Gastón Pardo (especial para ARGENPRESS.info)
Al margen de la ley y sin la aprobación del congreso, Pemex ha comprometido ingresos futuros por exportaciones de crudo por más de 170 mil millones de dólares, que abarcan la duración del nuevo gobierno, es decir, con efectos hasta 2018, denunció la senadora del PRD Dolores Zurita.
La legisladora advirtió que la Auditoría Superior de la Federación ha recomendado a la paraestatal en marzo de 2011 “redimir anticipadamente la deuda adquirida por Pemex Finance, con el objeto de no seguir poniendo a disposición de un tercero 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior de crudo Maya y Altamira de PMI comercio Internacional SA de CV”.
Está en el ánimo de Juan José Suárez Coppel no entregar el informe detallado que le pidió la ASF del total de emisiones de deuda que han comprometido Pemex Finance y Pemex Proyect Funding Master Trust, que son sus operadores como “vehículos financieros”.
El abuso que merced a la intervención de la legisladora del PRD está a punto de hacer saltar un nuevo escándalo del que sería actor de nueva cuenta la empresa paraestatal panista, se explica por el análisis realizado por Leopoldo Mendívil en su libro de reciente aparición Secreto 1929. El libro analiza los antecedentes de la latencia de la privatización que ha pesado sobre la riqueza petrolera de México desde los años veinte, con el acompañamiento de los Tratados de Bucareli, la reacción contra esos compromisos adquiridos por el obregonismo de los revolucionarios firmantes del pacto de Agua Prieta, y la entrega a las transnacionales de los bienes del subsuelo con la expropiación de 1938.
La pugna por el control del petróleo ha sido la tónica en las relaciones bilaterales de México con nuestro vecino anglosajón y por el control de los yacimientos en el Hoyo de la Dona la administración panista del Pemex a cargo del zedillista Coppel se ha encargado de dar la espalda al impulso arrollador tendente a privatizar los recursos del subsuelo en favor de los anglosajones, pero con los pantalones abajo y agachada. Como se recordará, Coppel, el indigno director de Pemex ni siquiera sabe o dice no saber dónde se encontraba la Isla Bermeja, con cuya desaparición se corrió la zona petrolera off shore del golfo de México en favor de Estados Unidos.
El ejemplo crucial de la minería que se entrega sin restricción ni siquiera fiscal a las empresas canadienses debería ser el ejemplo del destino que esperaría a nuestros hidrocarburos si simplemente se entregan al mejor postor. Sin el control directo de la nación sobre los bienes petroleros no habrá ingresos ya no digamos los indispensables para el gasto social, sino ni siquiera para afrontar las situaciones de orden público y seguridad.
El estado nacional mexicano con Enrique Peña ahora va, aparentemente, a restablecer la ruta del nacionalismo revolucionario, que fue contaminado por el callismo y el obregonismo en la década de los veintes. En esos años en Estados Unidos las familias Bush y Kennedy eran las beneficiarias del contrabando de alcohol, la primera del de origen cubano que llegaba a Nueva Inglaterra por territorio canadiense, y la segunda lo recibía de México de las familias que controlaban los ingenios Independencia y Libertad. De tal manera, quedaron fincados los centros oligárquicos estadounidenses que controlan desde esos años, denominados los fabulosos veintes, a los dos partidos actuantes en EU y a la inteligencia del estado. México en contrapartida ni siquiera ha podido formar un contraespionaje eficaz.
Poza Rica
No queda más remedio que volver a referirnos al caso de Pemex en Poza Rica. Es en Veracruz donde el grupo zedillista pretende apoderarse a la vez de la zona del istmo de Tehuantepec y de las zonas petroleras, para lo cual ha puesto en actividad a un grupo de guardias blancas. De un ejido veracruzano nos informan de que los nuevos guardias blancas están formados por personal outsourcing, es decir, personal que no pertenece a la plantilla de Pemex pero cuya actividad se hace dentro de una oficina relacionada con la comunicación “externa” de la empresa, consistente en amenazar a los campesinos para que “se abstengan de ejercer actos de dominio” en terrenos en cuyo subsuelo hay yacimientos petroleros.
Así se prepara el terreno para que la titularidad de la tierra pase a manos de quienes la administración de la paraestatal señale.
El argumento abusivo consiste en asegurar a las futuras víctimas de la empresa que los predecesores de los actuales ocupantes firmaron contratos de compraventa en favor de Pemex, lo cual es falso en el 100 por ciento de los casos. Un intento de despojo está a la vista.
Es la misma oficina que está encargada de pagar por los daños causados en propiedades privadas por la empresa, con el antecedente de que si bien el artículo 27 constitucional da a la nación la soberanía de los bienes del subsuelo, las superficies siguen bajo el régimen de propiedad privada. Pero como se avecina una corriente privatizadora, ahora los perros guardianes del Pemex panista, las nuevas guardias blancas, invaden sin restricción y contra todo derecho las propiedades con un subsuelo rico en hidrocarburos. El caso más próximo a la ciudad de Poza Rica ha sido el lanzado por las feroces guardias blancas sobre la parcela 57 donde se encuentra uno de los pozos más productores del norte de Veracruz, el que tiene el número 260.
Es indispensable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga para proteger a las víctimas del abuso. En su propia defensa Pemex tiene dos argumentos igualmente idiotas. Dice que ha pagado suficientemente por los daños causados por la explotación petrolera a los propietarios de las superficies en que se realiza. Para ello la burocracia aplica un tabulador que es un reglamento que jamás se muestra a los afectados por los daños, ni se aclara cuál de sus partes se está aplicando en cada caso concreto de indemnización. Es decir, los burócratas aplican bestialmente un reglamento para violar la constitución, pues sólo ellos lo conocen, lo abren, lo leen y se limpian con él.
El otro argumento es decir que las empresas que están encargadas de las obras que se realizan en los terrenos privados son privadas y que sobre ellas nada pueden porque entre otras cosas no las conocen.
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