarismo sexenal mexicano que es capaz de generar libretos de terror político para desahogar enojos y caprichos del poderoso en turno, el de esta ocasión dramáticamente empecinado en disolver y castigar a una periodista, un medio de comunicación y otros negocios alternos de la familia empresarial que permitió la consumación de un presunto delito de lesa (y bebestible) majestad.
El segundo tópico es el de las relaciones de poder entre empresarios dependientes de la discrecionalidad de funcionarios públicos que manejan el erario, las concesiones (las de banda ancha) y el aparato oficial (la coordinadora de comunicación social, los secretarios del trabajo y de comunicaciones y transportes) para premiar y castigar, para censurar y difamar, para imponer términos operativos condicionados al cumplimiento de consideraciones políticas, incluso para retrasar el desarrollo tecnológico nacional y condenar a los mexicanos durante cinco años a la imposibilidad de contar de manera rápida y barata con una plataforma fundamental, la de la banda ancha y sus mejoradas vías de acceso a la información y el conocimiento.
El punto de arranque de los apasionados episodios recientes de lo que no es una radionovela rosa (el tratamiento al aire de los señalamientos de una supuesta vocación húmeda en Los Pinos) parecería menor pero ha acabado por ser sustancial, determinante, y constituirá uno de los trazos más notables del de por sí grotesco mural de la sexenalidad calderonista. El abordaje periodístico del presunto alcoholismo del ocupante de la silla presidencial no fue tratado con buen oficio político por ese poder bajo sospecha de enfermedad adictiva sino con una explosiva reacción colérica que pareciera corresponder a lo que sucede cuando se toca una fibra de verdad que el involucrado pretende negar a cualquier costo. Los diálogos y el contexto presentados ayer por Joaquín Vargas muestran una ineficacia gubernamental extrema, propia de una camarilla palaciega con alto déficit en cuanto a oficio político, solamente atenta a cumplir con ductilidad (correspondiente a su minusvalía) las órdenes descompuestas del jefe máximo de ese equipo gubernamental formado por amiguismo.
La talla política e intelectual de Calderón y su banda burocrática angosta quedan de manifiesto en esa tragicomedia con cargo al dinero y el interés públicos. También el estado alterado en el que se toman decisiones trascendentes. Los personajes operativos solamente han sido cajas de resonancia de las negativas pasiones albergadas por un jefe que hace redactar textos específicos que deben ser leídos en público por la periodista Carmen Aristegui en una especie de desagravio al tótem y de sacrificio de la irreverente en la hoguera de las disculpas impuestas a cambio de mantener viabilidad a otro negocio de los Vargas que técnicamente no tendría porque ser usado como rehén o moneda de cambio en asuntos meramente periodísticos.
El tejido de esa historia es deplorable, conforme a la reconstrucción presentada ayer por Vargas, con base en correos electrónicos y mensajes a través de Black Berry, pero también lo ha sido la respuesta inmediata de la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota (a quien había adjudicado un calificativo ofensivo la entonces candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, al hablar de maniobrerismo: "pinche Sota", dijo en una conversación telefónica interceptada y luego difundida).
Es explicable (aunque poco creativo, virtual insulto a la inteligencia colectiva) que la administración faraónica pretenda negar lo señalado por Vargas con base en palabrería insulsa. El presidente de MVS presentó un documento de la presunta disculpa exigida por Los Pinos, con añadidos de propia mano, de tal manera que un gesto genuino en busca de esclarecer las cosas podría haber consistido en anunciar el sometimiento a peritajes e investigaciones por parte de entes autónomos, para definir cuál de las partes miente.
Pero Sota, como Javier Lozano, quien ejercía una expansiva secretaría del trabajo y ahora es senador electo, han preferido refugiarse en el manejo de terminología burocrática hueca, en la desacreditación personal del mensajero adverso y en el atrincheramiento en la coartada ya instituida como pauta en medios de comunicación aliados al oficialismo: los Vargas querían pagar menos de lo que les correspondía hacer, en lo que constituiría un chantaje inaceptable para los celosos guardianes panistas de la riqueza y el interés nacionales. Es decir (según el felipismo argumenta): el conflicto no es por las presiones hechas para sacar a Aristegui del aire y doblegar uno de los contados espacios periodísticos electrónicos con credibilidad y ejercicio crítico, ni por la utilización mafiosa de las facultades discrecionales del poder pinolero para condicionar el avance de un proyecto empresarial de banda ancha a las pretensiones censoras y vengativas del jefe Calderón en una estación radiofónica, sino en la defensa heróica del pago justo por el uso de concesiones que a otros (aliados impunes, todopoderosos: Televisa y Televisión Azteca) se les mantiene en el paraíso de las gangas, suministrándoles nuevos y muy provechosos negocios.
En el fondo, como ya se ha publicado aquí, está la pelea titánica entre los empresarios alineados con el calderonismo (el duopolio televisivo: Azcárraga Jean y Salinas Pliego) y el eje formado por Carlos Slim y los Vargas, con la vista puesta en los negocios de la televisión abierta a la que no han dejado entrar al hombre más rico del mundo y de la banda ancha específicamente abordada por MVS.
Y todo por un señalamiento al aire de hechos públicos (denuncias en la Cámara de Diputados) que denunciaban la presunción de alcoholismo del ocupante en turno del poder presidencial. Señalamientos hechos en su momento incluso por el propio tutor político de FC, el claridoso Carlos Castillo Peraza, ya difunto.
Y sin embargo, ¡salud! y ¡hasta mañana! (fin).
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