Tres años después de que la sobreviviente de
feminicidio Grettel R fuera acuchillada y casi asesinada por su ex
pareja, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer
el procedimiento y juzgar al agresor por tentativa de homicidio.
La Primera Sala del alto tribunal consideró que no se respetaron los
derechos de Grettel como víctima, ni se consideró que Germán Alyn
Ortega Hernández intentó asesinarla cuando con un cuchillo le cortó la
cara, el abdomen y la yugular.
Con esto la Primera Sala de la SCJN otorgó en un fallo histórico, un
amparo directo a la víctima para dejar sin efectos la sentencia por la
que se dejó en libertad al agresor, y ordenar que el Poder Judicial de
Yucatán reponga el proceso para juzgar el delito de tentativa de
homicidio.
Para que un país sea democrático y justo debe
repartir la carga del trabajo no remunerado en los hogares, que hasta
ahora recae casi de manera exclusiva en las mujeres, sostuvo María
Ángeles Durán, economista y politóloga española experta en el tema.
Durán, autora del libro “El trabajo no remunerado en la economía
global”, señaló en entrevista que para lograr la equidad al interior de
las familias se debe partir del reconocimiento de la aportación
económica del trabajo no remunerado, “que con frecuencia se supone
infinito y gratuito”.
El aporte de esta actividad debe ser valorado en los hogares y
considerado al momento de diseñar políticas públicas. Por ejemplo,
dijo, en materia de salud, cuando se aplica una vacuna a la niñez, el
sector da por hecho que habrá una persona (no profesional de la salud)
que llevará a la niña o el niño a que le apliquen la dosis que requiere.
Organizaciones por los Derechos Humanos (DH)
de las mujeres denunciaron que el proyecto de ley que crea el nuevo
Código Penal de República Dominicana, es un grave retroceso y niega
derechos fundamentales en materia de violencia de género.
En un comunicado, el Foro Feminista y organizaciones de mujeres del
país caribeño advirtieron que el proyecto, aprobado en primera lectura
el pasado 16 de octubre en la Cámara de Diputados, elimina la sanción a
la violencia contra las mujeres e impone penas a las mujeres que
aborten.
Denunciaron que en el nuevo Código Penal se identifican importantes
retrocesos respecto a la Ley 24-97 de Violencia Intrafamiliar, la cual
en 2010 instituyó como delito la violencia intrafamiliar y contra las
mujeres dentro y fuera del hogar, e incluyó por primera vez la
violación sexual entre parejas.
Aunque la 65 Legislatura logró una
representación histórica de diputadas en el Congreso del estado de
Chiapas, las mujeres, una vez más, fueron desplazadas de diferentes
comisiones legislativas.
En las principales comisiones del Poder Legislativo: Gobernación y
Puntos Constitucionales, Justicia y Hacienda, la mayoría de sus
integrantes son hombres, en cada comisión sólo hay una mujer y todas
fungen como vocales. En la Comisión de Vigilancia no hay presencia
femenina.
En la 65 Legislatura estatal hay 16 diputadas, 39 por ciento del total
de 41 curules, el mayor número en la historia del Congreso local.
El incremento obedece a las reformas a la Constitución estatal que
establecen la Ley de Paridad. En su mayoría las diputadas son de
representación proporcional (14) y sólo dos fueron electas por mayoría
relativa.
Manuela Martha Solís fue asesinada el lunes
pasado junto a su pareja Ismael Solorio, ambos militaban en el
movimiento de El Barzón defendiendo los derechos de poblaciones
afectadas por la instalación de una mina.
A partir de este crimen, los focos rojos se encendieron por la
seguridad e integridad de la abogada Lucha Castro. ¿Quién la protegerá?
¿Qué tanto el reciente Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de
Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos
logrará salvar vidas?
¿Quién defiende a las personas defensoras de Derechos Humanos? ¿Qué
instancia logrará anular la sentencia que daba Lucha Castro en febrero
pasado al recibir el Premio Internacional por parte de la Asociación
Pro Derechos Humanos de España? “Todas las mujeres mexicanas que desde
los diferentes ámbitos defienden los Derechos Humanos, muchas veces, a
costa de su propia vida”.
“Son siete años de búsqueda y no pararé hasta
saber de mi hija”. Karla Patricia Pérez, salió de Chinandega,
Nicaragua, cuando tenía 30 años. “Lo último que supe de ella fue que
estaba en Ciudad Juárez (Chihuahua), fue la última llamada que recibí,
me dijo que estaba en un hotel”.
Es el testimonio de Martha Elena Pérez, una madre de 52 años de edad
que participa en la caravana del Movimiento Migrante Mesoamericano
(MMM).
