Nashieli Ramírez, directora de Ririki
Intervención Social, criticó que la reciente reforma en el estado de
Chihuahua que avala los matrimonios de niñas de 14 años, cuando haya
embarazo de por medio, pone en jaque el futuro de las menores de edad,
y atenta contra la Constitución y los acuerdos internacionales signados
por México.
En entrevista con Cimacnoticias, la activista por los derechos de la
infancia señaló que esa reforma aprobada da cuenta del desconocimiento
de las y los legisladores de ese estado sobre los compromisos que
México ha asumido en la materia, y las modificaciones constitucionales
de 2011 en materia de Derechos Humanos (DH).
El pasado 18 de octubre el Congreso de Chihuahua reformó el Código
Civil estatal para elevar la edad en la que las mujeres podrán contraer
matrimonio, pasando de 14 a 16 años, y salvo que exista embarazo se
permitirá a los 14. La iniciativa fue presentada por la diputada local
Brenda Ríos Prieto, del Partido Verde Ecologista de México.
La situación no está como para seguir
trabajando, pero volteo y veo a la demás madres que están en la misma
situación que yo, y digo ‘es que no es justo, no nos podemos quedar
calladas’. Es algo que tenemos que seguir denunciando desde donde
estemos”, afirmó la activista chihuahuense Norma Andrade.
A propósito de la elección del primer Consejo Consultivo del Mecanismo
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, Norma Andrade urgió a que las y los activistas en riesgo
cuenten con medidas de seguridad para proteger su vida e integridad
personal.
Así lo explicó la fundadora de la organización Nuestras Hijas de
Regreso a Casa, quien ha sido hostigada, amenazada y ha sufrido dos
intentos de homicidio por denunciar la desaparición y asesinato de
niñas y mujeres en Chihuahua, y por buscar justicia para Lilia
Alejandra, su hija asesinada en aquel estado en 2001.
Las mujeres migrantes centroamericanas son
utilizadas por la delincuencia organizada para la explotación sexual y
laboral en complicidad con autoridades, quienes son hasta clientes de
los prostíbulos, denunció la coordinadora general del Movimiento
Migrante Mesoamericano (MMM), Martha Sánchez Soler.
Señaló que durante las caravanas de madres migrantes que han recorrido
México en busca de familiares desaparecidos, se han encontrado pistas
de mujeres que trabajan en casas y burdeles, pero ni las autoridades
migratorias ni la policía hacen nada para rescatarlas.
“Sospechamos y tenemos varios casos confirmados que la desaparición de
mujeres está vinculada a las redes de prostitución, y lo sabemos porque
los propios vecinos declaran que las vieron, pero las autoridades se
hacen como que no saben”, explicó Sánchez.
Los usos y costumbres en las comunidades
indígenas no deben estar por encima de la ley, mucho menos en lo que se
refiere a los Derechos Humanos (DH) y derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, aseguró Adriana Patlán, coordinadora nacional de Ddeser.
Dijo: “Debemos hacer diferencias sobre los asuntos culturales y la ley,
porque a partir de eso cambiaría la política sobre las indígenas. Esta
población está desvalorizada, se le ve como una reliquia, no como
personas que tienen derechos”.
En el estado de Hidalgo, según el Consejo Estatal de Población
(Coespo), en 2010, de entre la población indígena, 110 mil 320 eran
mujeres que hablaban náhuatl y residían principalmente en los
municipios de Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y
Yahualica.
Las cifras del Coespo señalan que “el promedio de hijos nacidos vivos
de las mujeres de 15 a 49 años fue mayor entre las mujeres indígenas
que hablan náhuatl que entre las no indígenas. Las primeras registraron
2.7 hijos nacidos vivos, mientras las no-indígenas 1.9”.
El debate acerca de la incorporación de la
democracia y transparencia sindical en la reforma laboral, que hoy fue
aprobada por el Senado, es una “cortina de humo” que deja de lado el
problema “de fondo”: la disminución de derechos mediante la
contratación temporal, que perjudica sobre todo a mujeres y jóvenes.
Lo anterior lo señaló el abogado laboral Manuel Fuentes, quien refirió
que al anular la estabilidad en el empleo mediante el outsourcing
(subcontratación), y los contratos a prueba, por capacitación inicial y
por hora, merma derechos mínimos de las y los trabajadores, como el
pago de utilidades y la generación de antigüedad.
Pese a su trascendencia, el Senado se negó a modificar los artículos
relacionados con estas formas de contratación y únicamente se “centró
en la democracia y transparencia sindical, ignorando que sin protección
de los derechos individuales, los colectivos no tendrán eficacia”,
advirtió.
Luego del homicidio ayer de los activistas
agrarios Ismael Solorio, líder de El Barzón, y su esposa, Manuela
Martha Solís Contreras, en Chihuahua, activistas alertaron sobre el
riesgo en que se encuentra la defensora de Derechos Humanos (DH) Luz
Estela Castro, directora del Centro de los Derechos Humanos de las
Mujeres (Cedehm) y abogada de El Barzón en el estado.
El doble asesinato ocurre una semana después de que organizaciones
civiles exigieron una disculpa pública y un alto a la campaña de
desprestigio contra el Cedehm y activistas de El Barzón, encabezada por
funcionarios del gobierno de Chihuahua.
Regular la vida interna de los institutos y
agrupaciones políticas a través de una Ley Federal de Partidos
beneficiaría la trasparencia y la rendición de cuentas, evitaría
“compadrazgos y amiguismos”, pero sobre todo impulsaría la
participación política de las mujeres, sostiene Cecilia Tapia Mayans.
La ex aspirante a consejera electoral del Instituto Federal Electoral
(IFE) y experta en género afirma que es hora de que en México se abra
el debate sobre una Ley Federal de Partidos, como un mecanismo para
regular las prácticas partidistas y favorecer la igualdad entre mujeres
y hombres que aspiran a un cargo de elección popular.
En entrevista con Cimacnoticias, la asesora de Iniciativa SUMA
Democracia es Igualdad e integrante de la red Mujeres en Plural destaca
que varios países de America Latina y Europa cuentan con una ley
similar, para regular y dar cauce a las inconformidades al interior de
los partidos por la manera en que se procesan las decisiones.
Del 24 al 28 de septiembre pasado, 15 mujeres
guatemaltecas del pueblo indígena qeqchí testificaron ante un Juzgado
de Alto Riesgo en esta capital, como parte del primer proceso penal por
esclavitud y violación sexual durante el conflicto armado.
La acción penal tiene trascendencia histórica, no sólo por ser la
primera vez que en Guatemala se presenta en los tribunales una querella
por violencia sexual durante el conflicto armado, sino también porque
se trata del primer proceso penal por esclavitud sexual que se ventila
en un tribunal nacional. Los casos anteriores han sido presentados ante
cortes internacionales.
La violación sexual constituyó durante muchos años la dimensión oculta
de la guerra en Guatemala. Como resultado de las luchas conjuntas de
mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual, así como
organizaciones feministas y de Derechos Humanos (DH), fue posible
colocar el tema de la violación sexual ante la opinión pública y
empezar a romper el silencio por tales crímenes de lesa humanidad.
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