La
última fase de la disputa entre el gobierno y MVS por la banda de 2.5
GHz es una mala noticia para el país. Las acusaciones son muy graves,
los adjetivos se acumulan, sobre todo en la respuesta de Los Pinos a
Joaquín Vargas: “calumniar”, “difamar”, “tergiversar”, “engañar”.
Cuando se somete a la opinión pública un juicio de credibilidad sobre
quién miente o quién dice la verdad, lo mejor es salirse de esa lógica
y analizar sobre todo los resultados de las políticas en la materia.
Algo
extraño pasa en el largo periodo de transición entre dos
administraciones, son cinco meses en donde el gobierno saliente puede
tomar decisiones complicadas y el gobierno que llegará todavía no tiene
los hilos del poder. En ese lapso Echeverría expropió tierras de riego
en Sonora, López Portillo nacionalizó la banca; con De la Madrid y
Zedillo no hubo decisiones extraordinarias, pero con Salinas tuvo lugar
el asesinato de Ruiz Massieu y días después de haber dejado el cargo
llegó el pleito por el “error de diciembre”. Fox empezó a hacer
declaraciones mucho más incoherentes de lo que acostumbraba y ahora
Calderón da un manotazo de última hora para ajustar cuentas con la
empresa MVS.
Después
de escuchar a Joaquín Vargas y ver las respuestas de las partes hay que
ir más allá de los dichos para ver los datos duros. Se puede evaluar la
política de telecomunicaciones de este gobierno y los resultados son
poco alentadores en términos de democratización de medios o de un
espectro más competido y moderno. Hay cada vez menos jugadores y los
que hay tienen mayor capacidad dominante, tanto en televisión abierta y
de paga como en telefonía, donde hay un grupo que tiene la mayoría del
mercado. Los servicios de internet y banda ancha tampoco andan muy bien
en precio-calidad. Si vemos el problema desde los organismos
reguladores hay evidencias del debilitamiento del Estado y de cómo se
ha favorecido al duopolio televisivo, hasta el grado de concederles
ahora la alianza Televisa-Iusacell. Estamos lejos de un Estado con
capacidad de regulación.
El
principal argumento del gobierno para quitarle las concesiones de la
banda de 2.5 GHz es que está subutilizada y que no se quiso pagar lo
que vale. Especialistas en el tema nos muestran de qué forma los
precios de mercado pueden variar mucho; por ejemplo, tenemos un alto
precio en Suecia, otro mediano en Brasil y uno muy bajo en Chile. Lo
que también queda claro es que los proyectos que salen del uso de esta
valiosa banda se adquieren en el contexto de una política pública
definida y de compromisos entre gobiernos y empresas para generar
acceso mayor a internet y a menor costo. ¿Se quiere potenciar la
cobertura, como en Chile, en donde el precio fue bajo o se quiere
potenciar el acceso por los compromisos deportivos de Brasil en 2014 y
2016? (Leer a Jorge Fernando Negrete, EL UNIVERSAL, 16/VIII/2012). La
oferta de Vargas era acceso a internet al doble de velocidad y a la
mitad de precio. En cualquier hipótesis esa debería ser la prioridad
del gobierno.
México
no ha tenido una política pública en comunicación masiva y
telecomunicaciones y lo que han hecho los gobiernos panistas es nadar
en el juego de los grandes intereses para beneficiarlos. El único freno
en todos estos años es la reforma electoral del 2007, que prohíbe la
compra de tiempos para fines políticos y electorales, una decisión
importante, pero no vino de la presidencia, sino del Legislativo. De la
docena panista no sale una evaluación positiva en términos de
convergencia, competencia y cobertura. No hay nuevas ofertas, más
pluralidad de contenido, certeza jurídica sobre concesiones y permisos;
tampoco un sector público de comunicaciones mejor equipado para
competir. En el caso de la telefonía celular los costos para el
consumidor siguen siendo muy altos en comparación con otros países en
donde sí hay competencia abierta y regulación eficiente. Los mexicanos
tenemos que aguantar al duopolio televisivo y a las empresas dominantes
de la telefonía. Las reglas del juego son obsoletas, la industria tiene
que cortejar al gobernante en turno y aceptar sus chantajes y éste se
mueve entre la complacencia y la discrecionalidad para regular de forma
deficiente, porque los reguladores están capturados por los regulados,
como una vez dijo un secretario de la SCT.
Con
esta decisión sobre la banda 2.5 muy pronto sabremos si vuelven a ganar
los mismos de siempre o llegan nuevos jugadores; por lo pronto, en el
litigio se perderá tiempo y mejores servicios para todos. Otra mala
noticia de este final de sexenio…
@AzizNassif
Investigador del CIESAS
Investigador del CIESAS
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