Desde 2005 cuando su hija salió con el objetivo de llegar a Estados
Unidos, ella se ha hecho cargo de tres hijos y una hija que le dejó. La
joven tiene 19 años; Jean Carlo, 16; Kevin Antonio, 12, y Dionisio
Antonio, 13 años.
Martha Elena escuchó aquí una noticia alentadora: tres personas le
dijeron que recordaron haber visto, semanas antes, a su hija en una
ciudad fronteriza del norte. “Dos hombres me dijeron ‘ella es, esa
chava es la que va todas las tardes a la plaza’. Se acercó una mujer y
dijo ‘sí, es ella’”, contó la madre de Karla.
Con la cercanía de las elecciones a
gobernador en Puerto Rico, que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre,
las integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) están, desde ahora,
demandando a los candidatos que cumplan con sus obligaciones y deudas
pendientes para con las mujeres, jóvenes y niñas portorriqueñas en
materia de derechos.
Entre las principales exigencias están el respeto de un Estado laico
que garantice libertad y bienestar a cualquier persona,
independientemente de su orientación sexual, identidad de género, clase
social, raza, nacionalidad, etnia o edad.
Cladem-Puerto Rico hace este pedido al mismo tiempo que denuncia la
interferencia de grupos religiosos fundamentalistas en asuntos de
gobierno, y la ingerencia en agencias gubernamentales como los
Departamentos de Familia, Justicia y Educación.
En una década aumentó el número de mujeres de
12 a 19 años de edad con al menos un hijo, al pasar de 7.5 a 8 por
ciento de 2000 a 2010. Las más afectadas son las adolescentes en
condiciones socioeconómicas “precarias”.
Esta realidad pone en evidencia que es preciso garantizar oportunidades
de desarrollo a esta población, se asienta en el informe “Mujeres y
Hombres en México 2011”, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Durante la última década se han registrado más de 300 mil hijas e hijos
de madres adolescentes. En 2009 ocurrieron 36.4 nacimientos por cada
mil mujeres de 12 a 19 años de edad, según el Censo de Población y
Vivienda 2010.
En el país, una de cada 4 adolescentes de 19 años de edad tiene al menos un descendiente.
Por: Gabriela Mendoza Vázquez
Cimacnoticias | México, DF.-
Penas de hasta 50 años por feminicidio en Coahuila
México.- El Congreso de Coahuila aprobó la
tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal del estado,
con penas de cárcel van de 18 a 50 años además de una multa. La reforma
al artículo 336 bis 1 estipula que se incurre en feminicidio cuando se
priva de la vida a una mujer en circunstancias en las se presenten
signos de violencia sexual, o haya lesiones degradantes, infamantes o
mutilaciones posteriores al asesinato.
El delito también se configura cuando haya antecedentes de cualquier
tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica
producidas en el ámbito familiar, o si el feminicida tuvo algún otro
tipo de relación con la víctima.
Premian a Universidad de Alcalá por su apoyo a temas de género
España.- Por su apoyo a proyectos de educación
relacionados con las mujeres, la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
en Madrid, será galardonada con el premio solidario de la asociación
independiente Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), en la
categoría de “Institución más comprometida con la mujer”.
La entrega del premio se realizará el próximo viernes durante el VI
Encuentro Solidario Internacional, que se efectuará en el hotel
Occidental Miguel Ángel, de Madrid, España.
Colombia incumple castigo a violencia sexual
Colombia.- El Estado colombiano incumple con su
obligación de investigar, castigar y prevenir los casos de violencia
sexual cometida por militares, paramilitares y la guerrilla, acusaron
Corporación Humanas y Women’s Link Worldwide al presentar un informe
sobre la violencia sexual contra la población femenina en el país
sudamericano durante el conflicto armado.
Las organizaciones civiles pidieron al comisionado para los Derechos
Humanos exhorte al gobierno colombiano a cumplir con su obligación en
virtud al derecho internacional en Derechos Humanos y derecho penal de
procesar a los responsables de ese flagelo.
El informe fue presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU).
Organizan chat para asesorar a periodistas bajo amenaza
México.- El próximo lunes 29 de octubre, el Centro de
Periodismo y Ética Pública (Cepet), en colaboración con Reporteros Sin
Fronteras y Tech-Palewi, realizará una asesoría virtual para
periodistas bajo amenaza a las 9:00 horas (tiempo del centro de México).
La iniciativa surge del proyecto Círculos de Solidaridad, que tiene
como fin disminuir el impacto de la violencia en las y los periodistas,
ofreciéndoles acompañamiento, asesoría, técnicas y estrategias para que
continúen con su labor informativa. Para entrar al chat ir a www.cepet.org/asesoria.
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